El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado magistrado fijó para el 8 de octubre a las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado litigará en libertad o estará en arresto domiciliario o preso.

Igualmente, el juez Romero fijó el 25 de marzo de 2027 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, el cual puede consistir en una acusación con pedido de elevación a juicio oral o la solicitud de una salida procesal para el profesional del derecho.

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De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían al momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.

Asimismo, la denuncia señala que el imputado se presentó y participó de la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante; sin embargo, no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El escrito aclara que es otro profesional del derecho quien cuenta con el poder legal para representar a los demandantes, por lo que Marecos Gamarra no debió tener intervención en el acto. El denunciante fue el ahora exgerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo.

El relato fáctico sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, tras la retirada de la jueza y de la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.

Asimismo, el abogado Marecos Gamarra criticó la imputación presentada en su contra y aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Sostuvo que la denuncia promovida en su contra se encuentra plagada de profundas incongruencias. La manifestación la hizo en el sitio web Cuarto Poder Py.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín iniciaron proceso contra un hombre sindicado como presunto integrante de una banda criminal que tomó por asalto la residencia de un empresario y su familia en el km 11 Acaray de Ciudad del Este. El hombre debe responder por los supuestos hechos punibles de robo agravado y asociación criminal.

Cuenta con una orden de detención pendiente en Paraguay y actualmente se encuentra privado de libertad en Foz de Yguazú, Brasil, según un informe obtenido a través de la cooperación policial internacional.

La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía, el inicio del procedimiento y la prisión preventiva, una vez que sea puesto a disposición de las autoridades paraguayas.

El escrito de la Fiscalía indica que, el 23 de diciembre de 2024, entre las 01:24 y las 01:30, el ahora imputado habría integrado la banda criminal que ingresó a la residencia de Wolnei Aloisio Troes Canal y su familia.

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Violentaron una puerta y redujeron a los ocupantes bajo amenazas, según lo expuesto y juzgado en el juicio donde los otros tres integrantes del grupo ya fueron condenados.

Ellos son Ubaldo Báez Ramírez, quien recibió 22 años y 6 meses de prisión más 10 años de medida de seguridad; Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea, sentenciados a 20 años de cárcel y cinco años de medida de seguridad cada uno.

Durante el asalto, los atacantes se apoderaron de G. 810 millones en efectivo y 2.000 reales, distribuidos en dos mochilas, una con G. 620 millones y otra con G. 70 millones más 2.000 reales.

También llevaron tres cajas con monedas de 500 y 1.000 guaraníes, cuatro cartones con billetes de distintas denominaciones, el DVR del circuito cerrado, joyas y una escopeta calibre 12. Para evitar que las víctimas pidieran ayuda, utilizaron un inhibidor de señal con 14 antenas.

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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera admitió la imputación, procesó penalmente y fijó para los días 14 y 15 de octubre para la audiencia de imposición de medidas para el presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA), tras detectarse un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.

En la citada diligencia judicial se conocerán si los procesados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si serán derivados a la cárcel de Emboscada. La investigación fiscal revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños; supuestamente, esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.

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Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero formularon la imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero de APA por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.

David Herminio Portillo Biancotti, presidente.

Humberto Victorio Rodas Orué, director general.

Juan José María Vidal Bonín, director administrativo y financiero.

Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.

En la carpeta fiscal se resalta que el origen del desvío de fondos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños, y en el cual se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos. Asimismo, el juzgado penal de garantías otorgó un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.

Igualmente, la magistrada tendrá que definir en la audiencia de imposición de medidas cautelares si se aplican restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, la prohibición de comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Víctor Adolfo Santander, de la Unidad Penal N.º 4 de Hernandarias, imputó a un joven de 24 años como sospechoso del abuso sexual de un menor de 13 años y solicitó su prisión preventiva. El procesado se encuentra privado de libertad a disposición del Ministerio Público y afronta una causa por el hecho punible de abuso sexual en niños.

De acuerdo con los datos recabados por la unidad fiscal, la víctima se encontraba en situación de calle desde los 11 años y habría conocido al ahora imputado en esa misma circunstancia, ya que también estaba en situación de calle. Ambos frecuentaban una vivienda del barrio Santa Teresa de Hernandarias, donde presuntamente consumían sustancias estupefacientes.

La Fiscalía sospecha que esta situación habría sido aprovechada por el joven, hoy imputado, para someter sexualmente al niño de manera reiterada durante aproximadamente seis meses.

El caso llegó a las instituciones públicas el 20 de septiembre pasado, cuando el niño fue llevado por su madre Hospital Distrital de Hernandarias por fuertes dolores, tras ser encontrado en esa condición en la calle. Recibió la atención médica y se confirmó que presentaba lesiones coincidentes con un abuso sexual. El estudio laboratorial indicó infección de transmisión sexual.

Con estos elementos el hecho fue comunicado a la Comisaría N.º 24 del barrio Puerta del Sol de Hernandarias y al Ministerio Público, como también a la Consejería Municipal de la Niñez y Adolescencia (Codeni).

En el marco de la investigación a cargo del fiscal Víctor Adolfo Santander, la inspección médica forense a cargo del doctor Martín Alfaro, confirmó las mismas lesiones.

Posteriormente, el 23 de septiembre, el presunto agresor se presentó ante la Comisaría N.º 24, luego de haber sido señalado por la hermana de la víctima como el supuesto autor, pero negando haber sido el responsable. En base a los elementos colectados, el fiscal Santander resolvió imputarlo por abuso sexual en niños y solicitó la aplicación de la prisión preventiva.

Cabe recordar que la víctima luego de haber sido atendido en el Hospital Distrital de Hernandarias, el niño de 13 años fue trasladado al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (Cenptra) de Asunción, con intervención de la Defensoría Pública de la Niñez y apoyo de Codeni.

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