El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentará hoy el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2024 (PGN 2024), además de comentar que las deudas del gobierno anterior superan los USD 1.000 millones.
El nuevo ministro de Economía, quien juró ayer, dijo que se contabilizará la situación actual del Estado de manera a transparentar la situación real de las finanzas públicas.
“Lo primero que debemos hacer es transparentar la verdadera situación, no es un presupuesto fácil, tenemos muchas rigideces, hemos buscado dar prioridad a salud, educación y seguridad, que son los sectores que serán los prioritarios en este nuevo Gobierno”, sostuvo.
Estimó que el déficit fiscal a final de este año podría subir por encima de lo que estaba estimado inicialmente en la administración anterior, cerrando en alrededor del 4,1 %. “Esto, no por una cuestión de mayores gastos por parte del nuevo Gobierno que inició ahora, sino porque en el anterior optaron por no contabilizar deudas que se tenían principalmente con farmacéuticas, constructoras y otras más pequeñas que cuentan”, explicó el economista.
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Poder Ejecutivo anuncia proyecto clave contra criptominería ilegal
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Con esta iniciativa de modificación se busca proteger la eficiencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y sus activos ante la sustracción en grandes cantidades de energía eléctrica por parte de establecimientos ilegales de criptominerías.
“La presentación al Congreso se realizará en las próximas horas, buscamos proteger a la Ande como empresa pública de una verdadera amenaza”, manifestó la alta funcionaria de Estado mediante una conferencia de prensa acompañada por el titular del ente eléctrico, Félix Sosa.
A la vez, en el proyecto se fija una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
La modificación del citado artículo también permitirá a la Ande requerir la administración o uso provisional de los bienes incautados y será, asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.
El proyecto ejecutivo surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Ande, el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
El robo de la energía eléctrica se encuentra tipificado solo como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
ENERGÍAS RENOVABLES
Mientras que la segunda propuesta planteada al Poder Legislativo se centrará en la modificación de varios artículos de la normativa que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales y no hidráulicas.
Carro explicó que la citada ley fue reglamentada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo. “Como toda política pública está siendo monitoreada en sus resultados, en sus mecanismos de articulación y se vio mediante una colaboración entre las instituciones involucradas en el tema energético que era necesario introducirle una modificación que asegure mayor interés de parte de los inversionistas que operan en el sector eléctrico y apuntando a una mayor diversificación de las fuentes de generación”, comentó.
De esta manera, la vocera mencionó que la iniciativa de modificación introducirá una innovación respecto al plazo, es decir, los contratos de los generadores, cogeneradores, transportistas y exportadores de energías renovables no convencionales con la Ande podrá ser de hasta un periodo de 30 años, actualmente el plazo es hasta 15 años.
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La oposición insiste en incluir los fondos de Itaipú en el PGN
La senadora del Partido Cruzada Nacional Yolanda Paredes presentó un proyecto de ley que plantea incluir los gastos sociales y ambientales generados por la Entidad Binacional Itaipú en el Presupuesto General de la Nación (PGN), para asegurar un mayor control.
De acuerdo a sus argumentaciones, actualmente no existe un control de la ejecución de los fondos por parte del Congreso Nacional y la Contraloría General de la República (CGR). La parlamentaria también sostiene que existen denuncias sobre la utilización discrecional de estos recursos.
Paredes refiere a la vez que ya existe un antecedente de inclusión de estos fondos en el plan de gastos, el cual se remonta en el gobierno de Fernando Lugo.
“Esta iniciativa también le asignará una partida presupuestaria definida, esto para que el dinero no entre todo en una bolsa y que al final no pueda ser controlado. Es un dinero bastante necesario por eso la urgencia de controlar estos fondos, metiendo en el PGN y que todos juntos como pueblo podamos verificar el destino de estos”, indicó a los medios de prensa.
Asimismo, la dirigente esteña propone que los fondos sean distribuidos de la siguiente manera: 70 % para la infraestructura eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), 10 % para el mantenimiento de las cuencas hidrográficas con el fin de mantener la operatividad de los ríos, y el 20 % para el sector de la educación, salud y el bienestar de los ciudadanos con discapacidad y adultos mayores.
“Un mayor monto irá para la Ande, porque Paraguay recibirá por última vez estos fondos denominados gastos sociales hasta el 2026, es por eso que debemos invertir de forma debida. Con todo este dinero tenemos que tratar que todo el sistema eléctrico del Paraguay mejore, comprando transformadores, cables”, puntualizó la legisladora.
Tras el reciente histórico acuerdo concretado entre el gobierno de Santiago Peña y su homólogo brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, consistente en el precio de la tarifa de Itaipú a USD 19,28 kW/mes hasta el 2026, Paraguay recibirá 650 millones de dólares en inversión social.
