La jueza interina Rosarito Montanía imputó por violación de la ley de armas a los exdirectivos de la empresa "Monital S.R.L" Protek, Luis Fernando Fretes y José Joaquín Castillo Samaniego.
Además, la magistrada admitió la querella de la familia de la víctima presentada el pasado 4 de agosto por el abogado Federico Campos Moreira, informó el portal Judiciales.net.
La causa de da dentro de la investigación por la muerte de José Mauricio Benítez (22), quien llevó el vehículo de su hermana sin permiso. Posteriormente, la mujer pidió a un contacto de Protek que encontraran su auto, el pasado 15 de junio.
El vehículo fue localizado en Luque e inició una persecución que terminó en la zona de Puerto Botánico de Asunción, donde uno de los guardias de Protek disparó y mató al conductor. De acuerdo con la Fiscalía, Julián Benítez fue quien lo hizo, mientras que Óscar Tomás Blanco delimitó el perímetro. Ambos estaban habilitados para la tenencia de armas, pero no para portarlas.
Benítez Ojeda está procesado por homicidio doloso, por lo que cuenta con prisión preventiva, mientras que Blanco Ozuna por transgresión de la ley de armas y cumple arresto domiciliario.
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Tragedia en Capitán Miranda: imputan y piden prisión para conductor involucrado en accidente que dejó tres fallecidas
El Ministerio Público avanzó en la investigación del trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la zona conocida como Bajada Tirol, en el distrito de Capitán Miranda, departamento de Itapúa, donde perdieron la vida tres mujeres, entre ellas una exmagistrada judicial.
El fiscal Francisco Martínez imputó por el supuesto hecho punible de homicidio culposo a Saddan Hammoudi Garay, de 23 años, quien se encontraba al mando de una camioneta Chevrolet S10 involucrada en el violento siniestro registrado sobre la Ruta PY06, a la altura del kilómetro 25. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de la medida de prisión preventiva mientras prosiguen las diligencias investigativas.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la camioneta conducida por el joven impactó contra un automóvil Geely Coolray guiado por la exjueza Laura María Benítez Núñez, de 53 años, quien falleció a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.
En el mismo vehículo viajaban Mónica María Guadalupe Otazú Araujo, de 26 años, y Erika Tamary Griffith Paredes, de 22 años. Ambas fueron rescatadas por voluntarios del Cuerpo de Bomberos y trasladadas de urgencia hasta el Hospital General de Itapúa; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó sus fallecimientos.
Según el informe forense incorporado a la investigación, las tres víctimas sufrieron traumatismos cervicales y politraumatismos severos a raíz del fuerte impacto, considerado uno de los accidentes viales más trágicos registrados este año en el departamento de Itapúa.
Si bien el conductor de la camioneta fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado arrojó negativo, el Ministerio Público resolvió formular imputación por homicidio culposo y requirió su prisión preventiva, al tiempo de continuar con la recolección de evidencias, pericias técnicas y demás diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro.
La investigación buscará determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho, ocurrido en un tramo de ruta conocido por su complejidad y peligrosidad, mientras familiares y allegados de las víctimas continúan conmocionados por una tragedia que enluta a la comunidad itapuense.
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Cirujana fue procesada por presunta violencia familiar contra su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer de 29 años, de profesión médica cirujana, fue imputada por el fiscal Alberto Torres Flores, de la unidad zonal de Presidente Franco, por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar, tras reiterados hechos de maltrato físico y psicológico contra su pareja. El agente pidió la aplicación de la prisión preventiva de la procesada, quien se encuentra privada de libertad en sede policial.
La causa que se investiga comenzó a raíz del último episodio de violencia que se habría registrado el 30 de noviembre del 2025, entre las 19:30 y 20:00 aproximadamente, en un inmueble ubicado en el distrito de Los Cedrales. En dicha ocasión, la imputada habría atacado y agredido a su pareja, además de proferir expresiones denigrantes, provocando lesiones que luego fueron atendidas en la Unidad de Salud Familiar (USF) de dicho municipio.
El afectado presentó la denuncia y en su declaración posterior ante la Fiscalía, manifestó que la mujer habría incurrido en reiteradas agresiones verbales y físicas, configurando un cuadro de hostigamiento constante de larga data.
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Asimismo, las lesiones fueron constatadas mediante fotografías y diagnósticos médicos emitidos en la USF de Los Cedrales, documentos que respaldan la denuncia inicial radicada ante la Comisaría 16ª de la misma ciudad, según el escrito de imputación fiscal.
El expediente cuenta también con mensajes de texto, conversaciones de WhatsApp, un informe psicológico y declaraciones testificales que sustentan la hipótesis investigativa del Ministerio Público. En el marco de la causa, en diciembre del 2025, el fiscal Alberto Torres había emitido una orden de detención preventiva contra la médica, como supuesta autora de los hechos de violencia familiar. La mujer fue detenida y está sometida al proceso penal.
