Los miembros de la Corte Suprema de Justicia decidieron suspender por 15 días la totalidad de las actividades judiciales y administrativas, en el Poder Judicial ante la confirmación de cinco casos de coronavirus, en el país. Recién se retomarán las labores el próximo el 26 de marzo.
De esta manera todos los magistrados, funcionarios y profesionales del derecho no acudirán durante dos semanas al Palacio de Justicia y en todas las sede del país.
Poca cantidad de personas se observó esta mañana en sede de Sajonia ante el temor del ingreso de Covid-19. Estiman que en el lugar asisten diariamente alrededor de 12.000 personas para realizar trámites judiciales.
Ayer, la Dirección de Desarrollo de la Dirección General de Recursos Humanos estableció un protocolo para los funcionarios judiciales de todo el país que presenten síntomas de infecciones respiratorias.
Este martes se suspendieron actividades públicas y privadas durante 15 días, son las medidas drásticas que tomó el Gobierno para evitar el contagio del coronavirus, luego de la reunión de ministros desarrollado en Palacio de Gobierno. Hasta el momento son cinco los casos confirmados.
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Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
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La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
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Violencia familiar: quemó la casa de su pareja y solo fue sentenciado a donar G. 500.000
Una mujer denunció la inacción del Ministerio Público y la falta de protección que debe brindar la justicia a las víctimas de violencia familiar. Asimismo, sostuvo que está impotente debido a que es de escasos recursos y no puede contratar un abogado para poder defenderla ante un caso que considera como injusticia.
“Soy víctima de un intento de feminicidio porque mi expareja quemó mi casa cuando mis hijos estaban adentro”, dijo la señora Karen Balovier ante la situación que está atravesando, que actualmente no tiene ni donde guarecerse.
Agregó que su expareja quemó la casa estando dentro ella con sus hijos. Pese al voraz grado de violencia, el expediente solo está caratulado como violencia familiar. Sostuvo que por este motivo se siente “impotente porque no tengo recursos para poder contratar a un abogado”, indicó.
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Añadió que ya solicitó al Juzgado donde atienden su caso que se cambie la carátula de violencia familiar a intento de feminicidio, porque siente mucho miedo que su expareja vuelva y quiera hacerle algo a sus hijos o a ella, manifestó.
Asimismo, Balovier manifestó: “espero que se cambie la carátula y que sea por intento de feminicidio porque él sabía cuando quemó la casa que estábamos mis hijos y yo adentro”, puntualizó la denunciante.
Del mismo modo, la mujer criticó la resolución del juez de Ayolas, Blas Montiel, quien hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento del imputado César Ramón Villar Fretes, que en principio fue procesado por violencia familiar.
Como medida reparatoria, el magistrado dispuso que Villar Fretes realice una donación de G. 500.000, pese a que las víctimas quedaron sin un techo y con mucho miedo a que vuelvan a ser víctimas de algún tipo de agresión.
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Vecinos de Lambaré se oponen a la construcción arbitraria de una sede del Poder Judicial
Vecinos del barrio Mbachio 2 se encuentran en contra del proyecto presentado por el intendente de Lambaré y el municipio, donde pretende ceder al Poder Judicial un terreno que había sido comprado por los vecinos para convertirlo en un espacio público de esparcimiento y recreación.
“Nosotros nos enteramos a grandes rasgos el Miércoles Santo por un medio de prensa que querían dar estos terrenos que son parte de la plaza que se nos vendió de una inmobiliaria hace ya 10 años. Este lugar cuenta con muchos árboles nativos, la limpieza y el mantenimiento de esta plaza corre por cuenta de los que viven aquí, nunca hemos recibido ninguna ayuda de la municipalidad”, manifestó Marcela de Daniel, representante de la organización alto del Golf.
La misma destacó que el predio consta de 4.500 metros cuadrados y que en ellos habitan árboles nativos, además de animales silvestres que también se verían perjudicados en caso de que se dé la construcción de la sede del Poder Judicial. Así también explicó que el lugar es una zona con humedales donde no se pueden realizar edificaciones importantes.
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“El hecho de construir un Poder Judicial en medio de una zona urbana de casa de familia, que no es un lugar comercial donde no hay comercios adheridos ni nada de esas cosas, atenta contra nuestra seguridad y tranquilidad desde todo punto de vista porque acá se van a trasladar a personas imputadas, personas privadas de su libertad, prácticamente pasearlos por toda la zona”, indicó la representante de los vecinos.
Marcela de Daniel sostuvo que en ningún momento recibieron ningún tipo de notificación respecto a ningún proyecto y que cuando el intendente llegó hasta la zona con algunos concejales ahí pudieron cruzar algunas palabras. “Nos sentimos completamente agraviados y ofendidos porque nos han tratado con muchísima prepotencia y como nosotros también nos pusimos a reclamar y a cuestionar bastante, ellos empezaron a decirnos que nosotros somos personas poco colaboradoras siendo que nosotros mantenemos absolutamente todo”, finalizó.
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En dos años se presentaron casi 15.000 juicios de divorcio en todo el país
Durante los años 2022 y 2023 se presentaron un total de 14.630 juicios de divorcios a petición de parte y mutuo consentimiento, así revelan los datos dados a conocer por la Dirección de Estadística de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo a la información obtenida, durante los años 2022 y 2023 se registraron un total de 6.807 juicios de divorcio a petición de parte, lo que refiere que una sola persona tiene la intención de disolver la disolución conyugal. Mientras que en el mismo periodo se han iniciado un total de 7.823 juicios de divorcio por mutuo consentimiento, lo que implica que ambas personas decidieron separarse de común acuerdo.
Durante el año 2022 se registró un total de 3.618 juicios de divorcio a petición de una sola de las partes. Asimismo en el periodo del 2023 se presentaron 3.189 juicios.
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En el juicio de divorcio de mutuo consentimiento se fija una fecha que no pasa los 30 días una audiencia a cada parte. En la referida diligencia judicial la pareja se presentara ante el juez a ratificarse de su decisión de concluir con el matrimonio.
La única condición para que en esa audiencia se utilice el método para que la sentencia se dicte ese día es que el oficio que disuelve la sociedad conyugal haya sido previamente inscripto en los registros públicos. Así, en la diligencia separada para cada parte, también está el fiscal en lo Civil y Comercial.
La resolución judicial es notificada a las dos personas. Posteriormente se libran los oficios para que el divorcio sea inscripto en el Registro del Estado Civil de las Personas. Mientras que los juicios de divorcio a petición de parte se litigan e incluso puede durar varios años debido a que podrían estar en juego intereses de la comunidad conyugal.
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