Tras acelerar a fondo y cerrar con un excelente spring final, el ciclista paraguayo Mario Antonio Arnold se quedó segundo en el emblemático certamen ciclístico La Bisbal d’Empordà, de Catalunya, España.
“Fue un recorrido rápido, divertido, con un total de 3 horas de competencia y 15 vueltas a un circuito XCO, hizo que al final se vuelva una carrera realmente dura”, manifestó el atleta guaraní tras concretar un espectacular cierre.
Este tradicional certamen del calendario ciclístico español reunió a varios de los mejores pedalistas de la categoría de toda Europa, lo cual da mayor realce a lo conseguido por el paraguayo. Teniendo como sustento este segundo lugar, Mario Antonio Arnold volverá a montar su biciclo este fin de semana próximo, para pelear el podio del certamen El Alto Panadés, a celebrarse en Barcelona.
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Diez fechas claves de la operación “garrote” orquestada desde Seprelad contra Cartes
El operativo de montaje y filtración de información confidencial desde la Seprelad arrancó en el mes de diciembre de 2021 con una reunión clave entre funcionarios de la Seprelad y una oscura personaje del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la asesora venezolana del presidente. El operativo fue “craneado” desde la propia Seprelad con funcionarios ajenos a la institución, quienes dejaron rastros que permitieron a la Fiscalía descubrir la trama y fundamentar su imputación con base en 42 elementos. De acuerdo al acta de imputación fiscal existen 10 fechas claves que revelan cómo se ejecutó la operación.
- Por Cinthia Mora
La causa abierta contra Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Espínola se sustenta en elementos de sospechas irrefutables que sostienen la tesis del Ministerio Público. Todos los elementos fueron colectados con aval y control judicial.
De acuerdo al relato de hechos, datos y fechas consignados en el acta de imputación de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, el operativo de “garrote político” de la Seprelad tuvo fecha de inicio y una sucesión de hechos conectados con el objetivo de montar y filtrar un informe de inteligencia para perjudicar a los enemigos políticos de turno.
Todo arrancó con una reunión entre autoridades de la Seprelad y la asesora “fantasma” del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la venezolana sobre quien no aparecen datos oficiales.
LA CRONOLOGÍA - PARTE 1
Esta reunión aparece registrada en fecha 16 de diciembre de 2021 a las 9:40 en la sede de la Seprelad. Del encuentro participaron Carlos Arregui, Carmen Pereira, Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, este último en calidad de asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior y la asesora fantasma de Abdo, Verioska Velazco, quien se habría presentado como “asesora externa” de la Presidencia de la República, sin que exista acto administrativo que la designe como tal.
Otra reunión que aparece es la del 29 de diciembre de 2021 entre Carlos Arregui, Carmen Pereira y René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Las reuniones en las oficinas de la Seprelad eran constantes y el que participaba con frecuencia, sin ser funcionario de esta institución, era Daniel Farías, quien en ese momento se encontraba comisionado y prestaba servicios en el Ministerio del Interior bajo órdenes de Arnaldo Giuzzio.
La cronología continúa con la fecha 26 de enero de 2022, cuando el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presenta una denuncia en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Seprelad, esta institución no estaba facultada a recibir denuncias sobre comisión de hechos punibles.
Tras la denuncia presentada por Giuzzio contra Cartes se sucedieron hechos llamativos y vinculados entre sí. Ese mismo día, 26 de enero de 2022, el Poder Ejecutivo nombra como viceministra de la Seprelad a Carmen Pereira, quien hasta entonces ocupaba el cargo de directora general de Análisis Financiero y Estratégico. Pereira es apuntada como la mano derecha de Arregui y “cerebro” del montaje de informes de inteligencia.
El mismo día de la designación de Pereira como viceministra, la denuncia presentada por Giuzzio contra Cartes ante la Seprelad fue derivada a un asesor de análisis financiero de Seprelad, Guillermo Preda Galeano, también imputado en la causa.
