Un total de 35 diputados de la oposición y de la disidencia colorada oficializaron la presentación del libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

El documento, impulsado tras la crisis financiera en torno a ueno bank, ingresó formalmente a la Cámara Baja con las firmas de respaldo necesarias.

El planteamiento contempla causales por presunto mal desempeño de funciones y conflicto de intereses, abriendo un escenario de intensa puja por los votos requeridos para su aprobación legislativa.

Para lograr avanzar en el proceso de destitución, la oposición requiere de seis diputados más, a fin de lograr el quórum justo de una sesión, y con 27 votos, mayoría de dos tercios de los presentes, ya procedería la activación del juicio político. Una vez aprobado el proceso, la Cámara de Diputados debe designar a los fiscales acusadores y remitir a la Cámara de Senadores que actúa como juez de este proceso.

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“Es muy importante que demos la visión de que nos preocupa el pueblo y queremos dar respuesta al tema”, sostuvo el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, luego de expresar este miércoles su total respaldo al equipo de agentes designados en la causa ueno bank.

“Vengo a dar respaldo a la gente que trabaja y operativiza. Desde el comienzo hemos dado atención de efectuar la persecución penal. A consecuencia del acontecimiento penalmente relevante el efecto inmediato de lo penal es que alguien debe pagar con las consecuencias y en ese orden se pone en movimiento todo el bagaje de actividades que tiene el Ministerio Público y ya dimos respuestas con los hechos”, indicó a los medios de comunicación.

Rolón mencionó que entre las acciones fundamentales que impulsará el equipo de fiscales conformado por Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón, será recabar pruebas en el extranjero. “En el caso se actuó en forma presta, se tiene la información y se está trabajando con los procesados para que ejerzan su derecho de descargo. Indudablemente hay muchas aristas que atender, probablemente la recuperación de activos se deba realizar por vías internacionales, acá se habla de algunos bancos del exterior que intervienen o que de alguna forma captaron los ahorros”, dijo.

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La reunión también contó con la presencia del fiscal adjunto Manuel Doldán y se realizó en la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, donde se encuentran los ocho directivos de ueno bank.

Al ser consultado sobre si mantuvo conversaciones con el jefe de Estado, Santiago Peña, con relación al conflicto, dijo que: “Si hablara conmigo no tengo ningún problema en decirlo, el sistema de gestión está marcado en el artículo tercero de la Constitución Nacional que se refiere a la independencia, coordinación, armonía y recíproco control. En otras ocasiones suelo hablar, pero en esta ocasión ninguna”, mencionó.

Señaló que “ya hay que cambiar ese chip donde la gente cree que por hablar con alguien, ya hay una especie de instrucción que se recibe. El Ministerio Público es independiente, autónomo funcional y administrativamente para realizar las actividades de su gestión”.

Los ochos directivos detenidos son: Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada.

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El conglomerado de medios que se hizo conocer como VMedia, parte del Grupo Vázquez, cesó sus operaciones en la mañana de este miércoles. Trabajadores de las emisoras y medios escritos sufrieron la suspensión de sus contratos laborales, por el plazo de 90 días.

“Nos informan ahora de la suspensión de contratos y sin goce de sueldos, además cese de actividades de Radio Latribu650AM. Quedamos con los salarios congelados y la Radio fuera del aire, igualmente afecta a Diario La Tribuna, Crónica y Radio SuperDepor1120”, publicó el periodista Gustavo Fretes, en X, luego de la notificación por parte de la patronal.

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De acuerdo a lo informado por Universo 970, la interrupción del contrato es de 90 días.

“Una escribana leyó la decisión del Grupo VMedia. La Dra Alejandra Peralta por el Ministerio del Trabajo y los sindicalistas del SPP participaron del anuncio. Hay compañeros muy afectados por la decisión y quiera Dios se pueda solucionar este drama”, agregó en su posteo.

El Banco Central del Paraguay (BCP) determinó el proceso de disolución de ueno bank y la medida fue ejecutada en la madrugada del martes. El banco era el principal sustento del conglomerado empresarial, que incluye a los medios de comunicación, ahora cerrados temporalmente.

Desde 2025 y en los primeros meses de 2026, el Grupo Vázquez compró canales, periódicos y radios. En el caso de trece y Unicanal retornaron al Grupo JBB, propiedad del empresario del rubro de entretenimientos, Javier Bernardes.

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La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) trabaja con el equipo interventor del Banco Central del Paraguay (BCP) para identificar los créditos otorgados a través de ueno bank con recursos de la banca pública y establecer nuevos canales de pago para los clientes. La presidenta de la institución, Stella Guillén, aseguró a Gen/Nación Media que el proceso administrativo no afectará las condiciones de los préstamos ni la calidad crediticia de los beneficiarios.

La medida alcanza tanto a los créditos de vivienda como a los destinados a otros sectores, entre ellos el productivo y forestal. Guillén explicó que el primer paso consiste en individualizar la cartera financiada con recursos de la AFD, para luego recuperarla mediante el mecanismo de privilegio de cartera previsto en la legislación de la entidad. Esto permitirá que la administración de esos préstamos vuelva a manos de la agencia.

“La ciudadanía tiene que tener la máxima tranquilidad: esto no va a implicar ningún cambio en las condiciones del crédito que hayan tomado, en plazos ni en tasas”, enfatizó la titular de la AFD.

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Una vez recuperada la cartera, la institución deberá definir cómo continuará la administración de los préstamos. Entre las alternativas se contempla transferir los créditos a otros bancos o cooperativas interesados en adquirirlos, o recurrir a un fideicomiso. En cualquiera de los escenarios, la AFD tendrá la responsabilidad de comunicar a cada beneficiario dónde y cómo deberá realizar sus pagos, a través de los canales oficiales.

“En el medio de ese proceso, ninguna condición puede ser alterada para el ciudadano en términos de plazo, de tasa y tampoco puede implicar un costo adicional por retrasos”, afirmó Guillén. Asimismo, aclaró que las eventuales demoras en la habilitación de los nuevos mecanismos de pago no deberán perjudicar el historial ni la calificación crediticia de los clientes.

Respecto al plazo para restablecer estos canales, la presidenta evitó establecer una fecha concreta, aunque señaló que ya se remitió formalmente al equipo interventor la información sobre el tamaño de la cartera y los créditos involucrados.

La AFD estima que unas 2.500 personas mantienen operaciones con alguna de sus líneas a través de la entidad financiera. Finalmente, Guillén pidió a los beneficiarios no entregar datos personales a terceros y aguardar las comunicaciones oficiales sobre los nuevos procedimientos.

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