Esta mañana, el fiscal Leonardi Guerrero ordenó la detención de Juan Gabriel Colarte, funcionario asistente administrativo del Ministerio Público, por supuestamente pedir una coima de Gs. 3 millones para liberar un vehículo que fue retenido en un procedimiento policial y que se encontraba en el depósito de la Fiscalía.
El mismo fue detenido y será trasladado a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción UDEA. El agente guerrero refirió que ayer recibió la denuncia sobre el supuesto hecho de corrupción en su unidad fiscal.
“Habría pedido una suma de dinero para poder liberar un vehículo que fue retenido en un operativo judicial", expresó Guerrero, en contacto con la 800 AM.
De igual manera, el agente dispuso un inmediato sumario a la Dirección de Inspectoría del Ministerio Público.
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Otorgan medidas a fiscala por coima
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión a la fiscala suspendida en sus funciones Gloria Rojas, imputada por un presunto pedido de coima en la investigación del feminicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas. Otazú impuso a la imputada la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con el denunciante y la de acceder a las instalaciones de la Fiscalía de Coronel Oviedo. Igualmente, se le impuso una fianza real por la suma de G. 200 millones y se la intimó por un plazo de 20 días hábiles para que comparezca la propietaria del inmueble ofrecido para aceptar la caución.
De acuerdo con el acta de imputación, la fiscala le planteó a uno de los procesados gestionar una salida procesal a través de un abogado.
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Chats de Lalo Gomes: imputan al exdiputado Orlando Arévalos y a dos exjuezas por coima
Los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez presentaron imputación contra el exdiputado y exintegrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Orlando Arévalo por cohecho pasivo agravado en calidad de autor.
Asimismo, se presentó imputación contra Guido Díaz y las ex juezas Carmen Silva y Ana Aguirre. Todos ellos están en los chats filtrados de Eulalio Lalo Gomes y se menciona de intercambio de dinero para salvar de investigaciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La fiscalía pidió la prisión preventiva para los imputados Arévalo y Díaz, argumentando peligro de fuga y obstrucción a la investigación. La causa penal fue sorteada y cayó en el juzgado del juez Humberto Otazú, quien tendrá a su cargo determinar si la imputación cumple con los requerimientos para su admisión y posterior audiencia de imposición de medidas.
En la audiencia de imposición de medidas cautelares se definirá si el exdiputado va a estar privado de libertad o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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De acuerdo al acta de imputación, Guido Díaz Frutos habría actuado de intermediario con Lalo Gomes. Díaz habría sido cómplice del ex presidente del JEM Orlando Arévalo, quien habría aceptado un beneficio indebido a cambio de influir en una resolución judicial.
Asimismo, el entonces parlamentario habría cometido un acto de soborno, consistente en aceptar dinero a cambio de realizar un acto contrario a sus deberes como funcionario público, específicamente en la Causa Nº 11/2024 sobre reivindicación de inmuebles.
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Fiscalía investiga pedido de coima de G. 30 millones para “solucionar” un caso judicial
La agente fiscal Marlene González realizó una entrega vigilada en el marco de la investigación por el presunto hecho punible de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, que involucraría a un funcionario del Ministerio Público y un abogado.
La orden de allanamiento fue solicitada en atención a las investigaciones iniciadas por lo cual fueron intervenidas las oficinas de un estudio jurídico, ubicado en la localidad de Coronel Oviedo. La operación tuvo como resultado la detención de un abogado tras una entrega vigilada de G. 30 millones.
De acuerdo a los hechos narrados en la denuncia, en fecha 19 de noviembre de 2025, la víctima señaló un supuesto pedido indebido de sumas de dinero por parte de un funcionario del Ministerio Público y un abogado defensor quien actúa de intermediario, con el fin de beneficiarlo con una salida procesal menos gravosa en una causa penal en la que se encuentra imputado y actualmente acusado.
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El denunciante se comunicó con el abogado a través de una conocida suya, y mediante ella le indicó el monto que él debía entregar, que era de G. 25 millones, más G. 1 millón para ofrecimiento de donación. Posteriormente, en fecha 20 de noviembre de 2025, el abogado informó sobre el incremento de G. 5 millones, más, totalizando la suma de G. 30 millones para ofrecimiento como donación, suma de dinero que debía entregar al intermediario.
En consecuencia, la representante del Ministerio Público requirió la orden de allanamiento de las oficinas en busca de elementos y la detención del investigado.
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Exministro de la Corte debe cumplir condena de 3 años en la cárcel Industrial Esperanza
La jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, ordenó la captura nacional del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, condenado a 3 años de cárcel por cohecho pasivo agravado o pedido de coima. La determinación de la Justicia se da a los efectos de que se cumpla la sentencia condenatoria.
La magistrada ordenó también la captura del funcionario judicial Rafael Ramírez, condenado a 2 años 6 meses de prisión. Asimismo, el juzgado ordenó que una vez que los condenados sean detenidos sean trasladados directamente a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde pasarán a guardar reclusión en libre comunicación.
Miguel Óscar Ramon Bajac Albertini, exministro de la Corte Suprema de Justicia, fue encontrado culpable de pedir una coima a Felipe Nery Páez y María Liduvina Rodríguez Mendieta, socio y propietaria de la empresa Cal Agro S.A., el pago de sumas de dinero.
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Antecedentes
Según los antecedentes del caso, en el marco del juicio oral y público, la Fiscalía pidió una condena de seis años de cárcel para el exmiembro de la máxima instancia judicial, por el delito de cohecho pasivo agravado (coima) y cuatro años de pena privativa de libertad para su entonces asistente, Ramírez Doldán, quien habría fungido de intermediario para concretar el supuesto tráfico de influencia.
El fiscal de Delitos Económicos, Luis Piñánez, fundamentó su petitorio afirmando que se demostró que efectivamente Bajac pidió dinero a cambio de una contraprestación, por lo que se había concretado un lucro indebido.
En tanto sobre el caso del facilitador judicial, el agente del Ministerio Público fundamentó que el mismo actuó con dolo, al mencionar que en un audio se le oye solicitando dinero al denunciante Felipe Nery Páez.
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