El fiscal solicitó la aplicación de la prisión preventiva, al considerar la gravedad del hecho, la expectativa de pena y la existencia de riesgos procesales de fuga y obstrucción de la investigación.
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Imputan a un hombre pillado en hurto de insumos de Hambre Cero de una escuela
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Luis Fernando Escobar, titular de la Unidad Penal N.º 7 de Ciudad del Este, presentó imputación contra Jerónimo Martín Vallejos (30) por ser sindicado como supuesto autor del hurto agravado en perjuicio de una escuela de Minga Guazú. El procesado habría desvalijado la institución escolar.
La causa investigada data el 21 de junio de 2026, siendo aproximadamente las 23:50, cuando Jerónimo habría ingresado al predio de la Escuela Básica N.º 1529 “Santo Domingo Savio”, ubicada en el km 24 Acaray, a unos 400 metros de la Ruta PY02.
El “visitante” nocturno habría forzado las ventanas y las puertas de varias aulas para acceder al interior de las salas y apoderarse delos insumos alimenticios del programa Hambre Cero, además de un equipo de sonido tipo parlante, color negro, propiedad de la institución; cableado eléctrico y; equipos pertenecientes al sistema de circuito cerrado de vigilancia.
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De acuerdo a lo que reportó la Comisaría 8a., cuyo personal policial intervino en el caso, el hombre se estaba retirando de la escuela con los objetos sustraídos en su poder, cuando fue sorprendido en flagrancia. Los agentes llegaron precisamente en el momento en que el hombre se disponía a salir de predio escolar con los enseres robados.
En consecuencia, se procedió a su aprehensión inmediata y traslado a la sede policial correspondiente. Reunido los elementos de rigor, para la Fiscalía, la conducta del detenido se encuadra provisoriamente dentro del hecho punible de hurto agravado, en calidad de autor.
El Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la investigación, a fin de reunir los elementos necesarios para la presentación del requerimiento conclusivo correspondiente.
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Santa Rita: imputan a otro y suman seis los procesados por el mega-asalto
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los fiscales Rocío Celeste González, María del Carmen Meza y Edgar Benítez Delgado imputaron a Ismael Huespe Ortiz (58), por su presunta participación en el atraco en contra de tres bancos y una casa de cambios de Santa Rita. Fue detenido el pasado jueves al medidodía, en el barrio Kennedy, de Caacupé, departamento de Cordillera.
De acuerdo a la investigación, Huespe habría mantenido vínculos con uno de los procesados en la causa y participado en un intercambio de materiales explosivos el 10 de enero de 2026, consistente en 400 metros de cordón detonante a cambio de 25 metros de mecha lenta.
Con esta nueva imputación, son seis los procesados en la causa por los hechos punibles de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y transgresión a la Ley de Armas y Explosivos.
El mega-asalto ocurrió en la madrugada de 16 de junio y en la noche de ese mismo día fueron allanadas dos viviendas en Embocada, Cordillera donde fueron incautados elementos relacionados a explosivos, siendo detenidas las primeras dos personas: José Cuevas Yegros (56) y Ramón Leonardo Bogado (39), que luego fueron imputadas. Son sospechosos de haber participado en la provisión de explosivos.
La crónica de los detenidos e imputados en el caso sigue con otros tres, el 18 de junio, durante el allanamiento de un “aguantadero”, en el km 24 de Minga Guazú. Se trata de Emanuel Cidade Campos (23), alias Guaraní, Leandro Portillo Achucarro (30), y Adriana Balmori (34).
En el lugar se incautaron armas, chalecos antibalas, municiones, pasamontañas, clavos miguelitos, celulares y tarjetas bancarias.
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Hasta ahora, el asalto más grande en cuanto a cantidad de entidades afectadas
El hecho investigado es el más grande hasta ahora en el país, por la cantidad de entidades atracadas de una sola vez, aunque se desconoce todavía el monto robado. Ocurrió en la madrugada en el centro de Santa Rita, cuando aproximadamente 20 hombres encapuchados y armados con fusiles llegaron a los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, y Santa Rita Cambios.
Desarmaron y tomaron de rehén a un guardia de seguridad y a un policía y a funcionarios bancarios. Los atacantes colocaron explosivos en las entidades y amenazaron con ejecutar a los rehenes, ante una eventual intervención de las fuerzas públicas.
Robaron el dinero en efectivo de los bancos Familiar y GNB. En Ueno Bank, los vidrios resultaron dañados por disparos, mientras que en Santa Rita Cambios el explosivo colocado en la bóveda no detonó. En la huida, los criminales incendiaron dos vehículos y esparcieron clavos “miguelitos” para obstaculizar la persecución de los uniformados.
Durante el procedimiento posterior fueron halladas vainillas servidas y un artefacto explosivo cilíndrico metálico de 1,30 metros frente al Banco GNB, el cual fue desactivado por la Policía Nacional.