Los abogados Julio Godoy y Aldo Gavilán, representantes legales de la firma Americana, denunciaron que la Policía Nacional se quiso prestar a un desalojo ilegal con una orden judicial dudosa firmada por la jueza Josefina Gunsett de Katueté, departamento de Canindeyú.

De acuerdo a la denuncia realizada por los abogados, la citada magistrada hizo lugar a una orden de desalojo a favor de Gissella Peters, situación totalmente irregular atendiendo a que los representantes de la estancia Americana cuentan con todas las documentaciones que avalan y reconocen la posesión del inmueble a favor de Leandro Camargo, dejando sin efecto la resolución de la magistrada Gunsett.

El intento de desalojo movilizó a más de 300 agentes policiales que se trasladaron directamente desde Asunción para tratar de lograr su fin, pero al llegar al establecimiento se encontraron con los abogados de la estancia Americana, quienes exhibieron la orden judicial que reconoce la posesión a favor de Camargo, por lo que no se realizó el desalojo.

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Godoy manifestó que “con este desenlace hoy la mafia judicial ha perdido, porque cuando se actúa al margen de la ley y de manera apresurada siempre sale mal, no existe el crimen perfecto”.

El abogado aseguró que seguirán atentos para evitar nuevos atropellos, recalcando que las comunidades y familias que habitan el lugar solo quieren trabajar en paz.

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El intendente de la ciudad de Asunción, Luis Bello, mantuvo una reunión con vecinos del barrio Itá Pytã Punta y decidió suspender la orden de desalojo. Se había notificado a 22 familias para una evacuación porque se verían afectadas ante el posible derrumbe en el mirador.

Los concejales, el intendente Luis Bello y los representantes de la comisión vecinal Itá Pytã Punta mantuvieron una reunión ayer viernes para poder dar una solución a la problemática. Los pobladores manifestaron que la orden era de desalojo y no de reubicación, lo que dejaba en la calle a 22 familias.

Atendiendo a la situación, el jefe comunal decidió suspender la orden, que buscaba sacar a las personas de inminente peligro y encontrar una solución al problema por la que están pasando. Por el momento, estos pobladores van a permanecer en sus viviendas.

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La mesa de trabajo seguirá habilitada para seguir con las negociaciones y también recibir los reclamos como la propuestas de los vecinos de la zona. Varias de las viviendas ya cuentan con titulación y entre los pedidos está la reubicación como indemnización para los afectados.

El pasado miércoles, 27 de agosto, un oficial de Justicia se presentó para ejecutar la orden de evacuar a más de 20 familias afectadas ante el peligro de derrumbe del mirador de Itá Pytã Punta. La orden fue dada por la Municipalidad de Asunción tras el desmoronamiento en la zona del mirador, posterior a intensas lluvias.

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Don Ángel Giménez, uno de los históricos líderes campesinos, miembro fundador de la Organización Nacional Campesina (ONAC) y fundador de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), culminó su gestión como representante de los campesinos ante la Junta Asesora del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), destacando los importantes avances en la titulación de tierras como nunca antes se vio.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que tras cumplir su mandato de dos periodos (10 años), se está retirando del escenario de discusión que es la Junta Asesora del Indert. Señaló que le ha tocado ver de cerca los difíciles años que ha sobrepasado la institución rural.

“Desde un principio fue una cosa muy delicada, en el sentido de que hubo mucha corrupción en el Indert. Como se sabe, varios de nuestros expresidentes fueron llevados presos en su momento. Gracias a Dios y seguramente a mi actividad también no me marcó esa parte de la mala gestión de esa gente", recordó.

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No obstante, señaló que con la actual administración a cargo del presidente Francisco Ruíz Díaz, están trabajando muy bien, aplicando el método de Barrido Predial Masivo, mediante la autorización de la Corte Suprema con una orden especial que le llaman “Acordada”. Permitiendo acelerar el trabajo en la entrega de los títulos de propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, como nunca antes se vio.

