Miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), que nuclea a organizaciones campesinas y sindicales, advirtieron sobre una posible movilización en caso de no tener respuestas al pedido de asistencia y de emergencia nacional. La petición de declarar emergencia nacional se debe a los estragos que está provocando la sequía, con pérdidas cuantiosas en la producción agrícola y que se acentúan aún más con los incendios que se están dando en distintos puntos del país.
“Estamos expectantes ya que Senadores y Diputados convocaron a sesión extraordinaria para tratar el proyecto de emergencia nacional. Vamos a hacer una reunión y dependiendo de la decisión de Diputados vamos a ir a una movilización”, dijo a la radio 1080 AM Jorge Galeano, dirigente de la CNI.
Solicitaron a los parlamentarios declarar emergencia nacional, a más de una asistencia por sequía que contemple una serie de acciones, y que, en caso de no acceder, tomarán la medida de movilizarse en los distintos departamentos. La coordinadora solicitó una asistencia monetaria para las familias perjudicadas, debido a la complicada situación en la que están varias familias, muchas incluso en pobreza extrema. También demandaron la provisión de agua en forma urgente a las comunidades indígenas, además de los fondos de emergencia para la siembra, así como un seguro agrícola.
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Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
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Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
Duración del proceso
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.
Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.
El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.
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Declaran emergencia vial y sanitaria en la ciudad de Limpio
La Municipalidad de Limpio informó que a través de la resolución N° 0940 de la Junta Municipal de la citada ciudad se aprobó declarar estado de emergencia en la ciudad de Limpio por el fuerte temporal que ha ocasionado innumerables daños.
De acuerdo a la resolución, considerando que ante tan grave situación, la intendencia y la Junta Municipal deberán adoptar acciones conjuntas a fin de asistir a las familias que han sufrido las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza, en cooperación con las instituciones del Estado.
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Asimismo se dispuso construir una comisión de riesgo para el relevamiento de datos sobre las zonas que necesitan asistencia inmediata. Igualmente se convoca a una nueva reunión el día sábado 27 de abril para la revisión del presupuesto a ser utilizado, así como los trabajos a realizar en las zonas a ser atendidas en la ciudad de Limpio.
Donación
Los funcionarios municipales realizaron tareas conjuntas en la Plaza Silvestre Aveiro con la finalidad de brindar apoyo a los damnificados del temporal de la fecha. Los mismos se encargan de la recepción de las donaciones de alimentos no perecederos, ropas y calzados. A su vez, elaboraron el almuerzo para los voluntarios que desde tempranas horas han realizado las asistencias correspondientes a los afectados.
También la Cruz Roja está cooperando para asistir a los ciudadanos de Limpio que se vieron afectados por el fuerte temporal que azotó la referida zona.
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Junta Municipal de Luque conforma comité de emergencia tras intenso temporal
El presidente de la Junta Municipal de Luque, José Manuel Achucarro Gill, convocó a una sesión extraordinaria de carácter urgente para la conformación de una comisión de emergencia, a fin de atender las dramáticas consecuencias registradas a raíz de las intensas lluvias de hoy miércoles, en la ciudad luqueña. La propuesta fue presentada por la concejala (PLRA) Belén Maldonado. Los concejales aprobaron la moción y aprobaron la integración del comité de emergencia, con el objetivo de buscar una salida a los problemas ocasionados por las intensas lluvias.
Este miércoles a tempranas horas, el raudal arrastró un vehículo en el que viajaban cinco personas, de las cuales dos mujeres, madre e hija, fallecieron. Se trata de Sara Benítez, madre de Nilda Luján Barrios Benítez, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado a unos 30 metros del lugar del percance, detrás del club Balderrama, en un arroyo del barrio San Juan.
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Los otros tres hombres, agentes del Grupo Lince, lograron salir con vida del vehículo marca Toyota, modelo Premio, color gris humo. Estos policías iban con destino a Asunción para participar de la ceremonia de egreso de agentes del Grupo Lince.
Concejales de diferentes partidos que integran la Junta Municipal de Luque, en estos momentos, están analizando la propuesta de conformar una comisión de emergencia. Señalaron la necesidad de acudir al apoyo de varias instituciones para proceder a los trabajos de limpieza de cauce hídricos y por otro lado permitir la construcción de obras (canal pluvial), etc.
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Diputado destaca la política de seguridad del Gobierno
El diputado independiente Rubén Rubin celebró este miércoles la incursión de una nueva camada de 507 agentes del Grupo Lince y solicitó al gobierno de Santiago Peña impulsar una constante capacitación de los agentes para el cumplimiento efectivo del combate contra la inseguridad.
“El Gobierno está cumpliendo su promesa de triplicar el grupo Lince, también en lugar de sacar 1.000 nuevos policías al año vamos a comenzar a sacar al año 5.000 nuevos policías; esto es un ritmo que realmente el país nunca tuvo”, puntualizó. Durante su intervención en la sesión ordinaria de la Cámara Baja de este miércoles el legislador sostuvo que “el gobierno anterior sacaba más o menos 50 linces por año, este gobierno acabó de sacar 1.200 en ocho meses, sin dudas el ritmo es el adecuado”.
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Los agentes linces se incorporarán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional para reforzar la lucha contra la inseguridad tanto en las zonas urbanas como rurales. “No tenemos que convertir la lucha en contra de la inseguridad en una simple estadística, esto tiene que ser real y para eso la capacitación tiene que estar en el centro de la modernización de la Policía Nacional”, indicó el dirigente político de la oposición.
Reglamentar uso de videocámaras corporales
Por otra parte, el congresista urgió al Poder Ejecutivo reglamentar la ley 6757 que establece el uso obligatorio de cámaras corporales en los procedimientos de allanamientos, detenciones, secuestros y otros operativos que realicen agentes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y municipios.
Agregó que su inmediato cumplimiento contribuirá en el proceso de modernización de la Policía Nacional. “Hablé con el ministro del Interior Enrique Riera y le manifesté que presentaré un proyecto de declaración que le insta al Ejecutivo a reglamentar la implementación de cámaras en el pecho de los efectivos. Esto me parece muy importante porque hoy existe una desconfianza para con la fuerza pública, la corrupción también llegó a esta institución (Policía Nacional)”, indicó.
La norma fue promulgada en junio del 2021 por el entonces gobierno de Mario Abdo Benítez, sin embargo, su cumplimiento aún no es efectivo, lamentó Rubin. “Creo que le dará tranquilidad al pueblo paraguayo su reglamentación e implementación. Esta mal decir que esta ley se encuentra activa porque no vemos policías con cámaras de seguridad en el pecho. Se estará grabando todo el procedimiento, será una forma de transparencia”, remarcó.
El organismo regulador será el Ministerio del Interior, que debe proponer la reglamentación de la ley en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información (Mitic), el Ministerio Público y la Secretaría Anticorrupción (Senac).