A través del decreto N° 5330 de la Presidencia de la República, se designó a Rubén Maciel Guerreño como nuevo viceministro de Política Criminal, en reemplazo de Víctor Benítez, quien presentó su renuncia tras ser nombrado como juez penal de Garantías. Maciel Guerreño ya había ocupado el mismo cargo en el 2020.

El nuevo viceministro confirmó ante la 920 AM que asumirá oficialmente a partir de este viernes 21 marzo y manifestó algunos de los objetivos del Ministerio de Justicia. En este sentido, sostuvo que está en proyecto la construcción de tres nuevas penitenciarías de mujeres y que está previsto el cierre del Buen Pastor.

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Maciel ocupó previamente el mismo cargo desde el 2020 hasta el 23 de marzo del 2022, fecha en que presentó su renuncia tras la designación a Édgar Olmedo como ministro de Justicia. El nuevo viceministro es de profesión abogado y ocupó diversos cargos dentro del Ministerio Público.

Es máster en Sistema Penal Comparado y Problemas Sociales y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Barcelona y por la Universidad de Alicante respectivamente, ejerce la profesión desde el 2001 y cuenta con experiencia en litigios en los fueros penal, administrativo, laboral y civil-comercial, es especialista en Derecho Procesal Penal, además de notario y escribano público.

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Desde el Ministerio de Justicia manifestaron que los desafíos en torno al control sobre las personas privadas de libertad son constantes teniendo en cuenta el volumen de personas y también la peligrosidad, sobre todo de los vinculados al crimen organizado. Ante esta realidad, se plantean diversas alternativas entre las que se encuentra la necesidad de más centros penitenciarios.

“Estamos proyectando más construcciones de penitenciarías que por sí solo es necesario dentro de un Estado en el que la población crece, la criminalidad también y se debe trabajar en eso, en infraestructuras”, informó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.

El día a día en los centros penitenciarios es muy difícil, reconoció Benítez, no obstante, señaló que la institución trata de coordinar acciones en conjunto con otras carteras estatales para abordar la situación penitenciaria en cuanto a la sobrepoblación y el control de los privados de libertad que tienen relación al narcotráfico y al crimen organizado, los que constantemente buscan mecanismos para reagruparse dentro de las cárceles.

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“Tenemos varios blancos con que luchar dentro del sistema penitenciario, pero lo estamos haciendo”, expresó Benítez. Además de este proyecto, también siguen trabajando con fuerza con el Poder Judicial para otorgar mayores medidas alternativas a la prisión como la prisión domiciliaria, en los casos que no exista riesgo, de modo a no optar necesariamente por la prisión preventiva y así evitar que las penitenciarías sigan sumando a personas.

Hay que mencionar que durante el actual Gobierno se habilitaron las cárceles de máxima seguridad, a donde se destinaron a miembros de organizaciones como el clan Rotela, los cuales guardan reclusión en un pabellón especial, en celdas separadas y sin comunicación entre sí. Durante el 2024 se realizaron operativos mediante los cuales se expulsaron del país a líderes del Primer Comando Capital (PCC), quienes eran requeridos por la justicia brasileña.

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El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, habló respecto a la implementación de las tobilleras electrónicas, cuya aplicación comenzará este lunes 30 en un plan piloto. La intención es que cada vez más personas puedan acogerse a este beneficio por lo que irán extendiendo los casos en que su uso podrá ser designado.

“Más adelante se podría utilizar también en las personas condenadas que tengan algún beneficio penitenciario como las salidas transitorias o la libertad condicional, a los efectos de tener un mayor control sobre estas personas”, explicó Benítez en conversación con la 650 AM.

El viceministro señaló que en medio del plan piloto, inicialmente unas 10 personas podrán acogerse al uso de las tobilleras y estará destinado exclusivamente a aquellos casos en los que exista un régimen de alejamiento o hechos punibles vinculados a los casos de violencia familiar. Posteriormente, se ampliará a otros hechos punibles.

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“Posteriormente van a tener la posibilidad de utilizar en todos los hechos punibles que sean delitos y que permitan aplicar una medida alternativa a la prisión. Por de pronto se iniciará aplicando en unas 10 personas y es el Ministerio el que está a cargo de todo esto, en tanto, es el Poder Judicial el que determina quiénes van a ser beneficiarios de estas tobilleras”, expresó.

El uso de las tobilleras tiene un costo mensual que debe ser abonado por la persona que la utiliza. En el caso de que no disponga de recursos, tendrá que declararse insolvente a los efectos de que el Estado pueda proporcionarle estos elementos. No obstante, se realizará una verificación de la vivienda de la persona, de sus ingresos económicos e historial comercial para determinar si efectivamente está imposibilitado a hacerse responsable del costo que supone.

“En principio toda aquella persona que cometa un hecho punible, que esté estipulado como delito y tenga como posible una medida alternativa a la prisión, van a poder utilizar estas tobilleras”, reiteró y a esto añadió, “es una parte más para asegurar el cumplimiento de las leyes, el fiel acatamiento de lo determinado por el juez y que no aprovechen más para la realización de hechos punibles”.

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Tras el operativo Veneratio desarrollado en diciembre del 2023, la situación de emergencia penitenciaria se extendió durante todo este año y en este contexto, se tomaron varias medidas de modo a garantizar la seguridad al interior de las cárceles y no permitir el crecimiento de las bandas organizadas que operaban anteriormente. El objetivo del Ministerio de Justicia es seguir en este camino y aseguraron que ya no habrá retrocesos en esta materia.

“Luego del operativo Veneratio la vara está muy alta y ya no podemos quedarnos atrás, al contrario, debemos seguir mejorando y mostrar a la población que el cambio es de verdad y que no es un simple lavado de cara”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

En contacto con la 650 AM manifestó que el 2024 ha sido un año de desafíos para la institución. Hubo varias situaciones que los pusieron a prueba, pero la cartera pudo responder de acuerdo a lo que corresponde. La expectativa para el siguiente año es continuar en la ejecución del nuevo modelo de gestión penitenciaria, el cual ya está en marcha y ya no se puede retroceder.

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“Esto ya no es solamente una responsabilidad del Ministerio de Justicia, es una problemática de seguridad del Estado y el Gobierno nacional así lo entendió. Es un nuevo comienzo para el sistema penitenciario, esto va a ir creciendo y mejorando cada día más, ya no podemos retroceder a lo que era antes”, ratificó Benítez.

Hay que recordar que el Poder Ejecutivo firmó el decreto que promulgada la ley 7.420, que amplía por un año más el plazo de vigencia de la declaración en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos en el territorio de la República.

Esta ley es una herramienta jurídica que permitirá garantizar la cobertura de seguridad en los centros penitenciarios del país, mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas y la disponibilidad de mayores recursos para lo que fuera necesario. Con la ampliación de la vigencia de la emergencia penitenciaria se busca fortalecer el control en las periferias de cada centro penitenciario.

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