Desde hace varios días, el presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, viene hablando de mejorar el ser­vicio de transporte público, y una de sus proyecciones es la adquisición de una flota de buses, para mejorar el servi­cio para la ciudadanía. Indicó que el modelo actual ya no puede ser utilizado.

“El sistema hoy claramente está agotado, el modelo está agotado, tiene que cambiar. Claramente esto es una alianza público privado, un servicio público, pero ope­rado por operadores priva­dos, y ahí hay culpar comprartidas”, refirió el mandatario en entrevista para el canal América TV.

Apuntó a una importante inyección de recursos por parte del Estado, para que finalmente la ciudadanía pueda contar con un servicio de calidad y eficiente, teniendo en cuenta las problemáticas que enfrentan a diario los usuarios del transporte.

“Por parte del Estado ha habido incumplimientos, por parte de las empresas ha habido incumplimientos, y acá tenemos que desplegar un nuevo sistema, donde el Estado tiene que hacer inver­siones importantes, va a tener que poner recursos, y como dije, yo quiero poner recur­sos sobre un sistema nuevo, eficiente, que realmente le dé un servicio de calidad a la ciu­dadanía”, refirió.

Una de las propuestas, en búsqueda de la solución de esta problemática, es la adquisición de una flota de 1.000 buses por parte del Gobierno nacional, estos buses serán operados por el sector privado, de acuerdo al presidente.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo mejorar el servicio del sistema del transporte público en Asunción y el área metropolitana planteando la transferencia del subsidio estatal de forma directa a los pasajeros mediante desembolsos en sus tarjetas de billetaje.

En la exposición de motivos, el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) afirma que el usuario tendrá empoderamiento en el uso de la plata pública, además obligará a los empresarios a mejorar su servicio, terminando con las reguladas y los buses chatarras. Al mismo tiempo garantiza que el transportista reciba el pago puntual por el servicio que brinda, evitando así su endeudamiento.

La iniciativa sostiene que el Estado, a través del Viceministerio del Transporte dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a partir de ahora se lo menciona como “la autoridad competente”, establecerá un sistema de tarjetas de transporte público único e intransferible para los usuarios del transporte público en el territorio nacional.

Lea también: Peña viajará a EE. UU. para defender la exportación de la carne paraguaya

El documento agrega que cada usuario tendrá derecho a registrarse y adquirir una sola tarjeta de transporte público, que será habilitada con la fotocopia de cédula y según los criterios de elegibilidad, cuyo número de cédula podrá registrar solo una tarjeta de transporte público.

Otro punto del proyecto de ley indica que la tarjeta podrá ser anulada en caso de extravío u otra situación fortuita y posteriormente ser habilitada una nueva tarjeta con la fotocopia de cédula de identidad del usuario, transfiriendo el saldo de la tarjeta anulada a la nueva habilitada.

Asimismo, refiere que las denuncias de extravío podrán ser realizadas en los locales comerciales habilitados para su comercialización. Agrega que el Estado a través de la autoridad competente organizará y se encargará de las mismas, será responsable del control y serán protegidas contra su duplicación y usos no autorizados.

Te puede interesar: Itaipú: Paraguay se mantiene prudente en negociaciones y resalta diálogos positivos

Por otra parte, manifiesta que el Estado asignará los subsidios directamente a las tarjetas de los usuarios en función de elegibilidad establecidos por la ley. Señala además que los criterios de elegibilidad para recibir subsidios podrán incluir los ingresos; aquellas personas cuyas entradas económicas no superen los cuatro salarios mínimos establecidos por ley.

Ciudadanos con discapacidades demostrada con una certificación del Instituto de Salud Pública, personas de la tercera edad, estudiantes o cualquier otro criterio que se considere apropiado para asegurar que los subsidios lleguen a quienes más lo necesitan.

