La Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) emitió un comunicado dirigido al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde le pide suspender la operación del servicio de transporte público de pasajeros porque los choferes corren el riesgo de ser infectados con Covid-19.
Hasta el momento el sector siguiendo instrucciones del Poder Ejecutivo, sobre la base de la importancia de no paralizar la economía del país, mantiene una razonable operación con todas las complicaciones que eso conlleva, demostrando el compromiso del sector para con todo el pueblo paraguayo.
Actualmente, tras la confirmación de transmisión comunitaria en el país y Considerando todas las recomendaciones internacionales, las decisiones ya tomadas por el Gobierno y entendiendo que el transporte público de pasajeros es uno de los principales factores de contagio y movilización del nuevo coronavirus, la Ucetrama se pronunció al respecto este miércoles, mediante un comunicado firmado por el presidente del gremio, Ignacio Cárdenas Doldán.
Instan respetuosamente al Presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, en consideración a la salud de todos los choferes, demás empleados, sus familias y todo el pueblo paraguayo, “Suspenda la operación del servicio de transporte público de pasajeros”.
En ese sentido, el gremio espera una respuesta positiva, donde verán los mecanismos a fin de no dejar desamparados a sus trabajadores, y poniéndose a disposición para colaborar con el Gobierno Nacional.
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GPS y controles en las calles destapan irregularidades en 38 empresas de transporte
El monitoreo satelital y las inspecciones presenciales permitieron al Viceministerio de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), detectar múltiples incumplimientos en el servicio de transporte público, lo que derivó en sanciones para 38 empresas permisionarias durante el primer semestre del año.
Las medidas forman parte del plan de fortalecimiento del control del sistema de transporte impulsado por el Gobierno, que desde el pasado 18 de mayo aplica la Resolución N.º 120/2025 para verificar, mediante tecnología GPS, que las empresas mantengan la cantidad mínima de buses exigida en circulación, especialmente durante los horarios de mayor demanda.
Control digital
El sistema de geolocalización permitió comprobar la frecuencia de los recorridos y la disponibilidad real de las unidades. Gracias a esta herramienta fueron detectadas 92 infracciones, que derivaron en multas por un total de 1.660 jornales, equivalentes a G. 185.093.320. La mayor parte de las faltas estuvo relacionada con la insuficiente cantidad de colectivos operando en las franjas horarias pico y pospico, precisamente cuando los usuarios requieren mayor cobertura del servicio.
A este resultado se suman las fiscalizaciones desarrolladas entre enero y junio en distintos puntos del país. Durante estos operativos, los inspectores constataron nuevas irregularidades que motivaron 46 sanciones aplicadas a 18 empresas, acumulando multas por 643 jornales, equivalentes a G. 71.695.786.
Deficiencias detectadas
Las verificaciones en las unidades también revelaron diversas deficiencias que afectan la calidad y la seguridad del servicio. Entre ellas figuran el deterioro del ploteado identificatorio de los buses, fallas en el funcionamiento del aire acondicionado y otras condiciones de confort para los pasajeros.
Asimismo, se detectaron conductores utilizando teléfonos celulares mientras manejaban, vehículos con problemas en el sistema de iluminación, ausencia de la póliza obligatoria de seguro y unidades circulando con las puertas abiertas.
Desde el MOPC señalaron que estos controles continuarán de manera permanente como parte de la estrategia para elevar los estándares del transporte público.
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Plantean descuento del 50 % en pasajes para pacientes con enfermedades catastróficas
En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.
La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.
De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.
Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.
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La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.
A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.
En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.
Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.
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Reforma del transporte busca atraer financiamiento bancario para renovar la flota de buses
La reforma del transporte público avanza hacia la etapa de estructuración financiera con la presentación de un modelo de negocio diseñado para facilitar la participación de la banca local en el financiamiento de la renovación y ampliación de la flota de buses.
El esquema fue presentado por el Viceministerio de Transporte (VMT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), junto con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), a la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y representantes de entidades financieras.
Durante el encuentro, el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, junto con su equipo técnico, expuso los componentes del modelo que busca generar condiciones de previsibilidad para las inversiones necesarias en la incorporación de nuevas unidades.
La propuesta contempla mecanismos vinculados al esquema de pagos, garantías, administración mediante fideicomiso, alternativas de leasing, distribución de riesgos y criterios de bancabilidad, con el objetivo de brindar mayor confianza al sector financiero.
Fideicomiso administrado por la AFD
La presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, acompañó la presentación del esquema financiero que será administrado por la institución a través de un fideicomiso.
Durante la jornada, representantes de entidades como Banco Familiar, Atlas, Itaú, Sudameris, GNB, Bancop, Interfisa, Citibank y Banco do Brasil realizaron consultas y aportes sobre los distintos componentes del modelo.
Renovación de flota como eje de la reforma
Desde el Gobierno señalaron que la reforma busca avanzar hacia un sistema de transporte que responda a las necesidades de los usuarios mediante una renovación progresiva de la flota y una mejora sostenida en la calidad del servicio.
El modelo financiero presentado apunta a generar las condiciones para que los operadores puedan acceder a nuevas unidades, con participación del sector privado y respaldo de instrumentos que reduzcan los riesgos asociados a la inversión.
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Viceministerio prepara licitación para introducir 300 buses 0 km al sistema interurbano
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, anunció que para el presente mes de julio se espera lanzar un proceso licitatorio para introducir 300 buses 0 km al sistema, en el marco de la reforma del transporte público. Según lo proyectado, el 40 % de las unidades será de propulsión eléctrica.
El alto funcionario conversó con “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970/Nación Media y destacó que días atrás se presentó un total de 90 ómnibus nuevos, de los cuales 70 son eléctricos, y que vienen a renovar y ampliar el servicio de transporte público. Continuó señalando que la intención es seguir en ese mismo sentido de mejora y lanzar la licitación en el presente mes.
Añadió que se tiene previsto introducir 300 nuevas unidades en el corredor de la avenida Mcal. López. “El corredor que vamos a licitar es el corredor de la Avenida Mcal. López; es una flota de aproximadamente 300 buses que van a incorporarse parcialmente, algunos al inicio ya del proceso”, explicó.
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Detalles
Entre otras cosas, precisó que se espera llevar adelante una “licitación conjunta”, es decir, para la adquisición de buses y operación de transportes. “Ambos van a ser licitados en el mismo acto”, citó.
Dio a conocer que dicho proceso estará abierto a nivel internacional, para empresas prestadoras del servicio de transporte público, lo que da cabida también a entes bilaterales de financiamiento. Manifestó, además, que se tiene previsto que el 40 % de las nuevas unidades sean eléctricas y el restante 60 % a combustión. “Queremos profundizar y ampliar para tener todo el sistema reformado y ampliado”, destacó.
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