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Descartan introducir los fondos adicionales de Itaipú en el PGN
“Tenemos el compromiso firme de utilizar esos recursos en beneficio de todos los paraguayos, pero principalmente de aquellos más necesitados. Pedimos a la ciudadanía que constantemente estén vigilantes y que sean ese perfecto control que necesita todo Gobierno. No corresponde (incluir los fondos en el PGN). Va en el mecanismo actual de transparencia”, indicó.
De esta manera, el Gobierno manejaría dos alternativas para blindar los recursos: la creación de un fondo soberano o que siga siendo administrado por el Directorio de la entidad. La solicitud de incluir los fondos económicos en el plan de gastos fue planteada con insistencia por los legisladores de la oposición con la finalidad de blindarlos.
El gobierno de Peña anunció el pasado jueves la firma de un histórico acuerdo entre Paraguay y Brasil mediante la definición del nuevo precio de la tarifa de Itaipú equivalente a USD 19,28 kW/mes que irá hasta el año 2026.
Este valor implica que Paraguay recibirá 280 millones dólares en concepto de royalties, 650 millones dólares en inversión social, 265 millones dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital y otros. Esto hace un total de 1.250 millones de dólares por año y 3.750 millones en tres años.
Las negociación no solo permitirá a nuestro país obtener mayores rentas, sino que también posibilitará la venta de nuestro excedente eléctrico producido desde la entidad binacional, situación que es considerada como una reivindicación de nuestra soberanía energética. A la vez ambos Gobiernos acordaron finiquitar la renegociación del tratado de la binacional antes de que acabe el 2024.
SEPA MÁS
Titular del Congreso expresó su postura
El presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar, expresó su postura sobre la propuesta de algunos sectores de incluir en el Presupuesto General de Gastos (PGN) los recursos generados por la nueva tarifa energética de Itaipú, acordado en USD 19,28 kW/mes entre Paraguay y Brasil.
El legislador sostuvo que esto debe ser debatido a profundidad en las instancias que corresponden; sin embargo, su postura personal es que el Consejo de la Itaipú siga manejando estos recursos.
“Yo creo que Itaipú, como una entidad binacional que tiene sus procedimientos, su metodología de trabajo, y considero que se tendría que analizar muy bien. Particularmente yo seguiría con la misma lógica, pero eso se va a debatir. Esto es algo muy nuevo”, refirió a los medios de comunicación en el Senado.
Así también, indicó que incluir en el PGN no garantiza la transparencia de los recursos como cuestionan algunos sectores. “No te garantiza ninguna transparencia el hecho de que esté en el presupuesto general o que no esté”, refirió el titular legislativo.
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Santiago Peña descarta introducir los fondos adicionales de Itaipú en el PGN
En el transcurso de este martes, el presidente Santiago Peña confirmó que los recursos adicionales provenientes de Itaipú que recibirá Paraguay no serán incluidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN). El economista acudió hasta la Catedral Metropolitana de Asunción, donde participó del Te Deum en conmemoración del aniversario 213 de la independencia de nuestro país.
“Tenemos el compromiso firme de utilizar esos recursos en beneficio de todos los paraguayos, pero principalmente de aquellos más necesitados. Pedimos a la ciudadanía que constantemente estén vigilantes y que sean ese perfecto control que necesita todo gobierno. No corresponde (incluir los fondos en el PGN). Va en el mecanismo actual de transparencia”, indicó.
De esta manera el Gobierno manejaría dos alternativas para blindar los recursos: la creación de un fondo soberano o que siga siendo administrado por el directorio de la entidad. La solicitud de incluir los fondos económicos en el plan de gastos fue planteada con insistencia por los legisladores de la oposición con la finalidad de blindarlos.
El gobierno de Peña anunció el pasado jueves, la firma de un histórico acuerdo entre Paraguay y Brasil, mediante la definición del nuevo precio de la tarifa de Itaipú equivalente a USD 19,28 kW/mes que irá hasta el año 2026.
Este valor implica que Paraguay recibirá 280 millones dólares en concepto de royalties, 650 millones dólares en inversión social, 265 millones dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital y otros. Esto hace un total de 1.250 millones de dólares por año y 3.750 millones en tres años.
Las negociación no solo permitirá a nuestro país obtener mayores rentas, sino que también posibilitará la venta de nuestro excedente eléctrico producido desde la entidad binacional, situación que es considerada como una reivindicación de nuestra soberanía energética. A la vez ambos gobiernos acordaron finiquitar la renegociación del tratado de la binacional antes de que acabe el 2024.