Este lunes, la Unidad Especializada de Hechos Punibles Contra la Seguridad y la Convivencia de las Personas de la Fiscalía donó 30 cámaras de alta tecnología y 15 rollos de cable, a 12 comisiones vecinales de diversos barrios de Asunción, Ñemby y Lambaré.
El nuevo aporte del Ministerio Público, se corresponde con una adecuada infraestructura, demandó una inversión de G. 16.000.000.
El equipamiento técnico se obtuvo a través de la figura de Reparación Social del Daño, aplicada a personas que no hayan reincidido en la infracción del art. 217 del Código Penal, referente al hecho punible de exposición a peligro en el tránsito terrestre.
Las comisiones beneficiadas fueron: comisión vecinal del Barrio Villa del Agrónomo; Comisión vecinal ‘‘Santa Clara’’; Comisión ‘‘Vecinos de Chile’’; Comisión vecinal de los barrios La Piedad y San José de Obrero; Comisión vecinal Paz del Chaco; Comisión ‘‘Familias Unidas’’.
Igualmente, la comisión del barrio Vista Alegre; comisión ‘‘Tembiapo Aty’’; coordinadora social Manduarâ; capilla San José; comisión vecinal Ysyry Morotĩ; comisión vecinal de la ciudad de Ñemby; y la comisión vecinal Mbachio de Lambaré.
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Sobrinos de senadora: Fiscalía cita para el lunes a directora de Talento Humano
La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Laura Giacummo, comunicó que la directora de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardozo Vázquez, deberá prestar declaración el próximo lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la causa penal contra Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.
La convocatoria está fijada para las 9:00. Ambos jóvenes fueron denunciados por supuesto planillerismo. Giacummo detalló en una entrevista con la 1080 AM que Cardozo Vázquez fue convocada “para conocer cuál era el método y procedimiento que realizaban en el Congreso estos funcionarios”.
Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.
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Asimismo, Giacummo dijo que tanto Iván Ramiro como Iris Rebeca, investigados por cobro indebido de honorarios, serán convocados por la Fiscalía a prestar declaración cuando se reúnan todos los elementos probatorios necesarios para ir cerrando la investigación.
Mientras que en el caso de la senadora Noelia Cabrera Petters evaluará si será convocada en carácter de testigo o bajo otra situación penal. “Tendríamos que verificar primero si estaría en calidad de testigo o en otra situación procesal. La investigación está abierta todavía, no sabemos si ella va a ser convocada en esos términos o no”, dijo la agente fiscal.
Antecedentes
Iván Ramiro percibía del Senado un salario de G.13.500.000, mientras que su hermana, Iris Rebeca, recibía un sueldo de G. 8.00.000. La causa penal fue abierta el pasado 4 de agosto ante un posible daño patrimonial al Estado.
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Inician sumario contra fiscal que liberó a presunto feminicida
La Inspectoría General del Ministerio Público decidió iniciar dos sumarios administrativos contra el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien actualmente está asignado a la Unidad Penal n.° 2 de Santa Rosa del Aguaray. La investigación preliminar es a los efectos de conocer si existen presuntas irregularidades en la actuación del citado agente fiscal en liberar al presunto autor de un feminicidio y otros.
La decisión fue adoptada tras la evaluación de los antecedentes por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, y por otro lado, informaciones difundidas en redes sociales, lo que deriva en la verificación de elementos que ameritan una investigación interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno del Ministerio Público.
El primer sumario administrativo n.° 489/2025 es por presunta comisión de faltas administrativas derivadas de participación en evento político-partidario y actos públicos que comprometen la imagen institucional. Mientras que el segundo sumario administrativo n.° 490/2025 es por presunta comisión de faltas en el marco de una causa penal por violencia familiar, consistentes en negligencia funcional, omisión de deberes, mal manejo de evidencias, desconocimiento de la normativa y de protocolos especializados.
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La apertura de los dos sumarios se enmarca en las funciones de control y seguimiento del desempeño fiscal.
JEM
Igualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría investigar la actuación del fiscal Benítez atendiendo a la gravedad del hecho de liberar a una persona que fue denunciada por violencia familiar.
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Imputan a 12 personas involucradas en un esquema de estafas
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano, formuló imputación por los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, asociación criminal en calidad de autores a un total de 12 personas que habrían participado en un esquema ilícito con el fin de obtener dinero de manera indebida.
El esquema consistiría en la obtención de fondos provenientes de cuentas bancarias de clientes y parte de esos fondos podría haberse utilizado para la adquisición de criptoactivos mediante operaciones de compra o intercambio con dinero. Dicha organización habría comenzado con la obtención indebida de datos y contraseñas de acceso y transacción de los clientes.
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Esta información podría haberse obtenido mediante maniobras fraudulentas dirigidas a los sistemas informáticos de la sede central del banco, lo que les permitiría acceder a las cuentas bancarias a través de la banca electrónica, usando dispositivos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación.
Ahora será un juzgado penal de garantía quien deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o van a la cárcel.
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Fiscalía imputa a destituido intendente de CDE, Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza
El Ministerio Público imputó hoy martes al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por supuesta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso, y declaración falsa para ocasionar un perjuicio a la comuna esteña de G. 311 millones. Esta es la tercera imputación que recae sobre el exjefe comunal.
De acuerdo a la argumentación reportada por los agentes fiscales, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, el daño con varios proyectos que no se llegaron a ejecutar supera los G. 311 millones.
El Ministerio Público menciona que en el año 2020, durante la administración de Prieto, se habría desembolsado dinero de los fondos correspondientes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro para realizar pagos por servicios que no fueron realizados.
Además de Prieto, igualmente fueron imputados Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Administración y Finanzas; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero de la Municipalidad de Ciudad del Este; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario de la Municipalidad de Esteña; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la subcomisión de Apoyo a voluntarios de Ollas Populares y Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la subcomisión de Ollas Populares.
La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la subcomisión de la Olla Popular, Luana Magdalena Silva, José Augusto Cárdenas, Aníbal Pérez y Adrián Paola Martínez.
De acuerdo al escrito de imputación, los hechos se registraron durante el año 2020 en plena pandemia del Covid-19
Corte destrabó procesos
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había destrabado la semana pasada el segundo proceso penal que enfrenta el exintendente de Ciudad del Este, acusado por lesión de confianza por un perjuicio millonario.
La máxima instancia judicial declaró inadmisible la apelación general presentada por la defensa de Higinio Ramón Acuña, quien recurrió a la Corte para dejar sin efecto la confirmación del juez Humberto Otazú.
El pasado 19 de agosto, con una amplia mayoría los diputados destituyeron a Prieto, tras constatarse mediante la fiscalización del economista Ramón Ramírez, las graves irregularidades que fueron detectadas inicialmente por la Contraloría, a cargo de Camilo Benítez.
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