La vocera de los ciudadanos indignados, Liz Rodríguez, comentó que se trata de un logro la renuncia de Óscar González Daher de su cargo en la Cámara Alta. Afirmó que existen muchos políticos que continúan en la mira para las próximas movilizaciones contra quienes fueron procesados por la Justicia.
La ciudadana refirió que sobre el próximo parlamentario con causa judicial que sería “escrachado” podrían ser Víctor Bogado, Enzo Cardozo, Javier Zacarías Irún, Carlos Portillo, entre otros políticos. La mujer comentó que cuentan una estrategia determinada para las protestas que se realizan.
“Nosotros tenemos bien planeado cómo organizarnos, fue todo sin llamar la tención y sin dar muchas informaciones”, sentenció la manifestante", expresó Rodríguez, en contacto con 1000 AM.
Esta mañana, senadores de Honor Colorado entregaron la renuncia de González Daher a la presidencia del Congreso para que sea tratada y aprobada para quedar a disposición de la Justicia por sus causas pendientes.
"Esta gente ya no va a hacer nada, ya no tienen el poder porque el jefe ya cayó. Nadie va a votar por él. Ese tipo nunca más va a entrar en la política” , expresó Ana Insfrán, en contacto con la 780 AM.
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
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Tren de Molienda: cañicultores llegan a un acuerdo con el Gobierno, movilización será levantada esta tarde
El director de gabinete de Petróleos Paraguayos (Petropar), Adalberto Acuña, confirmó a La Nación/Nación Media que los cañicultores aceptaron formalmente el acuerdo que ofrece el Gobierno para dar una solución definitiva para la construcción del nuevo tren de molienda de la petrolera, en la ciudad de Mauricio José Troche.
“Me acaban de llamar para confirmar que el acuerdo ya fue aceptado y la movilización de los cañicultores estaría siendo levantada esta misma tarde, previo a la firma”, precisó Adalberto Acuña a La Nación. Detalló que la firma del documento se realizará en presencia de todas las partes.
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Ahora, disponen de 30 días para presentar un nuevo proyecto con un mejor enfoque, más integrado que el que se había presentado anteriormente. Núñez precisó que ya se conformó una fuerza de trabajo en la zona y deben presentarla al Poder Ejecutivo y a los caficultores.
“La idea es aprovechar todo lo que ya se pueda utilizar, y justamente por eso se conformó esta fuerza de tarea. Vamos a conversar con profesionales del sector y la intención es que el nuevo proyecto sea más económico. También hay que asegurar que la inversión tenga retorno: no sirve de nada hacer una inversión tan grande si al final no se puede utilizar toda la capacidad instalada”, indicó.
Conversaciones
Ayer, el presidente de la República, Santiago Peña acompañado del vicepresidente Pedro Alliana y ministros del Ejecutivo habló por más de dos horas para dar soluciones a los problemas planteados por los cañicultores.
Según comunicó el presidente de Petropar, Eddie Jara, el actual proyecto de tren de molienda tiene problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos.
En junio del 2023, la petrolera estatal inició la construcción de un nuevo tren de molienda en su planta alcoholera de Mauricio José Troche, con el que buscaba aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.
Cabe recordar que el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez invirtió cerca de USD 28 millones para realizar una planta alcoholera en José Troche, pero hubo inconvenientes en el proceso de construcción.
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Gobierno dará enfoque integral para resolver inquietudes planteadas por pueblos indígenas
El Gobierno llegó a un acuerdo con las comunidades indígenas y de esta forma, se levantaron las movilizaciones. El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, mencionó que las diferentes instituciones que forman parte del Gabinete Social darán su apoyo para dar solución a los reclamos de los pueblos originarios.
“Hemos resuelto con el vicepresidente Pedro Alliana y con los demás compañeros abordar este problema desde la plataforma del Gabinete Social, desde las mesas de protección social. En ese sentido, nos reunimos con 7 líderes que representaban a sus pares, hicimos una reunión amplia donde estuvieron representantes de varias instituciones, porque hay una variedad de problemáticas”, explicó.
En contacto con “Arriba Hoy”, programa emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el secretario de Estado explicó que la forma en que debe ser abordada esta problemática es desde una perspectiva integral, y que teniendo en cuenta este parámetro, el presidente en ejercicio convocó a las instituciones que forman parte del Gabinete Social y también a las comunidades indígenas.
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“Este problema es una constante, pero se agudizó el pasado 22 de abril con la presencia de alrededor de 30 comunidades indígenas, con unas 800 personas, de las cuales 240 aproximadamente eran niños”, señaló Gutiérrez, quien indicó que el Gabinete tomó nota de todos los reclamos y a partir de esto se adoptó la decisión de elaborar un plan de trabajo.
El acuerdo contempla que representantes del Gabinete Social estarán en las comunidades indígenas desde la próxima semana. “Lo ideal es que sus problemas se resuelvan en sus comunidades y evitar que vengan acá a producirse los reclamos”, expuso agregando que el encargado de recoger cada uuna de las necesidades será el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
“Vamos a estar en terreno a partir de la semana que viene, seguramente vamos a estar llegando a tres comunidades por semana hasta llegar a todos. Hay muchos problemas de tierra, escuelas que necesitan mejoras, hablaron de temas de salud, proyectos productivos, acceso a energía eléctrica, agua, caminos, asistencia en alimentos, protección contra situaciones de explotación, le vamos a pasar un mapeo de centros de primera infancia que van a estar cerca de ellos”, indicó el ministro Gutiérrez.
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Ortega descarta renunciar a su banca en Diputados para hacer proselitismo
La diputada del Partido País Solidario (PPS), Johanna Ortega, adelantó que no renunciará a su banca en la Cámara Baja y esto pese a que ya confirmó sus pretensiones electorales de apuntar a la intendencia de Asunción. La legisladora es criticada ya que hoy asume una posición que fue cuestionada de su parte en el periodo anterior.
“La renuncia es exagerada. Yo pediría permiso, que asuma el suplente y me dedicaría a hacer campaña 100 por ciento”, indicó la diputada al ser consultada si no piensa dejar la Cámara Baja con miras a las elecciones municipales del 2026.
La consulta a Ortega se realizó teniendo en cuenta que anteriormente había exigido al entonces diputado Sebastián García, renunciar a su banca antes de iniciar su trabajo proselitista a intendente en la capital por el Partido Patria Querida (PPQ), en el marco de los comicios del 2021, sin embargo, hoy asume otra postura.
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La legisladora alegó que en aquel entonces desconocía el reglamento de la Cámara y que ahora leyó el documento y se dio cuenta que le da la oportunidad de pedir permiso a su banca. Lo que implica que si no corre su postulación, tendría la posibilidad de volver al Congreso en el mismo periodo parlamentario.
“La verdad que desconocía la posibilidad de pedir permiso para hacer campaña y retornar. Después hoy obviamente siendo diputada y leyendo el reglamento entiendo que puede haber un mecanismo”, señaló la parlamentaria del PPS.
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