El 9 de febrero de 2022, el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Omar Legal solicita a la Seprelad que informe si en los últimos 10 años se han elaborado informes de inteligencia relacionados a Horacio Cartes. Dando curso a esta solicitud fiscal y excediendo en lo solicitado, se recabaron datos e informes relacionados a Cartes y sus empresas y monta un informe de inteligencia.
El 18 de febrero de 2022 el funcionario de la Seprelad, quien respondía a las órdenes de Carmen Pereira, Francisco Pereira Cohene, solicita y recibe información de parte del funcionario Derlis Ruiz sobre datos recabados hasta la fecha sobre Horacio Cartes y la empresa Tabacalera del Este SA.
Para ese entonces, en la Seprelad ya funcionaba una oficina “paralela” desde donde se accedía a toda la información relacionada a Cartes y sus empresas, el encargado de este “trabajo” era un funcionario que no pertenecía a la institución, Daniel Farías, asesor de Arnaldo Giuzzio.
La investigación de los fiscales Cantero y Grisseti pudo determinar dónde y quiénes elaboraron los informes que luego fueron filtrados a los medios. En los archivos de la Seprelad se encontraron los metadatos (huellas digitales) del documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández que luego sirvieron de base para el informe de inteligencia financiera, el número 10/2022
DOCUMENTO SECRETO. CRONOLOGÍA - PARTE 2
Aquí aparece una fecha clave: el 26 de marzo de 2022 a las 17:48. Es el registro del documento en formato word creado por Daniel Farías y luego editado por última vez, ese mismo día, por René Fernández. Dicho archivo era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y a la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich.
Ni Farías ni Fernández eran funcionarios de Seprelad al momento en que elaboraron el proyecto de informe de inteligencia. Tampoco poseían ningún tipo de atribución legal para hacerlo.
Este mismo archivo en formato Word fue remitido, el 28 de marzo de 2022, vía correo institucional, por Carmen Pereira a Francisco Pereira con la instrucción de que sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido al Ministerio Público.
La Fiscalía sospecha que el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia 10/2022. Ni Peña ni Boidanich revestían al carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteligencia.
INFORMACIÓN “ESPONTÁNEA” A EE. UU.
El operativo de montaje y filtración incluyó un capítulo especial que también dejó rastros en los archivos de la Seprelad. El 31 de marzo de 2022, a las 8:58, Carmen Pereira remitía vía correo electrónico indicaciones para que el archivo Word (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
Este revelador documento fechado el 1 de abril de 2022 fue enviado a EE. UU. tres meses antes de que la Embajada norteamericana en nuestro país diera a conocer en Paraguay una lista de personas declaradas significativamente corruptas.
En la cronología de hechos relatada en el acta de imputación se incluyen dos fechas más que corresponden a hechos de carácter público y notorio, innegable por parte de los acusados: el discurso político del expresidente Mario Abdo Benítez del 8 de mayo de 2022, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
Esta información de carácter confidencial habría sido expuesta por Mario Abdo Benítez con el objetivo de desacreditar al expresidente Horacio Cartes, ya que ambos se encontraban en ese momento disputando el cargo de presidente de la ANR.
El 20 de mayo de 2022, a las 8:43, se “afinaban” los últimos detalles de lo que sería el informe de inteligencia remitido a la Fiscalía. El funcionario Guillermo Preda remite por correo al analista Derlis Ruiz los cuadros de salarios de Peña y Boidanich.
La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boidanich y Santiago Peña. Esta información se extrajo del documento en formato Word elaborado por Farías y Fernández el 26 de marzo de 2022. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligencia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.
EL “GARROTE” Y LOS MEDIOS. CRONOLOGÍA - PARTE 3
En la misma fecha, 20 de mayo de 2022, tan solo 17 minutos después de que el funcionario Guillermo Preda Galeano envíe los cuadros de salarios de Peña y Boidanich para ser incorporados al informe de inteligencia, el secretario privado de la Presidencia, Mauricio Espínola, publicaba los mismos datos en su cuenta de red social X.
