Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patricio Vallejos, director de investigación de la institución, refutan las mentiras de Abc.

• Por Cinthia Mora

La estrategia mediá­tica instalada desde el Grupo Zuccolillo para defender al expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete consiste en sistemáticas campañas de desprestigio contra fun­cionarios que colaboraron para esclarecer el opera­tivo de montaje y filtración de informes de la Seprelad con fines políticos.

En todas las publicacio­nes realizadas por el medio abdista, que amplifican la versión de los abogados defensores de los imputa­dos sobre la causa penal abierta por las filtraciones, existen más cuestionamien­tos y ataques al trabajo de la Seprelad y la Fiscalía antes que hacer mención a los gra­ves hechos mencionados en el acta de imputación.

Una de las afectadas por la campaña de ataques es Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.

La funcionaria fue acu­sada, sin fundamentos, por el diario Abc de ser “partí­cipe” de las filtraciones en el mes de enero de 2022, ya que la misma, supuestamente, ejercía el rol de “punto de contacto” del sistema que recibió el pedido de infor­mación de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes.

Documentación mediante, se desmonta una de las tan­tas mentiras de Abc y se prueba la versión de Alca­raz, quien afirmó que recién tuvo acceso al sistema men­cionado el 8 de marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtra­ción a los medios Abc Color y Última Hora, y de la decla­ración del entonces minis­tro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el res­ponsable de revelar públi­camente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña.

La investigación interna de la Seprelad proveyó a la Fiscalía datos del registro informático de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, testimonios de funcionarios e informa­ción precisa sobre los par­tícipes del montaje de una oficina paralela dentro de la institución exclusivamente para perseguir a los enemi­gos políticos del gobierno de turno.

Juan Patricio Vallejos Riart, actual director de Investiga­ción Jurídica de la Seprelad, desmintió las publicaciones del diario Abc donde se ase­guraba que el mismo cobró doble remuneración.

La versión difundida por Abc es que, entre julio de 2022 y julio del año pasado, este funcionario cobraba simultáneamente en dos entes públicos. Uno de ellos era el Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados, como director de Gestión Interna, mientras que el otro era el Ministe­rio Público, como asistente fiscal.

El funcionario acreditó, documento de por medio, que nunca se benefició cobrando doble salario. La resolución 2161 de fecha 15 de junio de 2022 de la Fis­calía General del Estado le otorgaba permiso sin goce de sueldo desde el 1 de julio de 2022 hasta julio de 2023.

Sobre el desempeño de sus funciones al frente de la Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad y los resultados de la investiga­ción interna sobre las filtra­ciones señaló, en contacto con nuestro medio, que solo se limitó a realizar sus fun­ciones en el marco de lo que la ley establece.

El Viceministerio de Transporte cuenta con una nueva autoridad, Emiliano Fernández, quien asumió al cargo el pasado 22 abril y afirmó que al tomar las riendas de la institución, se enfocará en soluciones que tengan un impacto directo en la ciudadanía en el corto plazo, como la frecuencia nocturna e integración de tarifas, así como también apuntará a cambiar el modelo que produce dolor a los usuarios del transporte público, según manifestó.

“Mi obsesión es poder generar ya un alivio a la gente y en menos de un año poder tener medidas que impacten en la ciudadanía, como la integración de tarifas, que ya existe en otros países, es decir, pagar solo una vez el pasaje, también la frecuencia nocturna, esas son acciones que podemos hacer mientras diseñamos la reforma”, expresó.

El viceministro estuvo como invitado en “Fuego Cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, en este espacio, señaló que alrededor de 600.000 personas forman parte del universo que utiliza el transporte público en Asunción y en el Área Metropolitana e indicó que existen falencias en todos los ámbitos que hacen que tomar el bus, sea un calvario para la ciudadanía, lo que ha generado una frustración acumulada.

“Esta política pública llamada transporte público, que es obligación del Estado está fallando a la gente y no está fallando en un solo punto. Cada componente del sistema de transporte público que involucra a la flota, la frecuencia, los itinerarios, subsidios, tarifa técnica, calidad de los transportes, en todo este recorrido todo falla, hay una falla sistémica, todos los componentes del sistema público están fallando”, aseveró.

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Fernández ya se ha reunido con organizaciones civiles como Colectivo y Opama, con los empresarios, con los representantes del billetaje electrónico y con otros actores más que forman parte del sistema. Ante ellos ya fue expuesta la visión de trabajo y la intención de cambiar en definitiva el sistema de transporte y que sea el Estado el que tenga pleno control sobre el mismo.

“Vamos a generar una política nueva de transporte público, vamos a generar espacios, vamos cumplir la ley y cuando tengamos el nuevo modelo de transporte público, serán las nuevas reglas de juego del Estado, el que se sube, se sube y el que no, tiene el campo del sector privado abierto con muchas cosas para hacer”, sentenció.

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El viceministro aseguró que parte del trabajo a realizar será la visita in situ a las paradas de ómnibus, de modo a contrastar si es real lo que se manifiesta en los papeles, así también, conocer la realidad de las empresas y la razón por la cual no se cumple con la frecuencia y con la calidad de los buses.

Asimismo, las normas que regulan al transporte público, también deben ser evaluadas, dado que las legislaciones ya datan de varias décadas y las sanciones no tienen ningún impacto que obligue al empresario a mejorar su servicio. “Hoy la normativa es obsoleta”, cuestionó.

El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.

La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

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Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.

Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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El senador Basilio Núñez des­tacó la posibilidad de mejo­rar el sistema de transporte público en el departamento Central, apuntando a una labor colaborativa no solo entre diferentes sectores del Poder Legislativo, sino con la propia Gobernación de Cen­tral y autoridades ministe­riales.

“Celebro que el goberna­dor de Central se sume a la mesa de diálogo porque ya existe una establecida por el Poder Ejecutivo, sin men­cionar los diálogos que esta­mos llevando adelante con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión”, destacó sobre la búsqueda de una solución integral.

Las declaraciones del sena­dor responden a la presenta­ción del gobernador Ricardo Estigarribia, junto con legis­ladores de la oposición, de una propuesta de reordenamiento del servicio del transporte público en su departamento, apuntando a un mejora­miento de dicha prestación.

De acuerdo a la propuesta de Estigarribia, se habla de reor­denar los itinerarios, reali­zar pagos de subsidio por kilo­metrajes recorridos y no por pasajeros. Al respecto, Núñez ya adelantó que no considera dicho cambio en el subsidio como una alternativa válida.