El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se reunió esta mañana en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), para dar inicio a la evaluación oficial al reajuste del salario mínimo. En esta instancia se presentaron representantes del sector público y el sector sindical, con la ausencia del sector empresarial.
El viceministro de Trabajo, César Segovia, comentó en conferencia de prensa que fueron recepcionados los pedidos de las centrales sindicales, quienes manifestaron la necesidad de un reajuste salarial no menor al 20 %. “Presentaron un estudio de una pérdida adquisitiva a la fecha de acuerdo a los datos del Índice de Precios al Consumidor y plantean que eso sea la base de las negociaciones”, dijo.
Manifestó que se analizarán variables y propuestas, teniendo en cuenta que el IPC no sería el instrumento más adecuado para realizar el reajuste del salario mínimo, y de acuerdo al marco legal después de los análisis realizados, permitiría que eventualmente el Ejecutivo pueda salir de dicha medición.
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“Vamos a estar teniendo presentaciones realizadas por diferentes sectores, datos estadísticos, que puedan contribuir a que efectivamente el consejo pueda elevar la recomendación del ajuste pertinente”, explicó a los medios de prensa.
Igualmente se resolvió establecer cada miércoles como días de reuniones ordinarias, mientras que de forma extraordinaria se podrían estar realizando a pedido de los miembros.
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Salario mínimo: mirada económica constitucional
- Víctor Pavón (*)
El artículo 92 de la Constitución Nacional (CN) establece el “salario vital mínimo”. Desde su implementación, las normativas fueron modificando el monto correspondiente en concepto de salario obligatorio.
El texto constitucional, sin embargo, no dice que esta práctica tenga que constituirse en un problema en el mercado laboral. En efecto, el salario mínimo obligatorio por encima de la productividad expulsa a miles de personas hacia la informalidad, violando la libre contratación garantizada en nuestra CN.
La aplicación incorrecta del texto constitucional elevó el costo laboral a más del 25 por ciento a la fecha. Los trabajadores pagan el 9 por ciento (el neto percibido es menor) y los empleadores el 16,5 por ciento, en concepto de seguridad social.
El costo laboral del 25,5 por ciento en un país con baja inversión per cápita nominal de no más de 6 mil dólares produce irremediablemente dañinas consecuencias. El costo es elevado con el agravante que la retribución por la seguridad social no se corresponde con los multimillonarios aportes.
En ninguna parte de nuestra ley fundamental se establece la imposibilidad de acuerdos contractuales libres y voluntarios entre las partes. El artículo 86 de la CN dice que los habitantes “tienen derecho a un trabajo libremente escogido”. Es de tomarse en cuenta que en el ámbito jurídico laboral el trabajo implica la contraprestación de un salario.
De igual manera, el artículo 107 de la CN dice que “toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia”, garantizándose “la competencia en el mercado”, lo que también incluye al laboral. Fue así que a lo largo de estos años en vez de aumentar el empleo formal, aumentó la informalidad que, por cierto, no significa directamente desempleo.
Para el profesor Ronald Coase, Nobel de Economía, las leyes acarrean costos. En su libro más influyente, “El problema del costo social”, Coase argumenta sobre los costos de negociar y hacer contratos, imposibilitando respuestas más eficientes si las personas actuaran de acuerdo a su propio discernimiento, intención y libertad.
Con el salario mínimo obligatorio –que actúa como un precio mínimo por encima del mercado– se logra lo contrario de lo que se pretende: aumenta el desempleo y la informalidad especialmente entre aquellos que aún no cuentan con la suficiente preparación, experiencia y conocimientos, esto es, entre los jóvenes, también castigados por la falta de acceso al crédito. Corregir este problema requerirá una mirada económica constitucional como nunca se ha hecho.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
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Peña califica de “genuino” el reclamo obrero y ordena nuevo sistema para ajustar el salario
El presidente de la República, Santiago Peña, calificó como un “reclamo genuino” el pedido de la clase trabajadora de recuperar el poder adquisitivo en el marco de las discusiones por el reajuste del salario mínimo.
Durante una reunión del Consejo de Ministros, el mandatario afirmó que el Gobierno no puede ser indiferente ante esta situación y ordenó definir un nuevo sistema de ajuste que defienda a los trabajadores sin poner en riesgo la generación de empleo.
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó que el salario mínimo será el tema central de la agenda oficial durante todo el mes de mayo. Además, reconoció que el monto de 60.000 guaraníes que arrojaría el método de cálculo actual es "insuficiente e injusto“, aunque aclaró que el Ejecutivo debe actuar como árbitro y no puede imponer un monto de forma unilateral.
Negociación basada en evidencias
Por primera vez, la mesa tripartita negociará con un soporte técnico ampliado. El Ministerio de Trabajo, junto con los ministerios de Industria y Economía, además del Banco Central del Paraguay (BCP), pondrán a disposición todas las evidencias posibles para equilibrar la discusión.