El informe de inteligencia 10/2022 elaborado en estas circunstancias y tras las filtraciones registradas recién fue remitido al Ministerio Público a las 15:21 del día 20 de mayo y fue descargado por la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en fecha 23 de mayo de 2022.
Todo el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad contó con la estrecha colaboración de los medios afines al abdismo. El diario Abc Color publicó el 28 de mayo de 2022 la noticia “Fulminantes datos sobre red montada por Horacio Cartes”, en la que se encuentran diversos datos e informaciones textuales que únicamente se encontraban en el informe de inteligencia 10/2022.
Todo el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad contó con la estrecha colaboración de los medios afines al abdismo.
De acuerdo a la tesis de la Fiscalía fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligencia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.
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“Mario Abdo le prestó plata a muchos senadores”, denunciaron
El tratamiento del desafuero al exmandatario y senador vitalicio Mario Abdo Benítez aún está pendiente por el Congreso y la senadora Yolanda Paredes reveló la razón por la que muchos de sus pares se vuelcan hacia el salvataje a favor del expresidente, y manifestó que se debe a que varios legisladores tienen una deuda económica con Abdo.
“Ahí hay mucha deuda que tienen muchos senadores con Mario Abdo Benítez, son deudas políticas y económicas. Mario Abdo le prestó plata a muchos senadores que hoy están sentados acá, tienen pagarés”, dio a conocer la parlamentaria de Cruzada Nacional en conversación con La Nación/Nación Media.
La senadora indicó que considera que debido a esto, hasta el momento no se reunieron los votos suficientes para que Abdo pierda su investidura, puesto que sus colegas no pueden dar la espalda al expresidente a quienes adeudan cifras que difícilmente puedan saldarse. “Acá hay deudas que muchos de ellos no van a poder saldar y no pueden darle la espalda a Mario Abdo, hay una deuda moral y económica”, aseveró Paredes, quien dijo que así como están las cosas, no están dadas las condiciones para reunir los votos suficientes para que Abdo sea desaforado, por lo que se daría un salvataje.
“Yo no sé si van a llegar a contar con los números para el pedido de desafuero de Mario Abdo”, recalcó. La pérdida de investidura del expresidente es requerida por el Ministerio Público para que pueda ser investigado por asociación criminal, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, entre otros delitos relacionados a la filtración de datos ocurridos durante su gobierno.
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Sin cuórum para el estudio del desafuero de Mario Abdo Benítez
Ante la falta de cuórum, la Cámara de Senadores levantó su sesión ordinaria en el momento en que se desarrollaba el estudio del pedido de desafuero del senador vitalicio y exmandatario Mario Abdo Benítez. El presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, hizo un repaso de sus colegas presentes, donde se registró un total de 22 senadores, cantidad que ya no permite proseguir con la sesión.
En un principio se habló que la propuesta era mejor postergarla sine die, pero para dicho efecto no se consiguió reunir la mayoría simple de 23 votos, tampoco contaba con los números para su aprobación, que era la mayoría absoluta de 30 votos. Por lo que para evitar que el documento sea rechazado, se optó por dejar sin cuórum la sesión.
El senador Derlis Maidana, de la Comisión de Legislación, indicó que es necesario respetar las instituciones y, por ello, no se debe obstruir la investigación penal, el cual a su consideración se está llevando adelante con las garantías del debido proceso. Indicó que tanto el exmandatario Abdo Benítez, así como los demás coimputados, tienen el lujo de contar con los mejores abogados y estudios jurídicos de este país para llevar adelante sus respectivas defensas.
Destacó que la imputación fue admitida por una jueza de Garantías y quien ha convocado a aquellos que no tienen fueros para que sean oídos. “Es una cuestión que pasa absolutamente por la Justicia ordinaria y que nosotros, como Senado, mal podríamos entrar a trabar esta situación, que prácticamente es entrar a entender sobre el fondo de la causa”, indicó.
