Sector empresarial mantendría postura del reajuste del salario mínimo basado en el IPC
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Continuando con el análisis del salario mínimo, en la segunda reunión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam) prosiguió el debate sobre el reajuste salarial, cuya propuesta final deberá ser presentada antes del próximo 15 de junio. Durante el encuentro, el sector empresarial reiteró su postura de mantener el ajuste en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El viceministro del Trabajo, César Segovia, mencionó que la recomendación será presentada este miércoles, en la próxima sesión de la comisión. “El miércoles 13 se realizó la segunda reunión, siguiendo con el cronograma de actividades. El sector empresarial tuvo algunas observaciones y debe presentar una contestación por escrito”, comentó en el programa Así son las cosas, emitido por el canal GEN/Nación Media.
A la par, se deberá presentar la propuesta al sector trabajador, la cual extraoficialmente apunta a respetar el esquema que se venía realizando en los últimos años. “Una presentación escrita técnica debería hacerlo este miércoles y el siguiente se debería hacer una presentación de la evolución del salario y sus incidencias”, mencionó Segovia.
A su vez, recordó que el sector trabajador presentó su propuesta de forma escrita y argumentó de forma técnica sobre el porqué se menciona la pérdida del 22 % en el poder adquisitivo, incluso con datos oficiales del Banco Central del Paraguay de 1989 al 2026.
“Anteriormente, el reajuste se daba cada vez que se registraba un 10 % de inflación, pero desde el momento en el que se producía, transcurría otra vez un tiempo y hacía que cada año se pierda el poder adquisitivo”, explicó.
Asimismo, añadió que esta vez se remitirán todas las memorias y propuestas de los sectores si no hay consenso, y acotó que en los últimos tres años se emitieron decisiones por mayoría basadas en el IPC, pero este 2026 se decidió enviar todas las posiciones de no haber acuerdo.
“El ministerio está en la línea de ir por un consenso entre todos los sectores, pero si no lo logra, se va a respetar la presentación técnica y se remitirá la del sector empleador, trabajador y, eventualmente, la recomendación del ministerio si no se llega a un acuerdo”, aseguró.
Bachi rechaza balotaje: “Alianzas artificiales y repartija de cargos”
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El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, fijó una contundente postura sobre la eventual implementación del balotaje en Paraguay, un tema que había sido puesto sobre la mesa por el senador liberal Dionisio Amarilla.
En la sesión de ordinaria de la fecha, el senador Núñez respondió al planteamiento con una dura crítica a la oposición y cuestionó el sistema de segunda vuelta por considerar que puede derivar en alianzas circunstanciales entre sectores con posiciones ideológicas y programáticas completamente diferentes.
“Los acuerdos de segunda vuelta son alianzas artificiales, acuerdos de oportunidad y de repartija de cargos”, sostuvo el titular del Congreso en la sesión de ayer, al señalar que el balotaje no necesariamente construye mayorías sólidas, sino que puede convertirse en un mecanismo para sumar sectores enfrentados con el único objetivo de acceder al poder.
En ese contexto, Núñez apuntó directamente contra quienes impulsan la segunda vuelta y sostuvo que se trata de un “atajo para llegar al poder”. Según su análisis, el mecanismo puede terminar uniendo a sectores de derecha, liberales y grupos de izquierda que no comparten una misma visión de país.
El presidente del Congreso fue aún más contundente al advertir sobre las consecuencias que podría tener una alianza de esas características una vez instalada en el Gobierno. “Es un cóctel perfecto para que llegue un gobierno con inestabilidad, caos y gobernanza”, afirmó.
Núñez también cuestionó el costo que supondría una segunda elección apenas 30 días después de la primera. Estimó que el proceso demandaría como mínimo unos USD 100 millones adicionales.
La respuesta de Bachi se produjo luego de que Amarilla pusiera en discusión la posibilidad de avanzar hacia un sistema de balotaje. El planteamiento abrió nuevamente el debate sobre una eventual reforma del sistema electoral paraguayo y las consecuencias que tendría una segunda vuelta presidencial.
Para Núñez, la experiencia política reciente demuestra que las alianzas electorales construidas únicamente para ganar pueden terminar en internas, rupturas y crisis cuando llega el momento de gobernar. De esta manera, el titular del Senado y del Congreso dejó sentada una posición frontal contra el balotaje y convirtió su respuesta a la oposición en uno de los pronunciamientos políticos más duros sobre la discusión.
La ministra Mónica Recalde explicó ante la mesa directiva del Senado el alcance del reajuste del 5 % del salario mínimo y la situación del contrato colectivo de los trabajadores de prensa. Foto: Gentileza
Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
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A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
El piso congelado del IRP reduce el efecto real de los aumentos salariales
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Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.
“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.
Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.
Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.
Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.
Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.
“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.
En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.
Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.
La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.
En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.
Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?
La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.
“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.
Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.
Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.
Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.
Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.
Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.
Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.
Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.
PLRA quiere consolidar la unidad opositora en más distritos de cara a las municipales
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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, destacó los avances en la construcción de la unidad opositora de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre.
Aseguró que ya se logró consenso en 25 de los 71 distritos y que continuarán las conversaciones para alcanzar acuerdos en los 46 restantes.
“Hemos logrado a este momento consensuar en 25 distritos y una unidad de la oposición de los 71. Y para nosotros es muy importante y significativo y vamos a seguir hablando para conseguir los votos en los 46 distritos que quedan”, dijo a la 780 AM.
Riveros sostuvo que el Partido Liberal seguirá recorriendo el país para consolidar candidaturas de unidad y mencionó casos como Presidente Franco y Villa Elisa, donde aún buscan consensos. Afirmó además que el PLRA tiene la conducción política necesaria para fortalecer a la oposición.
“Nosotros hemos cumplido a cabalidad con todos nuestros aliados y espero también que los otros partidos vayan cumpliendo porque hay lugares que quedaron todavía para que se pueda hacer la unidad como Presidente Franco, Villa Elisa y otros distritos de la República del Paraguay. Nosotros desde el Partido Liberal vamos a continuar construyendo la unidad”, expresó.