Por Eugenio Aranda, eugenio.aranda@gruponacion.com.py
Sin duda alguna, al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le tocó un periodo complicado, iniciando su primer año de gobierno con una recesión económica regional y local, que puso fin a los años de prosperidad económica vista en ejercicios anteriores. La caída de la producción de soja en la campaña 2018/2019 a raíz de la sequía complementó los efectos de la recesión económica en la región, e hizo estancar la economía paraguaya en el 2019. A esto se sumó la llegada de la pandemia del covid-19 a Paraguay en marzo del 2020, que desbarató las ilusiones de una posible recuperación. Con este panorama, cumple hoy 3 años de gobierno y para obtener una visión especializada, renombrados economistas, que alguna vez ocuparon un importante cargo público: Hugo Royg, ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), y César Barreto, ex ministro de Hacienda, analizan el panorama.
Para el economista Hugo Royg, en la gestión política de un presidente, su acción es política, pero son los resultados económicos y sociales con las familias y empresas de un país los que permiten establecer criterios de evaluación. Afirma que el resultado económico en estos 3 últimos años muestra que la economía local tiene una evolución orgánica con tasas positivas debido a las fortalezas y capacidades existentes en los sectores productivos privados. Sostuvo que la gestión de coordinación de políticas públicas (económicas y sociales) es la que ha demostrado lentitud y poca claridad en lo que concierne a las prioridades y urgencias para las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y para el bienestar de las familias.
Royg analizó la gestión de la política fiscal, donde destaca el esfuerzo tributario realizado, tanto por la reforma tributaria hecha como por el incremento de la recaudación y de la formalización. También resalta el incremento en la capacidad de gestión de proyectos de inversión en infraestructura y la capacidad de atención de la salud a la población. Afirma que definitivamente, la gran deuda está en las acciones claras y decididas en evitar y sancionar los actos de corrupción en el sector público, que según su punto de vista, hay un aumento de la corrupción. Otra deuda que incluye en el ámbito de la gestión de la política fiscal es el análisis de la calidad y pertinencia de la deuda pública.
El economista César Barreto sostiene que el actual gobierno supo de alguna manera manejar bien la pandemia el año pasado, con cuarentenas iniciales estrictas y un programa de apertura gradual de sectores, combinados con un incremento importante en la inversión en infraestructura y un programa de transferencias que llegó a casi 2 millones de personas. Todas estas acciones estuvieron apoyadas en un sector agropecuario que no paró y tuvo resultados muy positivos, ayudando a que la caída de la economía en el 2020 fuera pequeña frente a otros países de la región y el mundo. Pero hubo una mala gestión en la compra de vacunas que puso en un enorme riesgo la recuperación económica este año, dijo Barreto.
Dentro de su análisis incluyó la falta de avance en la negociación del Anexo C de Itaipú, calificando el hecho como un punto preocupante. Dijo que por años se viene esperando este momento para buscar obtener más recursos una vez que la hidroeléctrica termine de pagar su deuda, pero que en las condiciones actuales ve difícil que se pueda lograr un acuerdo definitivo e implementable en menos de 3 o 4 años. También tocó la cuestión del IPS con relación al fondo de jubilaciones. Consideró que en esta problemática hubo un gran retroceso, ya que la ley de creación de la superintendencia de jubilaciones y una regulación de la inversión de los fondos jubilatorios fue descartada al inicio del Gobierno y se aprobaron ampliaciones de beneficios para el personal de blanco, mientras que la caja fiscal sigue en un rápido deterioro financiero. “Tampoco se logró controlar ni racionalizar el reajuste salarial de maestros, el cual no considera factores de mérito ni desempeño hasta ahora. Solo el reajuste de este año costará unos US$ 130 millones anuales a los contribuyentes, sin mejorar en nada la calidad de la educación”, puntualizó.