UTILIZACIÓN DE DATOS SENSIBLES
Por otra parte, indicó que se ha mencionado en el plenario sobre el lawfare, que es la utilización de la Justicia para perseguir al adversario político. Maidana sostuvo que el lawfare es lo que hicieron René Fernández, Arnaldo Giuzzio y los demás imputados no cumpliendo con el artículo 32 de la Ley 1015 de Seprelad, ni el artículo 315 del Código Penal, y otras disposiciones legales.
“Ellos utilizaron datos sensibles como la publicación de un informe que solicitó la Fiscalía de Panamá a Seprelad, y ellos pasaron a un diario de gran circulación de la República del Paraguay y así comenzó el operativo jurídico, mediático, político de perseguir a los adversarios políticos. Yo pregunto: ¿Horacio Cartes, Santiago Peña y Óscar Boidanich, ustedes vieron si en todo ese expediente que reclamó la Comisión de Asuntos Constitucionales, si tuvieron el derecho a la defensa, al debido proceso, antes de publicar estos informes amañados? Claro que no”, remarcó.
SE EVITÓ BLINDAJE
Fuera de la sala de sesiones, el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, indicó que mediante esta acción se ha logrado evitar el blindaje, recordando que el propio presidente Mario Abdo Benítez había estado en contra del blindaje. Incluso, él había presentado un proyecto de ley que fue rechazado en su momento. Señaló, además, que no existen los votos para blindar, rechazando el pedido de desafuero solicitado por la Justicia.
“Yo defiendo la idea de que ellos (sus colegas) no contaban con los votos para blindar a Mario Abdo. Ahora el pedido judicial queda pendiente, el cual podría ser tratado en cualquier momento, en cualquier sesión que sea convocada. Para nosotros es una victoria porque no se ha logrado el blindaje”, indicó.
Coimputados podrían evadir responsabilidades
En el caso que Abdo Benítez no pierda sus fueros y no se someta al debido proceso judicial.
El senador Derlis Maidana sostuvo que el propio expresidente de la República y senador vitalicio Mario Abdo Benítez debe solicitar su desafuero ante el Senado y someterse a la Justicia, en el caso de filtración de datos de inteligencia durante su gobierno. El legislador advirtió que en el caso de que Abdo no enfrente el proceso bajo los fueros de senador vitalicio, los demás imputados en el caso, ocho excolaboradores de su gobierno, podrían también quedar sin responder el caso.
“Si se rechaza, eso puede ocurrir y que los demás coimputados, teniendo en cuenta que se rechazó el mismo pedido, pueden directamente tirarle toda la responsabilidad al expresidente y desligarse ellos mismos, pueden alegar que eran subordinados, que tenían que cumplir órdenes y otros tipos de consideraciones”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El senador Maidana se refiere al cargo de senador vitalicio donde a diferencia de los senadores activos que, al culminar con el periodo legislativo en que fueron electos, pierden los fueros, mientras que en el caso de Abdo, permanece con los fueros de manera vitalicia y mientras no sea aprobado lo contrario por el pleno, seguirá blindado.
“Sostenemos que solamente el expresidente se ponga a disposición de la Justicia, de no obstruir esta investigación, tampoco decimos que es culpable, las garantías del debido proceso se aplican con él y con los demás coimputados. Esas mismas garantías que no tuvo Horacio Cartes, Santiago Peña, Óscar Boidanich y otras personas nombradas en estos informes fabricados a medida por el esquema perverso”, refirió.
Mientras tanto, indicó que el caso de Mario Abdo se aparta de la práctica que se viene aplicando en el Senado, que el propio afectado solicite su desafuero para enfrentar un proceso judicial, como fueron los casos de los senadores Hernán Rivas, Erico Galeano e incluso el senador de la oposición Rafael Filizzola.
