El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senado, Basilio Núñez, confirmó que acompaña la propuesta de su colega opositor Eduardo Nakayama, que solicitará al pleno la aprobación de una auditoría interna para detectar funcionarios con títulos presuntamente irregulares y que perciben beneficios salariales dentro del Poder Legislativo.

Hace unos días, el senador Nakayama anunció que impulsará una “purga” dentro del Congreso Nacional mediante una revisión de títulos universitarios presentados por funcionarios legislativos para acceder a bonificaciones salariales.

Indicó que este trabajo se deberá realizar a través de la Dirección de Talento Humano. “Vamos a ver qué funcionarios tenemos con eventuales títulos falsos, porque aparentemente tenemos unos cuantos, que perciben bonificaciones salariales gracias a títulos presuntamente irregulares emitidos por universidades bajo cuestionamiento”, manifestó el senador Nakayama.

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Ante esta propuesta, el titular de la Cámara Alta salió al paso y expresó su apoyo a esta iniciativa a través de sus redes sociales y sostuvo que el cambio debe comenzar desde el propio Poder Legislativo. “Debemos empezar por casa: dar el ejemplo desde nuestro propio espacio para que luego sea transversal a los demás poderes del Estado. Solo así generamos un cambio real y creíble”, expresó el senador Núñez.

Esta auditoría interna apunta a una revisión para determinar si existen casos de cobro indebido dentro del Congreso y si corresponde iniciar sumarios administrativos o remitir antecedentes a otras instituciones del Estado. Los legisladores coincidieron en señalar que la revisión debe convertirse en una señal institucional para transparentar la función pública y recuperar credibilidad dentro del Congreso Nacional.

Cabe recordar que el titular del Congreso ya en diversas ocasiones ha manifestado que está a favor y acompaña cualquier medida orientada a transparentar la situación de los funcionarios públicos en general para recuperar la credibilidad institucional.

Aunque todavía no se definió cómo se ejecutará el proceso de verificación, ya que la propuesta deberá ser analizada por el plenario o, cuanto menos, por los miembros de la Mesa Directiva. A fin de definir qué organismos auditarán los documentos, ya que se plantea la necesidad de cruzar datos entre el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y las universidades involucradas.

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Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titular del Congreso, senador Basilio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos.

El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de eliminar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron planteando algunas modificaciones. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.

Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestionamientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.

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Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recursos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, mencionaron ante el pleno un estimado que rondaría los USD 1.200.000.

Al respecto, el senador Natalicio Chase mencionó que se suprimirán estas bonificaciones, durante el ejercicio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política; que serían, legisladores, presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla, como titular de la Comisión de Cuentas y Control, resaltó que aprobar este proyecto representa una clara señal de que están dispuestos a aplicar políticas de racionalización en el uso de los recursos, “buscando atender necesidades que demanda la población y quedamos cortos porque no previmos a todas las instituciones”, explicó.

“Esto significará un simbolismo de apostar a la racionalización que es necesaria y que estoy seguro que la gente sabrá valorar en su real dimención y que sabrá reconocer”, acotó Amarilla.

A su turno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez comenzó señalando que todos los aumentos que se han otorgado en el Senado se han hecho de manera transparente, desmintiendo de esa forma portada de noticas que mencionaba supuestos encubrimientos.

No obstante, a raíz del planteamiento que sugió del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de una “economía de guerra”, es que personalmente y con el apoyo de varios de sus colegas han tomado la decisión de dejar sin efecto las bonificaciones que estaban previstas para el ejecicio fiscal 2026.

“Presentamos esta iniciativa legislativa, porque creemos que es un gesto del Congreso, así como las modificaciones que se plantean y espero el acompañamiento de la plenaria”, acotó.

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Los beneficios por responsabilidad en cargos públicos, en la mira del proyecto presentado al Congreso por su titular, Basilio Núñez.

