El tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Rosana Maldonado, resolvió condenar a 13 años de cárcel a Carlos Federico León, también a 7 años a Eduardo Ramírez y a 6 años de cárcel a Víctor Ferreira tras ser encontrados culpables por tráfico de armas.
Asimismo, el colegiado tomó la resolución de absolver de culpa y pena a Alfredo Sánchez.
El fallo fue dictado por unanimidad. Los sentenciados seguirán recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
El referido juicio se inició en la feria judicial y hoy tras varias dilaciones por chicanas llegó a su fin con la condena para tres acusados.
Confirmación
Semanas atrás, la Cámara de Apelación había confirmado al Tribunal de Sentencia para que siga llevando adelante el juicio oral y público. El acusado León había recusado a los tres jueces.
En el juicio oral declararon varias personas, entre ellas los agentes especiales de la Senad, que participaron del procedimiento en el que se incautó un gran arsenal.
El Ministerio Público sostuvo desde el principio que contaba con varios elementos contra los acusados.
La investigación se inició cuando el Ministerio Público y la Senad allanaron el 9 de marzo del 2016 una vivienda ubicada en las calles J. B. Rivarola Matto y Sergio Conradi del barrio Villa Aurelia de Asunción.
En el lugar se encontraron evidencias de tráfico de armas y otros, que motivaron la imputación y posterior acusación contra las cuatro personas que enfrentaron el juicio oral y público.
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El PCC no opera desde afuera: su amenaza avanza desde adentro en Paraguay
Paraguay se convirtió en el país con mayor número de miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fuera de Brasil. El dato, revelado en un mapeo del Ministerio Público de São Paulo y divulgado de manera exclusiva por GloboNews y G1, exhibe con crudeza una realidad que lleva años en gestación: el territorio paraguayo se transformó en una pieza clave para la expansión internacional del grupo criminal más poderoso de América del Sur.
Según el reporte, 699 miembros del PCC operan en Paraguay, de los cuales 341 están en prisión y 358 en libertad.
Esta cifra representa más de un tercio de todos los integrantes de la facción criminal brasileña que se encuentran fuera del país de origen. En total, incluyendo Brasil, el PCC tiene alrededor de 40 mil miembros .
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¿Por qué Paraguay?
Paraguay comparte una frontera extensa y porosa con Brasil, posee una infraestructura penitenciaria con debilidades estructurales y se encuentra en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico hacia otros países del Cono Sur y hacia Europa.
Estos elementos, sumados a la alta permeabilidad del sistema carcelario, facilitaron que el PCC no solo se instale, sino que también crezca, reclute y consolide su influencia en territorio nacional.
El caso más crudo ocurrió en 2019, cuando una rebelión en la cárcel de San Pedro —liderada por miembros del PCC— dejó diez muertos y una docena de heridos. Fue apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: el control territorial dentro de las prisiones, que es donde la facción encuentra su mayor fuerza organizativa.
“No conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente en términos de control penitenciario que el PCC. En Paraguay sofocaron facciones locales y bautizaron ciudadanos paraguayos para integrar su estructura”, explicó el fiscal brasileño Lincoln Gakiya.
Más allá de las rejas
Lo que preocupa a investigadores de Brasil, Europa y Paraguay es que la facción ya no solo usa el país como pasaje o punto logístico, sino como base de residencia, influencia y expansión.
La operación no es solo criminal, es transnacional y económica. Incluye tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, sobornos y control en puertos, zonas rurales y terminales estratégicas.
El caso de Portugal y la mafia italiana muestra cómo el PCC aprendió a moverse en escenarios globales. El informe habla incluso de vínculos en Japón, Líbano y Serbia, con estructuras que replican el modelo de reclutamiento y control carcelario iniciado en Paraguay.
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¿Y ahora qué?
El informe del Ministerio Público paulista fue compartido con embajadas y consulados, y busca fortalecer la cooperación internacional. Para Paraguay, esto implica revisar sus sistemas penitenciarios, reforzar controles fronterizos y reconstruir sus mecanismos de inteligencia.
Pero la clave es otra: entender que la presencia del PCC no es una amenaza externa, sino una infiltración interna en marcha.
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En Aduana de Foz detienen a un paraguayo con pistola Jericho, con número raspado
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de la aduana brasileña del Puente de la Amistad detuvieron esta madrugada a un paraguayo en cuyo poder encontraron una pistola, de la marca Jericho, según informó la Secretaría de Ingresos Federales (Receita Federal), de Foz de Iguazú. “Un arma de calibre restricto y con numeración raspada durante una fiscalización”, refiere el informe divulgado.
