La Fiscalía de París afirmó este sábado que había alertado a las autoridades estadounidenses ante la sospecha de que el magnate Elon Musk había fomentado los “deepfakes” sexualizados en X para aumentar “artificialmente” el valor de la empresa.

“La polémica suscitada por los ‘deepfakes’ [videos generados por IA] de contenido sexual explícito generados por Grok [la IA de X] podría haber sido provocada deliberadamente con el fin de incrementar artificialmente el valor de las empresas X y X AI”, señaló la Fiscalía.

Ello habría ocurrido de esa forma ante “la salida a bolsa en junio de 2026 de la nueva entidad creada por la fusión” entre Space X y X AI, agregó la oficina.

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La Fiscalía apuntó que el pasado martes se había puesto en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como con abogados franceses en la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC), un organismo regulador de los mercados financieros, para compartir sus inquietudes.

Al responder en X en francés a un enlace de un despacho de la AFP sobre el caso, Musk calificó a los fiscales franceses de “retrasados mentales”.

Contactado por la AFP, el abogado de X en Francia no hizo comentarios de inmediato.

Grok tiene su propia cuenta en la red social X que permite a los usuarios interactuar con él o hacerle preguntas de cualquier tema.

Pero durante un tiempo, los usuarios podían etiquetar al bot en publicaciones para pedirle que generara o editara imágenes.

Aquello desató indignación a principios de este año cuando los usuarios pedían generar imágenes de mujeres y niñas desnudas sin su consentimiento.

Además, desde el año pasado las autoridades francesas investigan a X por acusaciones de que su algoritmo fue utilizado para interferir en la política francesa.

La investigación incluye ahora también una pesquisa sobre la difusión, por parte de la herramienta de IA Grok, de negacionismo del Holocausto y videos falsos de contenido sexual.

En febrero, las autoridades francesas citaron a Musk a una “entrevista voluntaria” y registraron las oficinas locales de X, gesto que el multimillonario calificó de “ataque político”.

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El Reino Unido y la Unión Europea también han abierto investigaciones sobre la creación de ‘deepfakes’ sexualizados de mujeres y niños por parte del chatbot de IA de Musk, Grok.

Fuente: AFP

El imputado tendrá la posibilidad de poder dar su versión ante el Ministerio Público sobre los graves hechos imputados.

El presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Sil­vera, imputado por pre­sunto lavado de dinero en el marco de una denuncia pre­sentada por la Conmebol, deberá comparecer ante el Ministerio Público este lunes 23 de marzo a las 8:30 horas. En esta audiencia indagatoria, el procesado podrá brindar su versión sobre los hechos investi­gados por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez.

Recientemente, el Tribu­nal de Apelación —inte­grado por Camilo Torres, Silvana Luraghi y Paulino Escobar— ratificó la admi­sión de la imputación con­tra Zaldívar Silvera y otras cuatro personas. Asimismo, los camaristas validaron el acta de imputación contra los directivos de la entidad bancaria y confirmaron a la Conmebol como víctima del hecho punible.

En lo que se considera una maniobra exclusivamente dilatoria, la defensa de Zal­dívar Silvera presentó un recurso extraordinario de casación contra la resolu­ción del Tribunal de Apela­ción que confirmó la impu­tación. Esta acción buscaría evitar que el imputado se someta a la Justicia.

Dicha presentación violaría la ley procesal al pretender generar efectos suspensivos sobre la providencia inicial, impidiendo que el juez con­voque a la audiencia de impo­sición de medidas cautelares. Cabe destacar que, según el artículo 477 del Código Pro­cesal Penal, la casación solo procede contra sentencias definitivas o decisiones que pongan fin al procedimiento. Ahora, los ministros de la Corte deberán destrabar el proceso y evaluar posibles sanciones para los abogados por el uso de recursos sin fundamento.

La Fiscalía basa su imputa­ción en operaciones realiza­das en 2013 por el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Según la inves­tigación, Leoz efectuó depó­sitos y constituyó fideico­misos por USD 5.100.000 y G. 16.000 millones, sin que el banco Atlas solicitara la documentación respaldato­ria exigida.

Contratos adicionales de fideicomiso alcanzarían los USD 2 millones y G. 22.000 millones. La denun­cia vincula estos fondos con el esquema de corrup­ción internacional FIFA Gate. Además de Zaldívar, se encuentran imputados Jorge Enrique Vera Trini­dad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán. El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para presentar su requerimiento conclusivo.

En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:

1. Sebastián Martínez Insfrán
2. Sonia Barrios Ramírez
3. Walter Hugo García Méndez
4. Salem Esgaib Zugaib
5. Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
6. Valeria Fabiana Romero
7. Hugo Benítez Vázque
8. Karen González Vergara
9. Fredy Guzmán Martínez
10. y Cinthia Noelia Alen Guerrero

Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.

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Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.

“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.

Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:

• Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
• Prohibición de salida del país.
• Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
• La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
• y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.

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Patricia Analí Jara Meza (38), denunciada como desaparecida el pasado 28 de febrero, fue localizada en una estación de servicio ubicada sobre la ruta PY01, en el acceso a la ruta Carapeguá- Nueva Italia. Tras ser hallada, manifestó a los intervinientes que fue liberada por sus captores.

Sin embargo, la Fiscalía analiza una investigación por presunta simulación de hecho punible ante ciertos datos manejados por los investigadores.

A la fiscal Carolina Martínez, de la Unidad Penal N.º 1 de Capiatá, le llamó la atención que la desaparición de la supuesta víctima se produjera el mismo día en que se presentó una denuncia por supuesta estafa.

La organizadora de eventos habría sido denunciada por una pareja por una presunta estafa de G. 15 millones, atendiendo que la mujer debía encargarse de la decoración de un evento que no se concretó.

Otro antecedente llamativo es que la misma aseguró haber sido víctima del supuesto hurto de G. 13 millones, por lo que supuestamente no pudo cumplir el compromiso de decoración.

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Jara Meza desapareció misteriosamente el sábado último tras comunicar a su familia que debía huir a raíz de amenazas de muerte de parte de la competencia, según el mensaje de texto enviado desde el teléfono de la mujer.

Durante la búsqueda de la mujer, tras la denuncia de familiares por su supuesta desaparición, no se pudo rastrear su teléfono celular, que fue hallado abandonado en el sanitario de una estación de servicio de San Lorenzo y con patrón de bloqueo.

Finalmente, efectivos policiales de la Comisaría 5ª de Carapeguá, la ubicaron tras comunicarse con un familiar e informar que se encontraba en la ciudad.

La mujer fue traslada por efectivos policiales del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas y fue trasladada al Ministerio Público para declarar y ser evaluada por la clínica forense, además de recibir contención psicológica.

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