A través de un comunicado, la Itaipú Binacional – Paraguay afirmó que “el empleado Pedro Fiore no cuenta con antecedentes que lo incriminen en supuestos hechos de coima.”
El mensaje de la Binacional sale así al paso de publicaciones periodísticas que sugerían la supuesta participación del citado Fiore en hechos de presunto cohecho pasivo.
La aclaración de Itaipú señala también que Fiore “ni ha sido investigado o sumariado por causa alguna.”
“El audio al cual hacen referencia algunos medios de prensa corresponde a una supuesta grabación que no incrimina al citado empleado; más bien, fue él quien recibió la denuncia verbal de otra persona, razón por la que en su momento la ITAIPU dio apertura a un sumario innominado para averiguar el caso”, amplia la aclaración.
Apunta igualmente que “Fiore brindó toda la información referente al caso y en ningún momento hubo elementos que pudieran incriminarle.”
“Fiore es un empleado de carrera dentro de la ITAIPU Binacional, con 29 años de antigüedad, y ocupó puestos gerenciales en la Dirección Financiera y en la Dirección Administrativa Ejecutiva”, finaliza el mensaje de la Itaipú.
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Operativo fiscal: detuvieron a una mujer en un shopping y allanaron juzgado de San Lorenzo
El Ministerio Público informó sobre un procedimiento realizado en el marco de una investigación por presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado. El operativo derivó en la detención de una mujer, tras una entrega vigilada de dinero en el estacionamiento de un conocido shopping en la ciudad de San Lorenzo, seguido de un allanamiento en el juzgado penal de Garantías de dicha ciudad.
La intervención estuvo a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, de la Unidad Especializada Anticorrupción, con el acompañamiento de personal de la Policía Nacional. La causa se originó a partir de una denuncia que señalaba la supuesta solicitud de dinero por parte de una funcionaria judicial, quien habría ofrecido intermediar para la obtención de medidas sustitutivas a la prisión a favor de una persona procesada en una causa penal.
De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento incluyó la coordinación de una entrega vigilada de dinero, diligencia que permitió la detención de la sospechosa. En prosecución de las averiguaciones, se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la sección Estadística y de la secretaría del juzgado penal de Garantías n.º 1 de la jurisdicción de San Lorenzo, en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado penal de Garantías especializado en delitos económicos del primer turno.
Durante el operativo se incautaron documentos originales, copias certificadas y dispositivos de almacenamiento con información relevante para el esclarecimiento del hecho. Asimismo, se autorizó la extracción de datos de equipos informáticos para profundizar el análisis de los elementos colectados. El Ministerio Público prosigue con las diligencias para determinar la participación de otras personas y esclarecer plenamente las circunstancias del caso.
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JEM retiró los fueros a fiscala imputada por coima en caso feminicidio de María Fernanda
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) retiró los fueros a la agente fiscal de Coronel Oviedo, Gloria Mabel Rojas, para que la misma pueda enfrentar el proceso penal que tiene por cohecho pasivo agravado o pedido de coima en el caso en el que se investiga el feminicidio de María Fernanda.
El órgano juzgador de magistrados solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en sus funciones de la mencionada agente fiscal.
El actual presidente del JEM, César Garay, indicó que por oficio número 368 del 15 de diciembre, el juez penal de Garantías, Humberto Otazu, informó lo resuelto por providencia de la misma fecha, dictada en la causa caratulada “Juan Carlos Bedolla Fleitas s/ tráfico de influencias” por la que remitió los antecedentes al JEM.
En dicho oficio se indica que la agente fiscal Silvia González Lester fue quien peticionó al juez de la causa que comunique al Jurado la imputación por cohecho pasivo agravado.
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“En el acta de imputación se señalan suficientes elementos de sospechas, declaraciones testimoniales, videos, incluso copias autenticadas de billetes que sustentan la presunta participación de la imputada en el hecho punible de cohecho pasivo agravado”, manifestó el presidente del órgano, César Garay.