En el marco de la apli­cación de una “econo­mía de guerra” en la Administración Central, anunciada desde el Minis­terio de Economía y Finan­zas (MEF), el titular del Congreso Nacional, el sena­dor Basilio Núñez, anunció la presentación de un pro­yecto de ley para la elimina­ción de bonificaciones en el cargo en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legisla­tivo y Judicial.

“Las bonificaciones están previstas desde el 2018, pero en una economía de guerra como lo mencionó el ministro Carlos Fernán­dez Valdovinos, el esfuerzo debe empezar por la diri­gencia política, los ordena­dores de gastos; es por eso que, junto con otros colegas, vamos a impulsar un pro­yecto de ley para la elimi­nación de este tipo de asig­naciones en los tres poderes del Estado para los funcio­narios que ocupen cargos de conducción política”, indicó ayer lunes en una conferen­cia de prensa.

Detalló que la medida de supresión del pago de boni­ficaciones abarcará el ejer­cicio fiscal de 2026.

“Vamos a ajustarnos nosotros los cinturones y esperamos que también los otros poderes del Estado. Esto afectará por ejem­plo a los senadores, diputados, gobernadores, el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Ejecutivo, miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, presidentes y miembros de directorio de entidades finan­cieras, procurador, ministros de la Corte Suprema de Justi­cia”, indicó.

Núñez señaló que la lista sigue con el “fiscal general del Estado, defensor del pueblo, defensor síndico, ministros de la Justi­cia Electoral, contralor gene­ral de la República y presiden­tes de entes”. El parlamentario sostuvo que conversarán con el titular de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, para que el monto ahorrado vaya destinado a sectores sociales y al pago de deudas”.

Por otra parte, Núñez informó que tomó la decisión de renun­ciar a las bonificaciones de representación hasta finalizar su mandato en el 2028. A través de las asignaciones, su salario ascendía a aproximadamente G. 63 millones mensuales.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, sostuvo que el análisis del recorte de las bonificaciones por representatividad ya se viene analizando desde la semana pasada. Indicó además que el propio presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, realizó esta propuesta y presentó el proyecto de ley este lunes.

“Es una iniciativa que estuvimos hablando la semana pasada con el presidente, una iniciativa impulsada por el presidente mismo, yo creo que en una economía de guerra tenemos que comenzar por ajustar de esa forma los cinturones. Nosotros escuchamos su propuesta y vamos a acompañar también”, dijo a los medios de comunicación.

Agregó que la iniciativa “comenzó cuando el ministro declaró economía de guerra y vieron dónde se podía aplicar. Hay todavía muchos ajustes por hacerse, vamos a ver si el ministro de Economía los presenta”.

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Por otra parte, aclaró que el cobro de bonificación por responsabilidad en el cargo, que tienen todos los funcionarios que son ordenadores de gastos, está establecido en el Presupuesto General de Gastos (PGN).

“Es un cobro que corresponde a la responsabilidad, ahora bien, cuando hay un ajuste general del Estado, como en este caso, para poder salvar los compromisos financieros que tiene el Estado, se puede analizar puntualmente, no en general”, detalló Chase.

La aclaración del senador se da en el contexto de los cuestionamientos hacia el senador Basilio Núñez. “Dentro de la ley del presupuesto, no es que el presidente se auto aumentó su salario, sino que eso estaba previsto. El ordenador de gasto del Congreso tiene una bonificación por responsabilidad, como tienen todos los ministros y todos los funcionarios públicos”, apuntó.

El diputado Jorge Ávalos Mariño aseveró que los gastos de representación hacen al cargo y que en este caso se debe analizar la eliminación, no solo del Congreso sino también de los tres poderes del Estado.

“Yo creo que la situación amerita un estudio, pero bien profundo de muchos beneficios, no solamente en el Congreso, sino en los tres poderes del Estado. Hay beneficios excesivos, que dada la realidad del país no se justifican. Se tienen que hacer los ajustes en todas las instituciones por igual”, expresó.

Señaló además que está de acuerdo con abrir este debate. “Yo celebro esta posibilidad de revisar y por supuesto hacer todos los ajustes que ameriten por la realidad que estamos viviendo”, sentenció.

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