“Resulta ser que el Indert acumuló demasiadas tierras en su poder por muchos años, y no transfería a sus dueños legítimos que son los beneficiarios de la reforma agraria. A tal punto que llegó hasta 10 millones de hectáreas teniendo como propietario el Indert. Actualmente, este gobierno tomó como una política de transferir esas tierras a sus dueños, lo que considero demasiado bueno, lo que está haciendo el actual gobierno del presidente Santiago Peña”, resaltó.

Remarcó que es muy grande la diferencia, de entregar 900 títulos al año; para pasar a entregar más de 10.000 títulos en solo dos años. Señaló que el Indert cuenta con varias facetas, una es la entrega de títulos de propiedad, lo que sirve de base para el desarrollo de la comunidad.

Mencionó que luego viene la cuestión del arraigo de la comunidad, y esto se logra mediante la gestión apertura de caminos, contar con escuelas, puesto de salud, agua potable. “Pero muchas veces las instituciones que son más directamente responsables de esas áreas no pueden avanzar, por la falta de títulos y otras cosas”, señaló.

No obstante, remarcó, que, si bien se están avanzando en la titulación de las tierras de muchas comunidades, aún faltan otras que necesitan un poco más de impulso. Puso, por ejemplo, que son 1.600 colonias y de esas, más o menos 600 colonias no tiene agua potable y el INDER no tiene fondo para eso.

Don Giménez resaltó que se siente muy satisfecho como dirigente campesino, ahora que cierra su ciclo como representante ante la Junta Asesora del Indert. Señaló que en todo momento estuvo acompañando muy de cerca todas las situaciones que se fueron dando con sus compañeros campesinos.

“Cuando hay conflicto hay que buscarles una salida a los conflictos; los problemas son permanentes en el Indert; ya que es una cueva de problemas. La tierra es todo un interés y cada uno quiere llevar agua a su molino”, expresó.

Destacó que su gestión como líder ha sido siempre mediar ante los diferentes gremios sea esta la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), o los representantes de las gobernaciones, los representantes de la municipalidad.

“Con todo hemos tratado siempre de buscar una salida decorosa a los intereses de los compatriotas. Cuando hay conflicto hay que buscarle una salida ya sea con los interesados por la tierra; o con el dueño de la tierra”, acotó.

Finalmente, don Giménez dedicó unas palabras a sus compañeros campesinos, sobre todo a aquellos “sin tierra”; y es que se organicen, que busquen lugares donde se puedan asentar; aclarando que no se refiere a que invadan tierras, sino que a buscar opciones donde puedan con la ayuda del Estado, adquirir las tierras para establecer su comunidad.

“No estoy incitando a que se ocupe la propiedad privada; si no que se busquen tierras cuyos dueños quienes quieran vender. De tal modo a poder plantear algo concreto al Estado. Si no pedimos, nadie va a saber qué estamos necesitando. Pero también, no debe parar la titulación. Hay que titular, porque esa es la base del desarrollo de la ciudadanía”, concluyó.

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Protegidos por las sombras de la noche, un grupo de supuestos representantes de víctimas de la dictadura decidió manifestarse frente a la vivienda del defensor del Pueblo, Rafael Ávila.

Lo que comenzó como una protesta pacífica en pocos minutos de transformó en una violenta manifestación, cuyas imágenes lapidarias quedaron registradas mediante el circuito cerrado instalado frente a la casa particular.

Tras reunirse y detonar bombas pirotécnicas sin importar que pudieran dañar incluso a los vehículos que transitaban por enfrente, los agresivos asistentes también arrojaron objetos contundentes que cayeron dentro de la propiedad del defensor, poniendo en peligro a los residentes del local.

Las bombas dieron paso a palos y piedras arrojadas con fuerza contra la vivienda.

Según informaciones recabadas, uno de los protagonistas de la agresiva jornada fue supuestamente el secretario de la organización, un abogado que representaría los intereses de los familiares de víctimas de la dictadura.