“En este caso, se aparta un poco de la práctica que veníamos teniendo, teniendo en cuenta que el expresidente a todas luces arropa los fueros de senador vitalicio para no someterse a la investigación.
Nosotros creemos que él y el diputado Mauricio Espínola deben ser también puestos a disposición de la Justicia, defenderse con sus abogados”, sentenció.
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Los 42 elementos de sospecha contra Mario Abdo y su gavilla
La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.
La causa abierta contra Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene, y Mauricio Espínola se sustenta en elementos de sospecha irrefutables que sostienen la tesis del Ministerio Público. Todos los elementos fueron colectados con aval y control judicial.
El compendio de pruebas presenta varias notas de medios de prensa, como el Grupo Nación Media, el Editorial El País SA (Última Hora) y de la Editorial Azeta SA (Abc Color), con las copias certificadas de las publicaciones periodísticas realizadas por cada diario. Las publicaciones son claros indicios de filtración de documentos, y fue así que por ejemplo el Grupo Vierci remitió la copia de una publicación titulada “EMPRESAS DE CARTES PAGARON HASTA 50 MILLONES MENSUALES A BOIDANICH” y el Grupo Zuccolillo remitió una publicación titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO”.
La Fiscalía señala que en dicho artículo de prensa se realizó la filtración del pedido de carácter confidencial realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) por parte del Ministerio Público de Panamá. Igualmente, se encuentra la publicación periodística del 8 de mayo de 2022, titulada: “Abdo acusa a Cartes de dar millones a exjefe antilavado por su ‘silencio y complicidad’”.
En el expediente resalta la publicación “FISCALÍA DE PANAMÁ PIDIÓ ANTECEDENTES DE CARTES, REVELÓ EL MINISTRO GIUZZIO”. De este artículo, según cita el Ministerio Público, se desprende que Arnaldo Giuzzio estaría vinculado a la revelación de información de carácter confidencial.
Obra asimismo en el acta de imputación una respuesta dada por la Seprelad, referente al pedido hecho por la Fiscalía panameña a nuestro país. En ese sentido, en la misma se confirma que esta institución recibió la comunicación de carácter confidencial, estando a cargo Carlos Arregui y su mano derecha Carmen Pereira.
También se incluyó otra nota mediante la cual se informó quiénes eran los puntos de contacto de la plataforma donde se recibió la solicitud panameña, de donde surge que por la Policía Nacional el responsable era el comisario Luis López. Según la declaración testifical de este uniformado, Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad, le solicitó la remisión del pedido de informe de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá. Días después, conforme al Ministerio Público, este pedido fue filtrado a través de medios periodísticos por Arnaldo Giuzzio, siendo Arregui el único con acceso a dicho documento.
Aparece como agregado a la carpeta fiscal un informe técnico de la Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público en el cual se constatan las redes sociales del diario Abc Color, de la entonces senadora nacional Desirée Masi, y del actual diputado Mauricio Espínola. En tal sentido, de este informe se desprende, según la Fiscalía, que datos confidenciales vinculados a Seprelad fueron filtrados en medios periodísticos y redes sociales.
También figura un informe sobre el sitio web Distributed Denial Of Secrets vinculado a una ONG internacional que filtró todos los informes de inteligencia financiera de la Seprelad relacionados a Cartes. Y otro informe que compara y concluye la existencia de similitudes entre el informe de inteligencia y la publicación de Abc titulada “FULMINANTES DATOS SOBRE RED MONTADA POR HORACIO CARTES”.
La Fiscalía sustenta su imputación con la declaración testimonial del excomandante de la Policía Nacional Luis Ignacio Arias, que reza cuanto sigue: “El testigo tuvo conocimiento del pedido realizado a través de la plataforma por parte del Ministerio Público de Panamá, a través del comisario Luis López. Seguidamente, puso en conocimiento del entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien le ordenó que se comunique con el ministro de la Seprelad Carlos Arregui. Por ello, el testigo pidió al comisario principal Luis López que se comunique con el citado ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y tuvo conocimiento efectivo que el comisario entregó la solicitud de las autoridades de Panamá a pedido de Carlos Arregui”.