Desde este domingo 10 de marzo se incrementaron los precios del gas de uso domés­tico en algunos emblemas del sector privado, mientras que en la estatal Petropar se man­tiene aún. El aumento que habrían aplicado sería entre unos G. 500 a G. 1.000 por kilogramo. Es lo que confirmó el empresario del sector pri­vado del gas, Ausberto Orte­llado, quien argumentó que desde hace más de 2 meses ya venían operando con subas de precios de parte de los pro­veedores internacionales. “Hace dos meses o más que tenemos una sistemática suba de precios de afuera, por un lado, esto es de origen ya, y el aumento que afrontamos es de más de G. 1.000 por kilo al convertir el precio interna­cional a guaraníes”, expresó a la 920 AM.

Fundamentó que el tam­bién incremento del precio del gasoil por parte del sec­tor privado de combustibles, que, si bien Petropar todavía no alzó, creen que desde la próxima semana también lo haría, situación que encarece bastante la logística y distri­bución del gas.”Es imposible aguantar así, por eso toma­mos la decisión de alzar nues­tro precio un G. 500 por kilo­gramo en el área central, y algunas zonas del interior sabemos que subió G. 1.000, incluso”, agregó Ortellado.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, destacó la importancia de que esta cartera de Estado administre los fondos orientados a la pensión del adulto mayor que, con la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pasa a su cargo, como autoridad máxima del órgano rector de los programas sociales. Se buscará mejorar el control en la ejecución y establecer un contacto cercano con los gobiernos departamentales y municipales que gestionan las encuestas sociales en los hogares.

“En este ministerio administramos programas sociales como Tekopora, Tenondera, Tekoha y otros y estamos con un trabajo permanente en todo el país en la administración de estos programas sociales. Y eso va a hacer que se pueda realizar un control cruzado y se pueda trabajar mejor”, señaló.

Rojas valoró que existe una fluidez en la comunicación con las gobernaciones y municipalidades que facilitan el trabajo de campo que lidera desde el MDS. “Tenemos una estructura de gente que están permanentemente haciendo el censo, la evaluación y orientación que nosotros llamamos guías de familia. Todo eso hace que genere una mayor eficiencia en la administración del programa de pensión alimentaria de adultos mayores”, significó.

Te puede interesar: Oficializan ajuste del 3,7 % en los haberes jubilatorios del IPS

El exdiputado colorado aclaró que la transferencia monetaria a los adultos mayores se dará en el marco de un proceso gradual, ya que este mes de enero los desembolsos todavía correrán por cuenta del MEF. Con ello, se busca evitar que se resienta el proceso de acreditación de los subsidios a los beneficiarios del programa.

Según los registros oficiales, actualmente unas 310.600 personas de la tercera edad perciben la pensión estatal de G. 632.000, y que a partir de este mes se incrementará a G.670.093.

El titular del MDS manifestó que el número de beneficiarios es muy dinámico, habida cuenta que sufre constantes vacancias por muerte de los abuelitos. “El Ministerio de Economía y Finanzas nos tiene que hacer la transferencia presupuestaria al Ministerio de Desarrollo Social y de la base de datos. Además, estamos preparándonos para habilitar un centro de atención ciudadana sobre este tema porque entendemos que hay muchos reclamos y averiguaciones. Vamos a hacer una estructura para que puedan estar muy bien atendidos los adultos mayores y sus familiares”, expresó.

Con respecto a la fecha de las acreditaciones, anunció que entre el 24 y 26 de cada mes las transferencias ya están efectivizadas para su cobro a través de los cajeros del Banco Nacional de Fomento (BNF).

“El MEF administra todas las finanzas del Estado y este es un programa social de subsidio y, lógicamente, el MDS debería y lo va a hacer el órgano responsable de su administración. Para este año 2024 no se ha previsto el aumento de probables beneficiarios por la sencilla razón de que el aumento presupuestario se dio por la variación del salario mínimo”, puntualizó el ministro Rojas, en conversación telefónica con Unicanal.

Leé también: Alertan sobre alta transmisibilidad de la subvariante de ómicron y piden vacunarse