“Durante una fiscalización de rutina, servidores de la Aduana en el Puente de la Amistad encontraron un arma que era transportada ilegalmente. La intervención se hizo con apoyo de la Policía Federal y de la Fuerza”, agrega el informe.
El arma encontrada es una Pistola Jericho, calibre 9 mm, que estaba cargada con siete municiones, lista para su uso y que estaba escondida en una bolsa de hombro, según el informe.
El conductor del vehículo inspeccionado fue detenido y trasladado a la Policía Federal de Foz de Iguazú, para las diligencias de rigor. El mismo, estaba acompañado de otros tres ocupantes, todos de nacionalidad paraguaya, quienes fueron dejados en libertad.
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El arma y las municiones estaban siendo ingresadas al Brasil de forma ilegal, constituyendo un crimen, según el reporte de la Aduana de Brasil.
“Control aduanero, vigilancia de las fronteras, combate al tráfico y al crimen organizado”, son mencionados por la Secretaría de Ingresos Federales como objetivos de las acciones en la frontera con Paraguay, entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este.
El jefe de Investigación de la Policía de Alto Paraná, comisario Javier Maldonado, refirió a La Nación/Nación Media que la Jericho “es una pistola de procedencia israelí, de mucho uso en las facciones criminales porque pueden caer al agua, al barro y seguir siendo efectivas, son más resistentes y efectivas, ante eventuales contratiempos”.
Agregó que, si bien fueron un poco desplazadas por las americanas Glock, las dos marcas son armas muy usadas por los grupos criminales.
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Operativo Dakovo: ratifican prisión de Cinthia Turró, requerida por Brasil por tráfico de armas
El juez Osmar Legal ratificó la prisión preventiva de la teniente Cinthia María Turró Braga, quien es requerida por la Justicia brasileña en el marco del operativo Dakovo, sobre tráfico internacional de armas. De esta manera, la imputada seguirá privada de libertad.
El magistrado sostuvo que la procesada está sujeta a extradición en virtud a un tratado internacional que en el ordenamiento jurídico nacional está por debajo de la Constitución y sobre leyes, decretos y ordenanzas.
La defensa de la mujer tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación tendrá que estudiar si corresponde ratificar la resolución del juez Legal.
Acusación
Los fiscales anticorrupción, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Luis Said, presentaron acusación contra seis personas investigadas en el marco del operativo “Dakovo”, que desbarató un esquema de presunto tráfico internacional de armas entre Paraguay y Brasil. El Ministerio Público peticionó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Los acusados por la Fiscalía son Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura, Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano y Victorino Gómez Paredes. En esta causa también está procesado Diego Hernán Dirisio, presidente de la firma International Auto Supply S.A.
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El Gobierno está decidido a combatir el tráfico de armas, sostiene ministro de Defensa
El ministro Óscar González afirmó que el Gobierno está comprometido en seguir realizando operativos contra el tráfico de armas y otros delitos conexos. Esto, luego de la denuncia realizada por el propio Ministerio de Defensa, respecto a la participación de policías y militares que entregaban al crimen organizado las armas que habían sido compradas por el Estado.
“Es bueno recordar que este Gobierno, desde el minuto cero demostró que está totalmente decidido a combatir el crimen organizado y el tráfico de armas. Se reglamentó la ley de armas que data del 2010, es decir, 14 años después. Es una ley muy importante. También se prohibió la importación de armas y municiones”, detalló.
El titular de la cartera de Defensa añadió que, además durante este periodo, se realizó una fuerte inversión en el sistema de monitoreo de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), el cual permite contar con un banco de datos y hacer la trazabilidad de los armamentos. Gracias a los esfuerzos que se dieron hasta el momento, ya se ha podido detectar este tipo de irregularidades que serán remitidas al Ministerio Público.
“El proceso administrativo inicial lo realiza Dimabel y es lo que se está haciendo ahora, cuando se recojan todas las evidencias, todas las pruebas, eso se va a poner a disposición del Ministerio Público a través de una denuncia formal. Estamos dando la cara, aclarando, denunciando nosotros mismos”, afirmó.
En comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el ministro indicó si bien este tipo de hechos golpean a la institución, hay una decisión de no encubrirlos y dejarlos en evidencia de modo que las instituciones de justicia castiguen si así corresponde.
“Hasta donde va la investigación, esto está encabezado por un suboficial que había sido dado de baja de la Fuerza Aérea, le daba una suma de dinero al personal militar y lo que hacía este era prestar su nombre para que se compre el armamento el cual por otros canales eran llevados hacia el Brasil hasta donde sabemos, directamente al crimen organizado”, relató.
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