La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, manifestó que la inyección de USD 150 millones a la economía será para reactivar obras públicas y garantizar la continuidad del sector de la construcción, tras un periodo marcado por restricciones financieras.
Centurión recordó que hacia finales de 2023 el gobierno ya había desembolsado alrededor de USD 400 millones para saldar deudas heredadas de la administración anterior. Ese proceso permitió ordenar parcialmente las finanzas del sector, aunque persistieron compromisos pendientes, dijo a la 1020 AM.
En ese contexto, anunció que entre abril y mayo se prevé una nueva inyección de USD 150 millones, que permitirá cubrir cerca del 85 % de la deuda correspondiente al 2025. Según explicó, este flujo de recursos será clave para devolver previsibilidad al sector privado, que continuó operando pese a los atrasos, y para normalizar el ritmo de ejecución de obras.
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La ministra destacó que esta medida no solo tiene impacto económico, sino también social, ya que asegura miles de empleos vinculados a la construcción y acelera la disponibilidad de infraestructura para la ciudadanía.
Infraestructura estratégica
En paralelo, la titular del MOPC se refirió a obras de integración regional, como el puente entre Pozo Hondo y Misión La Paz sobre el río Pilcomayo, señalando que, si bien ya garantiza la conexión, resultará insuficiente ante el crecimiento proyectado del corredor. En ese sentido, adelantó que se analiza ampliar la capacidad mediante nuevas inversiones.
También reconoció que algunas obras avanzaron a un ritmo menor debido a limitaciones presupuestarias, situación que, aseguró, ya fue superada con la recomposición del financiamiento.
Seguridad vial
Otro de los puntos abordados fue la presencia de cartelería irregular en rutas. Centurión afirmó que el MOPC está gestionando el retiro de estos elementos, que calificó como peligrosos por interferir con la señalización y generar distracciones. Indicó que algunas empresas recurrieron a medidas judiciales para evitar su remoción, lo que ha retrasado el proceso.
Asimismo, denunció que en la administración anterior se otorgaron concesiones sin licitación para la instalación de estos carteles, las cuales están siendo revisadas y revocadas.
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