La abogada Lilian Carolina Musso, productora de soja de la zona de Caaguazú, denunció un presunto robo agravado registrado en una propiedad rural ubicada en la compañía Bella Vista, Yhú, del quinto departamento.

La denunciante teme por su vida pese a contar con medidas de protección judicial vigentes y ratificadas por la justicia, al tiempo de cuestionar la falta de acción por parte de la policía durante el incidente ocurrido en la víspera.

En efecto, la abogada Musso denunció un presunto hecho de robo agravado, y hostigamiento en la propiedad rural, ubicada a unos 500 metros de su domicilio, donde mantiene un cultivo de soja en etapa de cosecha.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el hecho ocurrió cuando se disponía a iniciar la cosecha en la finca, que —afirma— explota desde hace aproximadamente 10 años, aunque reside en el lugar desde hace 17 años.

Musso indicó que, en horas de la mañana del pasado martes 10 de febrero, se presentó en el predio Fátima Gertrudis Núñez de Lichi, hermana de su expareja el ya fallecido Ing. Eduardo Núñéz, quien habría intentado desalojar al personal contratado para la cosecha, alegando supuestos derechos de administración sobre el inmueble.

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Ante la tensión, la denunciante decidió retirar temporalmente las máquinas para evitar enfrentamientos y proteger a los trabajadores. Sin embargo, alrededor de las 17:00, un grupo de personas habría ingresado nuevamente al predio con una máquina cosechadora y un camión, procediendo —según la denuncia— a levantar parte de la producción.

La profesional afirmó que los supuestos autores estaban acompañados de guardias privados, algunos de ellos armados y con el rostro cubierto, lo que generó un clima de intimidación en el lugar.

La señora Musso habría solicitado en horas de la mañana del pasado martes 10 al personal contratado que detenga las tareas, alegando supuestos derechos administrativos sobre la propiedad, a lo que Musso accedió para no exponer a sus trabajadores. Luego, en horas de la tarde, se habría producido el ingreso de una máquina cosechadora y un camión para levantar parte de la producción.

Musso señaló en horas de la noche se apersonó en el lugar de la plantación de soja y ante el reclamo que la producción es de ella entonces los operadores de la cosechadora procedieron a entregar parte de la soja descargando en bolsas tipo “big bag” de aproximadamente 1.000 kilos, material que habría quedado registrado en el circuito de imágenes (videos).

Dijo que al menos esa cantidad fue recuperada tras su intervención, pero manifestó no poder cuantificar con precisión el volumen que habría sido transportado previamente en un camión que abandonó el lugar.

“Considero que fue prácticamente un robo agravado en flagrancia”, sostuvo, aunque reconoció que aún no cuenta con una estimación oficial de las pérdidas, dado que la cosecha se encontraba en pleno desarrollo.

La afectada formalizó la denuncia en horas de la noche y afirmó contar con medidas de protección dictadas por el Juzgado de Paz, en el marco de la legislación sobre protección integral contra toda forma de violencia hacia la mujer.

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Estas medidas fueron recientemente ratificadas e incluso ampliadas, luego de que la contraparte intentara su levantamiento. Asimismo, mencionó que existe disposición para que efectivos policiales acudan a su llamado y realicen patrullas preventivas en la zona, situación que —según su versión— no se habría cumplido en la fecha del incidente.

Musso también señaló que existe un proceso sucesorio y controversias de índole civil vinculadas al inmueble, subrayando que cualquier disputa sobre la titularidad debe dirimirse en la vía correspondiente y no mediante acciones de hecho.

La denunciante identificó como presuntos involucrados a Fátima Gertrudis Núñez de Lich, José Federico Núñez Morínigo y Antonio Lichi Battilana, quienes —según afirmó— habrían actuado de manera reiterada en episodios de hostigamiento.

Indicó además que la contraparte habría presentado una denuncia ante el Ministerio Público alegando la presencia de un supuesto invasor en el predio. No obstante, sostuvo que la Fiscalía se habría retirado del lugar tras verificar la situación, sin impartir nuevas instrucciones.

Hasta el momento, no se cuenta con una versión oficial de las personas mencionadas ni de la representación fiscal interviniente.

Actualmente, el ambiente en la zona continúa siendo tenso, debido a la presencia constante de guardias privados que —según dijo— realizan tareas de vigilancia y registro audiovisual de sus movimientos y del personal que trabaja en la finca.

Finalmente, solicitó plenas y efectivas garantías para el ejercicio de sus derechos y expresó su preocupación por hechos recientes de violencia rural registrados en el país, aludiendo al reciente caso de doble homicidio de productores en la zona de Corpus Christi.

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