Deuda del Estado con constructoras trepó a US$ 250 millones
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Empresas constructoras aseguran que las condiciones con las que hoy se encaran las obras públicas se complican y en algunos casos ya son insostenibles, debido a la falta de pago por parte del Estado a las empresas por obras ejecutadas. El monto asciende a US$ 250 millones. El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Ing. Paul Sarubbi, explicó que el atraso de pago en concepto de certificados de obras al sector de la construcción genera una serie de situaciones que repercuten en una ralentización de la ejecución de las obras públicas.
Detalló que ante la falta de recursos, varias firmas proveedoras tienen dificultades en dar materias primas para que las constructoras encaren sus respectivas obras, lo que se refleja en una disminución en la ejecución de los trabajos que realizan. “Estamos pendientes de un préstamo programático de US$ 100 millones que se encuentra en el Congreso. Hasta el momento no sabemos si será o no aprobado, mientras seguiremos aguardando”, explicó el titular de Cavialpa.
Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Daniel Díaz de Vivar, comentó que se ven obligados a atrasar el pago de las cuotas a los bancos por las inversiones realizadas para la adquisición de maquinarias, tecnologías, capacitaciones a los personales, entre otros aspectos. “Las inversiones que realizamos las financiamos a 5 o 7 años y las mismas las hemos hecho, justamente, teniendo una previsibilidad del Estado en cuanto a las obras que debían ser encaradas a un ritmo mayor, pero no se pueden realizar, teniendo en cuenta el contexto sanitario que vivimos y que ciertos recursos fueron redireccionados”, explicó.
Fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo realizaron ayer una intervención de un consorcio hotelero en Asunción, para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del Departamento Judicial del IPS, en “Dos en la ciudad” de canal GEN/Nación Media.Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló. Afirmó que hoy jueves los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso.
IPS aguarda ejecución de sentencia para que consorcio hotelero salde millonaria deuda
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Este jueves, fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Trabajo realizaron una intervención de un consorcio hotelero en Asunción,para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del departamento Judicial del IPS, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló.
Afirmó que hoy jueves, los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso. “Nos llevamos la sorpresa de la acción presentada y que es meramente dilatoria. La deuda total con la previsional asciende a G. 31.900 millones”, puntualizó.
El profesional indicó que han tenido conversaciones con los representantes de la empresa y que tenían las intenciones de poder saldar la deuda, pero no avanzaron. “Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de ingreso al IPS, ni formalmente donde ellas han reconocido que tienen una deuda con el instituto”, refirió.
Por iniciativa del diputado colorado Rubén Roussillon, el plenario aprobó el pedido de informe sobre deuda a la Caja de Jubilaciones y Pensiones municipal. Foto: Gentileza
Diputados aprobó pedido de informes a la caja jubilatoria municipal
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La Cámara de Diputados aprobó en la última sesión plenaria el proyecto de resolución por el cual solicitan informes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, por iniciativa del legislador colorado Rubén Roussillón, representante de Presidente Hayes.
De acuerdo al informe de la Cámara Baja, este documento busca cuantificar los municipios aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, ordenados por departamentos. Además, pide detallar las demandas presentadas por la entidad contra gobiernos locales, con especificación de municipios, año de presentación y la deuda reclamada.
Otros puntos incluidos en la propuesta son la especificación del total de municipios asociados, ordenados por departamentos; el detalle de quiénes se encuentran al día con sus aportes, y quiénes adeudan y en el caso de los municipios deudores, el detalle del total de la deuda por cada municipio, a la fecha, con discriminación de capital e interés.
El documento requiere además identificar los municipios con los que se concertó refinanciamiento de deuda mediante acuerdos o convenios, con detalle de los montos adeudados. Finalmente, el pedido de informes pide los estados contables y la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al cierre del primer cuatrimestre del año 2024. La iniciativa tuvo visto bueno en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas.
Plantean que el Estado tenga su propia flota de buses
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El senador José Oviedo presentó este viernes un proyecto de ley que plantea la creación de la Secretaría Nacional de Transporte (Senatran) y la Empresa Nacional de Transporte Público de Pasajeros (Enatrapp), a fin de ordenar el tráfico urbano y suburbano, mejorando el servicio público de transporte de pasajeros.
“Queremos que el Estado preste el servicio y ya no depender de los chantajes de las empresas privadas, que entre a competir. Tendrá su itinerario tanto en el área metropolitana y rural, es un proyecto que pretende solucionar definitivamente el problema del transporte público. Yo espero contar con el consenso necesario para su aprobación”, puntualizó Oviedo en una conferencia de prensa.
La propuesta indica que la Senatran será un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, de derecho público, con domicilio en Asunción. La estructura orgánica básica estará conformada por el Gabinete del Ministro Secretario de Transporte, la Dirección General de Planificación de Transporte, la Dirección General de Transporte Metropolitano y la Dirección General de Transporte Nacional e Internacional.
En la exposición de motivos la iniciativa refiere que “el transporte público de pasajeros a nivel urbano y suburbano es de pésima calidad en toda la República y en particular en el área metropolitana de la ciudad de Asunción, donde se concentra el mayor volumen de tráfico de pasajeros urbano y suburbano del país”.
Asimismo el documento indica que “la actual modalidad de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos se basa en concesiones, en general permisos otorgados hace 70 años y más, sin existir un plan de tráfico y transporte público urbano y suburbano, principalmente para el área metropolitana de la ciudad de Asunción”.
La propuesta sostiene además que “mientras que la Ley de Concesiones establece que ninguna concesión, o permiso, podría prolongarse por más de 30 años, la mayoría de los itinerarios concedidos a empresas privadas llevan mucho más de tal plazo de tiempo. Pero lo más grave es la pésima calidad del servicio y la congestión que se verifica en el AMA, en Ciudad del Este y su área metropolitana, principalmente, debido a la falta de una adecuada planificación”.
Mientras que la Enatrapp se constituirá como empresa pública, autárquica, descentralizada de la Administración Pública, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio, prestador del servicio de transporte público de pasajeros en las áreas urbanas y metropolitanas de Asunción, cabeceras departamentales y demás centros urbanos del país que lo requieran.
El proyecto mencionada que la firma se financiará con sus propios recursos y los fondos previstos del Tesoro, que actualmente se destinan al sistema de transporte público. Desde el inicio de la prestación del servicio, la totalidad de los ingresos y egresos provenientes de sus servicios serán administrados única y exclusivamente por la Enatrapp, que está plenamente autorizada para contraer créditos y realizar todas las actividades propias de su función, según las normas establecidas en esta ley y la legislación vigente.
Agrega que la empresa será administrada por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo, y por un Consejo de Administración, integrado por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Senatran y por un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También lo integrará un representante de la Contraloría General de la República, con voz pero sin voto.