Ahora el juez Otazú podrá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si la imputada será beneficiada con medidas alternativas a la prisión.
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Imputan a fiscal por pedir coima para beneficiar a un procesado por abuso sexual
La fiscal Verónica Valdez, presentó imputación contra su colega de la zona de Alberdi, Rubén Riveros, por cohecho pasivo agravado, ante un presunto pedido de G. 120 millones que habría pedido el agente fiscal imputado para beneficiar a un procesado por supuesto abuso sexual en niños que estaba con prisión preventiva.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el juez penal de Alberdi, Shiler Regis Coronel, quien dio aviso de un posible pedido de dinero a cambio de beneficios judiciales.
De acuerdo al relato de la víctima, A.R.P., esposa del procesado A.C.O., el abogado Méndez Vera le habría solicitado dinero con la promesa de gestionar ante el fiscal Riveros Medina la liberación de su marido, acusado de abuso sexual en niños.
El primer pedido habría sido de Gs. 5.000.000 por “unos papeles”, seguido de una suma de Gs. 10.000.000 para conseguir el arresto domiciliario. Posteriormente, Méndez exigió un pago total de Gs. 120.000.000, en dos entregas, para “asegurar la libertad” del acusado.
La investigación logró documentar entregas de dinero y reuniones entre los involucrados, incluyendo una cita en la Fiscalía Zonal de Alberdi el 02 de octubre del 2025, donde se habría concretado una “entrega vigilada” bajo control del Ministerio Público.
Durante el procedimiento posterior, se allanó la vivienda del abogado Méndez Vera, hallándose una bolsa roja con Gs. 15.000.000 dentro de su vehículo y Gs. 5.000.000 adicionales en un ropero, sumas que coincidieron con los billetes previamente fotocopiados y autenticados por orden judicial.
Las grabaciones obtenidas por el Ministerio Público evidenciarían conversaciones donde el fiscal Riveros Medina y el abogado Méndez Vera coordinaban los montos y las condiciones del pago. En una de ellas, el fiscal habría dicho a la mujer: “Esto es una jugada técnica, no un capricho. Se busca ganar tiempo. Pídele tiempo al tiempo, que el tiempo te dará”.
La imputación describe un esquema de corrupción judicial en el que el abogado Luis Méndez habría actuado como intermediario, recibiendo dinero en nombre del fiscal Riveros, a cambio de “gestionar” beneficios procesales.
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Ratifican condena de 3 años de cárcel del exministro de la Corte
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de casación de las defensas y dejó firme la sentencia condenatoria de 3 años de cárcel para el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, por cohecho pasivo agravado. De acuerdo al fallo judicial se probó durante el juicio que el exalto magistrado pidió la suma USD 50.000 como adelanto para fallar a favor de una empresa en el marco de un juicio civil.
También se ratificó la pena de 2 años 6 meses de cárcel para el funcionario judicial Rafael Ramírez. La resolución de la sala penal de la Corte fue firmada por Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y José Waldir Servín, quienes integraron la Corte ante la inhibición de los ministros.
Antecedentes
Según los antecedentes del caso, en el marco del juicio oral y público, la Fiscalía pidió una condena de seis años de cárcel para el exmiembro de la máxima instancia judicial, por el delito de cohecho pasivo agravado (coima) y cuatro años de pena privativa de libertad para su entonces asistente Ramírez Doldán, quien habría fungido de intermediario para concretar el supuesto tráfico de influencia.
El fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, fundamentó su petitorio afirmando que se ha demostrado que efectivamente Bajac ha pedido dinero a cambio de una contraprestación, por lo que se había concretado un lucro indebido. En tanto sobre el caso del facilitador judicial, el agente del Ministerio Público fundamentó que el mismo actuó con dolo, al mencionar que en un audio se le oye solicitando dinero al denunciante Felipe Nery Páez.