La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay rechaza enfática­mente “la arbitraria práctica de la Subsecretaría de Tri­butación del Ministerio de Hacienda de publicar y pre­tender aplicar normas con carácter retroactivo, a tra­vés de la Resolución General Nº 90 del 11 de mayo del 2021. Un ejemplo cercano lo cons­tituyó el malogrado Decreto 6560/2016, lo que muestra que la práctica enquistada no depende del administra­dor de turno, sino que es una cuestión de cultura interna que debería ser radiada de la práctica institucional de este importante organismo esta­tal”, expresa.

Agrega que la designación de ciertos contribuyentes como agentes de información retroactivo a enero del 2021 en adelante, es inadmisible desde el punto de vista cons­titucional y legal, además de ser por demás inoportuna en la actual coyuntura socioe­conómica consecuencia de una terrible pandemia, lo que transmite que las autorida­des de la SET no reconocen la realidad del país. El covid-19 y sus secuelas colapsó el sis­tema de salud, cuando aún no se adquirieron vacunas sufi­cientes. Entre tanto las diver­sas actividades comerciales y de servicios se resienten por las medidas sanitarias, repo­sos, cuarentenas, y la natural caída del consumo que afecta negativamente el ingreso de miles ciudadanos y empresas. En momentos donde se dan el cierre de empresas y pér­dida sostenida de empleos en el sector privado, los planes de apoyo presentados son insu­ficientes para la subsistencia de rubros más afectados por la pandemia y, por el contra­rio, se los condena inexorable­mente al cierre, aclara.

Indica que al parecer Tribu­tación está totalmente ajena a la realidad y, obnubilada por su afán de recaudar solo piensa en el diseño y puesta en vigencia de más y más meca­nismos burocráticos que lo único que hacen es obstaculi­zar la actividad del contribu­yente que desea trabajar for­malmente, imponiendo en la práctica todo tipo dificulta­des para quien –por ejemplo– requiere y le corresponde legí­timamente un “timbrado” o un “CCT C”. Aparte de ello, se tomaron medidas administra­tivas que limitan en alto grado la atención oportuna al contri­buyente, ya que el sistema de atención vía correo electrónico en servicios es a todas luces ineficaz e ineficiente, mien­tras se desdeña el uso mejores prácticas como, por ejemplo, el uso de la firma digital.

La administración fiscal en la última década, bajo el rótulo del deber de colaboración, ha venido sistemáticamente car­gando al contribuyente con cada vez mayores obligacio­nes formales, traspasando los costos de fiscalización al pro­pio aportante. La Cámara con­dena toda práctica de políticas arbitrarias como lo es la inten­ción de aplicar normas retroac­tivamente, y apoyará decidi­damente la adoptación de las mejores tecnologías para la verificación y control de las ope­raciones de los contribuyentes, siempre que ellas sean imple­mentadas en tiempo oportuno y que el fisco brinde servicios de calidad que faciliten el día a día del contribuyente.

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