Un reciente estudio realizado por Miller & Chevalier, en coo­peración con la consultora CPA Ferrere, revela la debi­lidad de Paraguay en cuanto a la política para combatir la corrupción. Menciona que se encuentra entre los países con el nivel de compliance (con­formidad) menos desarrolla­dos, junto con Bolivia, Ecua­dor, Nicaragua y Panamá. En Paraguay, el 57% de las empresas tiene políticas de anticorrupción, comparado con el promedio regional de 84%. El 62% aplica cláusulas sobre anticorrupción en sus contratos, comparado con el promedio regional de 70%.

Por otro lado, el 67% tiene procedimientos de obse­quios, viajes y entreteni­miento, comparado con el promedio regional de 69%, señala el reporte “2020 Latin America Corruption Survey”, divulgado ayer. En cuanto a la metodología, del 20 de enero al 25 de febrero del 2020, Miller & Chevalier se unió con 14 firmas de América Latina en 18 países para distribuir una encuesta por correo elec­trónico a personas que traba­jan en una amplia sección de empresas de Estados Unidos y América Latina.

La encuesta, disponible en inglés, español y portugués, se completó por 946 encues­tados. Las firmas participan­tes fueron BLP (Costa Rica), Brigard & Urrutia Aboga­dos (Colombia), Carey y Cía (Chile), Beccar Varela (Argentina), Demarest Advo­gados (Brasil), Ferrere Abo­gados (Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay), entre otras. El 20% de los encues­tados se identificó como abo­gados internos de la empresa, el 20% como alto ejecutivo, el 17% como directores, y 9% como oficiales de com­pliance. Cincuenta y dos porciento de los encuestados trabaja en empresas locales/ regionales y el 47% en empre­sas multinacionales. El 26% de los encuestados trabaja en empresas que cotiza en bolsa en Estados Unidos.

En el caso de Argentina, las empresas de prácticamente todos los encuestados tienen políticas, y la gran mayo­ría realiza sesiones de capa­citación y de due diligence (diligencia debida) frente a terceros. Las empresas con procedimientos para obse­quios, viajes y entreteni­miento para funcionarios han aumentado del 78% en el 2016 al 91% en el 2020, mientras que el promedio regional del 2020 es del 69%. Casi todos los encuestados de Brasil (94%) afirman que sus empre­sas ya tienen políticas de anti­corrupción, en comparación con el 88% en el 2016, mien­tras que el promedio regional del 2020 es del 84%.