Para la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conjazar), dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la persecución de las bancas y plataformas de juego ilegal se posiciona como una prioridad de gestión de alta sensibilidad.
En ese marco, la Conajzar impulsó una serie de allanamientos simultáneos en el departamento de Amambay como parte de la estrategia estatal de combate a las apuestas clandestinas. Los operativos civiles y policiales fueron ejecutados por la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, tras recepcionar denuncias formales sobre la explotación irregular de plataformas de apuestas deportivas y otras modalidades de azar.
El argumento de fondo de las instituciones señala que estas actividades clandestinas no sólo erosionan la recaudación fiscal y generan una competencia desleal contra las empresas concesionarias que operan bajo la economía formal, sino que también actúan como canales para la configuración de delitos conexos, tales como el lavado de activos y el financiamiento de estructuras vinculadas al crimen organizado.
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Comercios no regulados
De acuerdo con las verificaciones preliminares de los interventores, los establecimientos comerciales intervenidos operaban completamente al margen del sistema regulatorio, careciendo de las licencias y autorizaciones obligatorias emitidas por la Conajzar. Durante las incursiones, las fuerzas del orden procedieron a la incautación de un volumen importante de evidencias digitales, equipos informáticos de soporte, dispositivos de telefonía celular y vehículos de uso logístico, elementos que quedaron bajo custodia fiscal para el desarrollo de las pericias correspondientes.
Primeras intervenciones bajo la nueva ley
Las autoridades fiscales indicaron que el operativo conjunto constituye uno de los primeros hitos procedimentales ejecutados bajo el nuevo esquema de articulación interinstitucional establecido en la Ley N.º 7438/25 y sus respectivos decretos reglamentarios. Esta reciente normativa fue estructurada con el propósito de robustecer la cooperación técnica entre los diferentes estamentos de seguridad del Estado, optimizando los canales de denuncia ciudadana y dotando de mayor agilidad a las fiscalizaciones en zonas fronterizas.
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