El juez Penal de Ejecución de San Lorenzo, Víctor Benítez, expresó su preocupación por la reiterada falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias impuestas a personas condenadas o beneficiadas con medidas alternativas a la prisión.

Benítez explicó que, pese a los beneficios otorgados por la Justicia —como la suspensión de ejecución de la condena o la suspensión condicional del procedimiento—, numerosos obligados continúan sin cumplir con las reglas de conducta establecidas.

“En ambos casos me corresponde controlar el cumplimiento de sus obligaciones para que puedan seguir gozando de sus beneficios: en el primer caso, para no ir a la cárcel; y en el otro, para evitar llegar a juicio oral”, señaló el magistrado.

El magistrado advirtió que, ante el incumplimiento reiterado, su atribución es ampliar el plazo para el cumplimiento o, en casos de nulo interés, revocar el beneficio otorgado. Sin embargo, muchas resoluciones de revocatoria son apeladas y los tribunales superiores vuelven a conceder nuevas oportunidades a los condenados o imputados.


“Esto genera una sensación de injusticia para las víctimas, que son los niños y las personas denunciantes que reclaman la prestación alimentaria”, enfatizó.

Te puede interesar: Ante la Comisión Bicameral, Corte Suprema defendió el Presupuesto 2026

Benítez reveló una situación preocupante:
“Los defensores públicos muchas veces ni contacto tienen con sus defendidos y cuando se les revoca, vienen y plantean apelación. Por ejemplo, una defensora, luego de que la Cámara de Apelación revocó mi resolución, viene y me plantea extinción. ¿Qué significa eso? Que quiere que la deuda de más de 16 millones quede en el opareí, en atención al derecho de su defendido por sobre el interés superior del niño”, denunció.

El juez Benítez reiteró que la instancia de ejecución, cuya naturaleza es garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y reglas impuestas, se convierte muchas veces en una instancia adicional dentro del proceso, dilatando la solución y afectando directamente los derechos de los menores.


“Estamos hablando de derechos fundamentales, como la alimentación y el bienestar de los niños, que no pueden esperar”, puntualizó.

Podes leer: Hernandarias: buscan a un joven desde anoche e investigan posible rapto

A través del decreto N° 5330 de la Presidencia de la República, se designó a Rubén Maciel Guerreño como nuevo viceministro de Política Criminal, en reemplazo de Víctor Benítez, quien presentó su renuncia tras ser nombrado como juez penal de Garantías. Maciel Guerreño ya había ocupado el mismo cargo en el 2020.

El nuevo viceministro confirmó ante la 920 AM que asumirá oficialmente a partir de este viernes 21 marzo y manifestó algunos de los objetivos del Ministerio de Justicia. En este sentido, sostuvo que está en proyecto la construcción de tres nuevas penitenciarías de mujeres y que está previsto el cierre del Buen Pastor.

Lea también: DNCP echa por tierra argumentos de Prieto sobre la licitación de pupitres

Maciel ocupó previamente el mismo cargo desde el 2020 hasta el 23 de marzo del 2022, fecha en que presentó su renuncia tras la designación a Édgar Olmedo como ministro de Justicia. El nuevo viceministro es de profesión abogado y ocupó diversos cargos dentro del Ministerio Público.

Es máster en Sistema Penal Comparado y Problemas Sociales y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Barcelona y por la Universidad de Alicante respectivamente, ejerce la profesión desde el 2001 y cuenta con experiencia en litigios en los fueros penal, administrativo, laboral y civil-comercial, es especialista en Derecho Procesal Penal, además de notario y escribano público.

Le puede interesar: Nuevos pensionados adultos ya suman más de 323.000 beneficiarios, celebra Peña

Desde el Ministerio de Justicia manifestaron que los desafíos en torno al control sobre las personas privadas de libertad son constantes teniendo en cuenta el volumen de personas y también la peligrosidad, sobre todo de los vinculados al crimen organizado. Ante esta realidad, se plantean diversas alternativas entre las que se encuentra la necesidad de más centros penitenciarios.

