Siguen sumando las declaraciones de frustración de los distintos grupos económi­cos del país, en especial de los comerciantes formales e industriales, quienes se ven directamente afectados por el esquema ilegal, pero tan libre en el que opera el con­trabando.

Esto, luego de que el último viernes se hayan evidenciado imágenes de circuito cerrado, registradas en junio del 2021, de cómo el personal militar y de la Policía Nacional cola­boraban con los contraban­distas para hacer cruzar las mercaderías de forma ilegal.

Al respecto, la 970 Universo AM - Nación Media, conversó con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, para cono­cer la inquietud de este sector tras los hechos mencionados, y expresó: “La indignación es grande, con todas estas evi­dencias los ánimos están bastante caldeados. Necesi­tamos una lucha firme y real contra este flagelo”.

Pero lo acontecido no es algo nuevo, pues la historia se repite constantemente, vol­viéndose parte de la histo­ria paraguaya e impregnada en la cultura local como un acto normalizado, que es lo que más preocupa y por lo que se deben tomar acciones más que firmes, sentenció el titu­lar de la UIP.

En comunicación con la 800 AM, Duarte explicó que las reuniones se hacen más comunes tras lo sucedido y entre todos los gremios que integran la UIP están solici­tando resultados reales, pero hasta el momento no se efec­tuaron acciones contra los responsables. “Tratamos de no perder la paciencia, pero tenemos más de 80 gremios encima y que nos dicen que no hacemos nada”, aseguró el titular a la emisora.

Si bien se habló de una inves­tigación hasta el momento los resultados son nulos por lo que se mantiene firme la apa­rente complicidad de las ins­tituciones encargadas de evi­tar este mal. “Yo estoy seguro que se conocen a los financis­tas (contrabando). Nosotros hemos brindado referencias y no tuvimos ningún tipo de retorno en cuanto a los resul­tados”, indicó Duarte.

Tras ver las imágenes, lamentan la desidia y complicidad de las instituciones públicas

Los principales sectores de la economía nacional, afecta­dos por el contrabando, exigen medidas del Gobierno tras salir a la luz, a través de un video de junio del 2021, pruebas de un esquema en que participan los propios funcionarios policia­les y militares del Estado para­guayo para ayudar a hacer cru­zar mercaderías de forma ilegal.

Al respecto, el presidente de la Cámara Paraguaya de Super­mercados (Capasu), Alberto Sborovsky, sentenció el hecho y aseveró que como país “no se puede sostener una situación como esta. Es escandalosa la forma en la que daban soporte a estas personas”.

El titular del gremio cree que se evidencia que esta situación viene dán­dose desde hace tiempo, así como en el peor momento de la economía, debido al impacto de la pandemia y las situa­ciones climáticas.

“Se visi­biliza la desidia y la compli­cidad en el peor escenario. Es un bochorno”, expresó Sboro­vsky en contacto con la 1020 AM. Mencionó que no con­sideran que solo se tenga que pedir la destitución del coman­dante de la Armada Paraguaya, el almirante Carlos Dionisio Velázquez Moreno (hermano del vicepresidente de la Repú­blica, Hugo Velázquez), al igual que el ministro Emilio Fúster, de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC); pues estos representan­tes de las fuerzas deben pedir disculpas a la ciudadanía e irse.

“Nos sentimos violados, los niveles de indignación y rabia son enormes. La parte más frus­trante es que sentimos que no estamos del mismo lado del barco.

Esto ya raya la tomadura de pelo”, agregó el referente gre­mialista. Remarcó que el país está viviendo momentos elec­torales que contaminan todo lo que uno pueda decir, pero lo que más les importa es que se pueda entender el daño que se está haciendo a toda una nación.

Con relación a la forma y en las cantidades que ingresan los productos de contrabando, para ellos es más que prueba de que no existen buenos con­troles y que lo peor es que tam­bién existen negocios formales que mezclan estos artículos de procedencia ilegal con los que sí pagan tributos, lamentó.