Así también en el acta de imputación figuran las declaraciones testimoniales de los funcionarios de la Seprelad, Derlis Ruiz Báez, Inés Yambay y Rocío Peña, todos asignados a la Unidad de Inteligencia Financiera de la institución.
El Ministerio Público incluyó en el expediente el informe de evaluación mutua de Gafilat al Paraguay, en el cual se enfatizaba la preocupación del equipo evaluador por la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Seprelad a medios de prensa y sitios de internet.
La Fiscalía además agregó a la causa una nota de la Seprelad, mediante la cual la institución informó que no pudo hallar en la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico algún informe realizado tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes; sin embargo, sí encontró un borrador de informe de inteligencia. Este consiste en un archivo Word, que a través de los metadatos del documento, se pudo determinar que su elaboración estuvo a cargo del autor DANIEL FARÍAS y la última modificación fue realizada por R.M. Fernández B. (el exministro René Fernández). La fecha de creación fue el 26/03/2022 a las 17:48, y la última modificación se realizó ese mismo día a las 21:58.
Entre las evidencias figura también el listado de personas que ingresaron a la Seprelad para reunirse con el ministro y otros funcionarios. En dicha nómina se encuentra por un lado una reunión mantenida entre Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio el día 16 de diciembre de 2021 a las 9:40, y por el otro, una reunión mantenida el mismo día 20 minutos después entre Carlos Arregui, Carmen Pereira y Guillermo Preda con Daniel Farías (funcionario del Ministerio del Interior).
La Fiscalía consta además de dos informes conclusivos remitidos por la Seprelad, uno por el sumario abierto para la averiguación de presuntos hechos de divulgaciones indebidas de información ocurridas durante el periodo 2021 y 2022, y otro por el sumario abierto ante la divulgación indebida de la información relacionada a la solicitud hecha por la Fiscalía de Panamá.
Varios correos electrónicos también obran en el expediente, tal como el remitido por el funcionario Francisco Pereira a Derlis Ruiz el 29 de marzo de 2022, en el que le envía el archivo Word creado por Daniel Farías y editado por René Fernández. El correo del 20 de mayo de 2022 de Guillermo Preda a Derlis Ruiz Báez, donde le envía juicios de valor con relación al expresidente Horacio Cartes a ser agregados al informe de inteligencia. El correo del 20 de mayo de 2022 remitido por Guillermo Preda a Derlis Ruiz Báez, en el cual le envía cuadros de facturaciones/salarios de Óscar Boidanich en Tabesa y de Santiago Peña en Banco Basa a ser agregados al informe confidencial.
Figura además un memorándum de 14 de enero de 2022, enviado por Carmen Pereira a Carlos Arregui con respecto a la publicación por medios periodísticos del formulario de la plataforma. Los correos electrónicos de Guillermo Preda dirigidos a Derlis Ruiz Báez, solicitándole la inclusión de prensa negativa con respecto a Horacio Cartes a ser enviado a Panamá. Y un compromiso de confidencialidad firmado por Carmen Pereira.
Otras notas incluidas son los decretos de designación de Arnaldo Giuzzio (Ministerio del Interior), René Fernández (Anticorrupción) y Carlos Arregui (Seprelad), así como en carácter de secretaria adjunta de la Seprelad de Carmen Pereira Bogado. Como así también la denuncia hecha por Giuzzio contra el expresidente Cartes y la grabación de su audiencia pública ante la Comisión Permanente del Congreso.
Además de la denuncia presentada por Horacio Cartes bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar el 31 de julio de 2023 y a este se le sumó la ampliación de la denuncia formulada el 30 de agosto de 2023. También se incluyeron la denuncia hecha por Unicanal el 5 de julio de 2022 y la denuncia de Santiago Peña del 30 de mayo de 2022.