“Estamos proyectando más construcciones de penitenciarías que por sí solo es necesario dentro de un Estado en el que la población crece, la criminalidad también y se debe trabajar en eso, en infraestructuras”, informó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.

El día a día en los centros penitenciarios es muy difícil, reconoció Benítez, no obstante, señaló que la institución trata de coordinar acciones en conjunto con otras carteras estatales para abordar la situación penitenciaria en cuanto a la sobrepoblación y el control de los privados de libertad que tienen relación al narcotráfico y al crimen organizado, los que constantemente buscan mecanismos para reagruparse dentro de las cárceles.

Lea también: “Importante victoria”, dice oficina de EE. UU. tras compra de radares

“Tenemos varios blancos con que luchar dentro del sistema penitenciario, pero lo estamos haciendo”, expresó Benítez. Además de este proyecto, también siguen trabajando con fuerza con el Poder Judicial para otorgar mayores medidas alternativas a la prisión como la prisión domiciliaria, en los casos que no exista riesgo, de modo a no optar necesariamente por la prisión preventiva y así evitar que las penitenciarías sigan sumando a personas.

Hay que mencionar que durante el actual Gobierno se habilitaron las cárceles de máxima seguridad, a donde se destinaron a miembros de organizaciones como el clan Rotela, los cuales guardan reclusión en un pabellón especial, en celdas separadas y sin comunicación entre sí. Durante el 2024 se realizaron operativos mediante los cuales se expulsaron del país a líderes del Primer Comando Capital (PCC), quienes eran requeridos por la justicia brasileña.

Le puede interesar: Chase descarta que existan fracturas dentro de Honor Colorado

El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, habló respecto a la implementación de las tobilleras electrónicas, cuya aplicación comenzará este lunes 30 en un plan piloto. La intención es que cada vez más personas puedan acogerse a este beneficio por lo que irán extendiendo los casos en que su uso podrá ser designado.

“Más adelante se podría utilizar también en las personas condenadas que tengan algún beneficio penitenciario como las salidas transitorias o la libertad condicional, a los efectos de tener un mayor control sobre estas personas”, explicó Benítez en conversación con la 650 AM.

El viceministro señaló que en medio del plan piloto, inicialmente unas 10 personas podrán acogerse al uso de las tobilleras y estará destinado exclusivamente a aquellos casos en los que exista un régimen de alejamiento o hechos punibles vinculados a los casos de violencia familiar. Posteriormente, se ampliará a otros hechos punibles.

Lea también: Indert reestablece criterios de titulación que reivindica derechos de beneficiarios

“Posteriormente van a tener la posibilidad de utilizar en todos los hechos punibles que sean delitos y que permitan aplicar una medida alternativa a la prisión. Por de pronto se iniciará aplicando en unas 10 personas y es el Ministerio el que está a cargo de todo esto, en tanto, es el Poder Judicial el que determina quiénes van a ser beneficiarios de estas tobilleras”, expresó.

El uso de las tobilleras tiene un costo mensual que debe ser abonado por la persona que la utiliza. En el caso de que no disponga de recursos, tendrá que declararse insolvente a los efectos de que el Estado pueda proporcionarle estos elementos. No obstante, se realizará una verificación de la vivienda de la persona, de sus ingresos económicos e historial comercial para determinar si efectivamente está imposibilitado a hacerse responsable del costo que supone.

“En principio toda aquella persona que cometa un hecho punible, que esté estipulado como delito y tenga como posible una medida alternativa a la prisión, van a poder utilizar estas tobilleras”, reiteró y a esto añadió, “es una parte más para asegurar el cumplimiento de las leyes, el fiel acatamiento de lo determinado por el juez y que no aprovechen más para la realización de hechos punibles”.

Le puede interesar: Senabico puede ceder vehículos a todas las instituciones, aclaran