La Administración Central ejecutó G. 22,8 billones durante el primer cuatrimestre de 2026, equivalente al 27,7 % del presupuesto vigente, según el informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los datos reflejan que el mayor volumen de recursos públicos estuvo orientado a servicios sociales, infraestructura, seguridad y compromisos previsionales y financieros del Estado.

El presupuesto vigente de la Administración Central asciende actualmente a G. 82,4 billones y, hasta abril, el Poder Ejecutivo concentró cerca del 94 % de toda la ejecución acumulada. Del total desembolsado, unos G. 19,3 billones fueron destinados a servicios considerados esenciales y sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado.

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Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución sobresalen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.

El MEF lideró la ejecución presupuestaria con el 33 % del total acumulado, equivalente a G. 7,5 billones. Estos recursos estuvieron dirigidos principalmente al pago de jubilaciones, transferencias a gobiernos subnacionales y cumplimiento de obligaciones vinculadas a la deuda pública.

En segundo lugar, aparece el Ministerio de Educación, que concentró el 15 % de la ejecución, seguido por Salud con el 14 %, Obras Públicas con el 9 %, Desarrollo Social con el 7 % e Interior con el 6 %.

El informe también detalla cómo se financió la ejecución presupuestaria acumulada. El Tesoro Público cubrió el 66,5 % de los desembolsos, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron completamente programas sociales emblemáticos como la Pensión Universal para Adultos Mayores, que demandó cerca de G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con unos G. 400.000 millones.

El esquema de financiamiento se complementó con un 18,5 % proveniente de crédito público y un 15 % correspondiente a recursos institucionales.

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