La violencia golpeó fuerte de nuevo al deporte. El jueves a la noche, San José iba ganando 60 a 57 a Olimpia por la segunda final de la Liga Nacional de Basquetbol. El partido estaba entretenido, pero la irracionalidad de los seguidores del Decano generó pánico, desesperación y suspensión del juego. Agredieron en las gradas a los hinchas del elenco santo, en un acto de descontrol y cobardía, generando caos y desesperación de las familias, niños, mayores, presentes en el estadio ODD del Olimpia.
San José condena enérgicamente las agresiones ocurridas en contra de su público y equipo. “Esto es un atentado criminal contra el deporte, un acto lleno de cobardía y crueldad que debe ser investigado y sancionado”, destaca.
“La barra brava de Olimpia ha agredido a nuestras familias, a mujeres, a niños, a señoras, señores, al deporte y a nuestro basquetbol, los barras apañados, financiados y organizados por los verdaderos responsables: “dirigentes”.
“Exhortamos a tomar medidas para proteger a los aficionados comunes, a los niños que acuden a apoyar al deporte, porque estas actitudes no solo alejan al público del deporte”, extiende.
En tanto que Olimpia, en un comunicado lamenta el hecho y deslinda responsabilidad al basquetbol: “Estos hechos de violencia fueron generados por personas ajenas al mundo de basquetbol, que manchan el esfuerzo de todos” y el caso se trasladará a la Comisión Disciplinaria para la investigación correspondiente para poder castigar a los responsables.
Ante estos hechos, la Confederación Paraguaya de Basquetbol anuncia una investigación rigurosa del Tribunal de Justicia Deportiva y repudia todo acto de violencia que perjudica al deporte.
El tercer partido de las finales se jugará el domingo a las 19:00 en la cancha del San José sin la presencia del público franjeado.
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Sanción de ley contra nepotismo debería darse en mayo, dice Núñez
El senador Basilio Núñez informó que ha iniciado conversaciones con sus colegas de otras bancadas para dar tratamiento al proyecto de ley contra nepotismo que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados. El legislador indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa.
“El tratamiento no debería pasar mayo, ya estamos llegando este mes, entonces las comisiones se deben mover”, manifestó el líder de la bancada de Honor Colorado en conversación con varios medios de prensa. Al respecto, mencionó que planteó propuestas a sus pares a modo de avanzar en una legislación que es necesaria para sancionar el nepotismo y sobre el cual existen tres proyectos.
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“Estaba comentando con el senador Eduardo Nakayama de aprovechar que ya hay una media sanción de Diputados, entonces podemos ver con los colegas y hacer la modificación respectiva si es necesaria y si estamos de acuerdo, damos media sanción con modificaciones, eso vuelve a Diputados, ahí ellos vuelven a aprobar y así la ley ya es enviada al presidente de la República”, explicó.
Expulsión a Vallejo
Asimismo, Núñez afirmó que no corresponde el planteamiento de pérdida de investidura para la diputada Rocío Vallejo, cuya hija se encuentra como comisionada en la misión paraguaya ante la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
“No corresponde la pérdida de investidura en este caso de la diputada Rocío Vallejo teniendo en cuenta nuestra legislación. No es tráfico de influencias, no corresponde la de Rocío ni la de otros de acuerdo a nuestra legislación actual, amenazar a cualquier parlamentario con el ‘cháke’ con una ley que no establece eso sería totalmente fuera de lugar. No va a pasar”, aseveró.
No obstante, el senador mencionó que el tráfico de influencia y los casos de nepotismo son hechos que trascienden al Partido Colorado dado que hubo denuncias de dichos hechos en diferentes organizaciones políticas, por lo cual el Congreso tiene la obligación de establecer una legislación que sancione y tipifique estos actos.
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Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.
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Repudio contra recortes a la universidad pública
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
Empuñando libros en alto, cientos de miles de personas se manifestaron en toda Argentina para repudiar los recortes de fondos a la universidad pública, en lo que constituye la mayor manifestación hasta el momento contra la política de ajustes del presidente ultraliberal Javier Milei.
Entre 100.000 personas, según la policía, y medio millón, según la Universidad de Buenos Aires (UBA), se congregaron en la capital argentina. Otras decenas de miles protestaron en ciudades del interior como Córdoba, Rosario y Mar del Plata “en defensa de la educación universitaria pública y gratuita”.
“Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente”, leyó Piera Fernández, estudiante y presidenta de la Federación Universitaria Argentina en la emblemática Plaza de Mayo, epicentro de la convocatoria que inundó las calles aledañas.
“La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla”, prosiguió.
Los manifestantes levantaban libros en señal de protesta, así como carteles que decían “Milei o educación” o “la universidad luchando también está enseñando” y viñetas de la emblemática tira cómica “Mafalda”.
“Esto es importante para los que estudiamos y para los que trabajamos, porque la educación pública levanta un país”, dijo a la AFP Nicolás Villagra, un estudiante de la UBA de 24 años, con la voz ensordecida por la música y los timbales.
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Hambre cero: sanción refleja el objetivo al que apuntan el Ejecutivo y el MEC
El viceministro de Educación Superior, Federico Mora destacó la sanción lograda en el congreso del proyecto de Ley “Hambre Cero en las Escuelas”, asegurando que están muy conformes con la versión porque refleja el objetivo al que apuntan el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de fomentar una educación de calidad con criterios de acceso, inclusión y permanencia, sobre todo en lo que hace a la Educación Superior, teniendo en cuenta que se han asegurado los recursos para mantener el Arancel cero en la educación terciaria.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el viceministro Mora aseguró que la sanción que este jueves otorgó el Senado se dio en el mejor escenario, en lo que hace al Arancel cero, porque con la modificación planteada por la Cámara de Diputados, queda garantizada la financiación con Fuente 10, que es la que consolida a todo programa por ser la Fuente del Tesoro, a diferencia de la que se tenía, Fuente 30, que era Fonacide, la cual era una fuente de financiación ocasional.
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“El Arancel cero pasa a ser de los pocos programas con doble seguro por tener las leyes que la sustentan; ahora, con la Ley de Hambre cero, que tiene un articulado específico agregado en diputados, que se logró incluir luego de conversaciones que mantuvimos y acompañamos entre alumnos y autoridades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con el presidente de Diputados”, precisó.
El viceministro Mora insistió en que están muy conformes con la versión sancionada porque refleja el objetivo del Ejecutivo y el MEC de fomentar una educación de calidad con criterios de acceso, inclusión y permanencia, en este caso en la educación superior.
“Es un reconocimiento también a las conquistas estudiantiles para una educación superior de calidad que garantice el acceso de estudiantes de familias para los que esta exoneración del arancel marca efectivamente una diferencia para el acceso y la permanencia como estudiantes”, concluyó.