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Este anuncio coincide con el pedido de los sindicatos, quienes ya habían manifestado su disconformidad con el mecanismo de inflación del BCP y solicitaron una reestructuración del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) para una negociación más amplia.
Ley de desindexación: clave para frenar la inflación
Para evitar que el aumento salarial se transfiera en incrementos automáticos de otros costos, el Consejo Consultivo acordó por unanimidad presentar un proyecto de ley para la desindexación de precios.
También se buscará desvincular el salario mínimo de impuestos, tasas y contribuciones que hoy suben de forma automática. Asimismo, se planteará en el proyecto incluir la reducción de los niveles de embargabilidad de los salarios para proteger el ingreso vital de las familias.
Hacia un crecimiento del salario real
La meta del Ejecutivo es que el desarrollo económico se refleje en el “bolsillo de la gente” y que el salario real crezca para permitir que más personas abandonen la pobreza mediante el empleo formal.
“Mientras el desarrollo no llegue a la gente, no vamos a parar”, sentenció la ministra Recalde, subrayando el compromiso de construir un diálogo social justo y transparente.
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Ministra de Trabajo desglosa parámetros a ser considerados para el ajuste salarial
La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, habló del proceso que el Gobierno inició para los cálculos de la actualización del salario mínimo legal. Detalló los parámetros a ser considerados para que el ajuste beneficie realmente al trabajador.
“Cuando hablamos de salario, nosotros tenemos que pensar no solo en el salario mínimo. Tenemos que pensar en una protección integral del ingreso al trabajador. Y es por eso que hay que poner sobre la mesa un paquete de medidas que tiendan a garantizar que el trabajador perciba por lo menos una proporción y se mantenga intacta esa proporción”, declaró al programa Fuego Cruzado del canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.
Anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de disminución de los porcentajes de embargabilidad del salario, de modo a proteger los estipendios.
“Porque no es menos cierto de que hay un alto índice de endeudamiento también del trabajador que gana entre uno a dos salarios mínimos. Entonces, nosotros también tenemos que blindar y poner esas herramientas sobre la mesa, viendo la necesidad de protección del salario mínimo vital”, argumentó.
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La ministra afirmó que hablar de salario mínimo siempre es un tema sensible porque afecta a una proporción interesante de la población y tiene efectos posteriores también dentro de la economía.
“Hay muchas cuestiones impositivas, tasas, contribuciones indexadas y también hay un efecto marginal dentro del espectro inflacionario que posteriormente se produce, aunque no lo hemos visto en los últimos años”, subrayó.
Recordó que desde el año pasado se viene debatiendo dentro del Ejecutivo y desde el Equipo Económico sobre cuáles serían las opciones disponibles.
“Nosotros siempre hemos dicho que existen dos salidas: una salida más larga que es una salida de un cambio legislativo. Y la otra salida siempre es la negociación, que las partes se sienten a discutir, pero con herramientas reales, válidas”, mencionó.
A su criterio, cuando la gente habla de economía se deben ofrecer soluciones económicas. “Y partiendo no solamente del salario sino de otros aspectos importantes que hacen a todo esto de la economía, como por ejemplo hablar sobre las nuevas inversiones”, indicó.
Se deben analizar los efectos inflacionarios y la productividad por sector, conforme expresó. “Cómo está comportándose hoy la productividad en el sector industrial, comercial, de servicios. Porque nuestra economía está basada en servicios principalmente”, remarcó.
“No es simplemente decir queremos que se ajuste 20 %, 30 % o dar un monto de G. 7.600.000 como hace poco veíamos en las manifestaciones que hacían los sindicatos, porque eso es totalmente irreal. Nosotros, como Estado, tenemos que ser sumamente responsables de no perder el equilibrio entre las relaciones laborales y tratar de mantener un ecosistema económico que pueda generar más puestos de trabajo”, añadió.
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Nuevo presidente de jubilados afirma que peleará por ajuste de haberes del sector
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) tiene nuevas autoridades y dentro de las primeras acciones se pretende negociar con el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el ajuste anual de los haberes de los jubilados.
El Dr. Gustavo Canatta asumió el 21 de abril pasado como presidente de la Unión de Jubilados del Paraguay (UNJP), en reemplazo de Pedro Halley.
Dentro de las acciones a ser tomadas por la nueva conducción, Canatta señaló que también se negociará la bonificación anual, o conocido como aguinaldo.
“Y en tercer lugar, y más importante es la modificación para la designación de los integrantes del Consejo del IPS”, dijo a La Nación/Nación Media, agregando que el ente previsional necesita un consejo integrado por técnicos y personas honestas.
Dijo que insistirán en la reforma para la designación de representantes ante el Consejo de Administración, y vigilar que la Superintendencia de Jubilaciones pueda cumplir con su rol de contralor.
En ese marco, remarcó que pedirán una reunión técnica con el nuevo titular del IPS, Dr. Isaías Fretes, a fin de analizar estos temas.
En cuanto a los ajustes del haber jubilatorio, actualmente se realizan en forma anual de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC). El año pasado el aumento fue de solo 3,1 %.
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