Plantear la pena de muerte a peligrosos delincuentes en nuestro país se volvió una constante por parte de ciudadanos y autoridades que no dudan en pedir esta medida ante aberrantes hechos delictivos. Los casos violentos no cesan, en consecuencia la población señala que la solución es la condena a muerte para los culpables de crímenes atroces.

La discusión inició ante hechos violentos que ocurren a diario y que se cobran la vida de personas inocentes como la niña indígena encontrada muerta en alrededores de la Terminal de Ómnibus, la pequeña Naidelin que fue raptada y asesinada en Minga Guazú. Además de casos de feminicidio ocurridos en diversas partes del territorio nacional.

En la actualidad, una gran mayoría de la población pide no solo ver preso al principal sospechoso del crimen de Minga Guazú, Héctor Eduardo Martínez, sino desea que se le aplique la pena de muerte en su contra. En tanto que el abogado Jorge Vasconsellos señaló que este recurso no representaría una mejora para la sociedad.

“Hablar de pena de muerte en nuestro país es sencillamente hacer populismo. La pena de muerte está expresamente prohibida por nuestra Constitución Nacional”, expresó Vasconcellos, en contacto con 1000 AM.

Igualmente recordó que el país ha suscripto a tratados internacionales que restringen la posibilidad de su implementación. “Pretender reavivar el debate sobre la posibilidad de reimplantar la pena de muerte sencillamente es una pérdida de tiempo, absolutamente”, explicó Vasconcellos.

Sin embargo, Vasconcellos recordó que el país se rigió por este tipo de medidas en el pasado del Paraguay. "En el anterior código penal se contemplaba la pena de muerte para determinados hechos punibles, entre ellos el parricidio, asesinato u homicidio por paga”, afirmó el abogado.

Sobre el pedido de un diputado de introducir la castración química en el sistema penal señaló que podría ser implementado en casos que tengan que ver con abuso sexual. Mencionó que en Francia se intentó implementar anteriormente.

“La castración química que se ensayó en algunos países del mundo consiste en someter al individuo a inyecciones que le inhiben el líbido, impulso o deseo sexual. Puede resolver para aquellos casos que tienen connotación de abuso sexual o violaciones, pero no con hechos que tienen que ver con el caso ocurrido con la niña en el Este del país”, expresó Vasconcellos.

Este lunes, el diputado Carlos Rejala anunció que presentará un proyecto de ley que establezca penas más severas a asesinos de niños. El objetivo es establecer la castración química como una de las sanciones a las personas que hayan incurrido en casos de abuso y violencia infantil.

El legislador señaló que existe una necesidad de endurecer las penas carcelarias, por lo que previamente llevará adelante audiencias públicas, consultas con expertos y verificará experiencias en otros países, informó.

En tanto que este martes, el senador Víctor Ríos afirmó que ya tiene preparado un proyecto de Ley que establece cadena perpetua para asesinos de niños, pero primeramente deberán modificar un artículo de la Constitución Nacional.