El presidente de la República, Santiago Peña, emitió un decreto para ordenar los gastos del Estado y priorizar hacia ciertos sectores, específicamente salud, educación, seguridad y programas sociales. Se trata de una medida para fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.

Se trata del Decreto n.° 6120, “por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”. El texto fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.

El decreto establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo. Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10), buscando una gestión más sostenible y eficiente de las finanzas públicas.

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Además, el documento contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado (deudas); y establece restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.

También se establecen determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Las arcas del Estado fueron golpeadas por la caída del dólar en los primeros meses del año y actualmente se está trabajando intensamente en honrar las deudas con sectores importantes, como son el de las farmacéuticas y las firmas de construcción vial.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay mantuvieron una reunión para evaluar el avance de los proyectos de inversión desarrollados bajo el marco de la cooperación bilateral, según informaciones de la propia cartera económica.

El encuentro, liderado por el ministro Óscar Lovera y la embajadora de la UE, Katja Afheldt, se centró en potenciar la infraestructura del país y en delinear los desafíos técnicos y aduaneros que exigirá la puesta en marcha del acuerdo UE-Mercosur.

Durante la sesión en la que también participaron los viceministros de Administración Financiera, Teodora Recalde, y de Economía, Gerardo Ruiz Díaz, las autoridades repasaron los fondos e iniciativas privadas extranjeras que actualmente se ejecutan en el país.

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Asimismo, señalan que la embajadora Afheldt destacó que las empresas extranjeras están apostando fuertemente al fortalecimiento de los servicios básicos y la industria local. Además, mencionó el impulso a la producción de celulosa y apoyo en la formación profesional de jóvenes en zonas como Concepción, garantizando mano de obra calificada para el sector forestal.

Asimismo, mencionó que la UE tiene ofertas que pueden ser relevantes para el país, y una de ella es la experiencia en movilidad. “Tenemos mucha experiencia en Europa e inversiones en diferentes ciudades de América Latina; el transporte urbano es un área donde tenemos ofertas que pueden ser muy relevantes para el país”, añadió.

Por otro lado, Afheldt enfatizó que la firma del acuerdo Mercosur-UE abre una ventana de oportunidad inédita, pero advirtió que la fase de implementación requerirá un profundo proceso de readecuación técnica y burocrática.

“La implementación es una cosa muy compleja. Ya empieza en la aduana, donde hay que reprogramar todos los sistemas de gestión de bienes que ingresan, pues también hay un gran trabajo de acordar los requerimientos legales y los estándares del mercado europeo”, refirió la embajadora. Ante este escenario, la UE se comprometió a brindar asistencia para que Paraguay logre adaptar sus sistemas aduaneros y normativas de calidad.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles desde la Casa Blanca una reducción histórica en el precio de los medicamentos, asegurando que algunos costos podrían disminuir entre un 400 % y hasta un 600 %, en lo que calificó como una medida “sin precedentes” para el sistema sanitario estadounidense.

Durante su intervención en Washington, el mandatario afirmó que nunca antes se había aplicado una política similar en el país y sostuvo que su administración está avanzando para frenar lo que considera abusos de la industria farmacéutica. “Nadie ha visto algo así”, expresó Trump al defender las acciones impulsadas en materia de salud pública.

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Según reportó la agencia RT, la estrategia forma parte de una ofensiva iniciada desde el comienzo de su segundo mandato para presionar a las grandes compañías farmacéuticas y reducir el costo de los medicamentos recetados, uno de los principales reclamos de la población estadounidense.

Datos citados por el portal KFF Health News señalan que cerca del 60 % de los adultos en Estados Unidos teme no poder pagar los medicamentos necesarios para ellos o sus familias. Además, más del 80 % considera que los precios son excesivos y apoya mayores controles estatales sobre el sector.

El informe también remarca que los ciudadanos estadounidenses llegan a pagar hasta tres veces más que habitantes de otros países por los mismos tratamientos médicos.

Como parte de esta política, Trump ya había enviado en julio de 2025 cartas a 17 laboratorios farmacéuticos para exigir una reducción voluntaria de precios. Posteriormente, aseguró haber mantenido negociaciones directas con ejecutivos de la industria en la Casa Blanca.

En diciembre de ese mismo año, el presidente anunció un acuerdo para aplicar el modelo de “nación más favorecida” en Medicaid, el programa de cobertura médica destinado a personas de bajos ingresos, con el objetivo de equiparar los precios estadounidenses a los de otros mercados internacionales.

La Casa Blanca también impulsó la creación de la plataforma TrumpRx, destinada a facilitar el acceso a medicamentos con descuentos para pacientes que pagan en efectivo.

Paralelamente, Washington prometió acelerar la aprobación de biosimilares —alternativas más económicas a medicamentos especializados de alto costo— mediante una reducción de trabas burocráticas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

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En el mes de abril fueron desembolsados USD 100 millones como parte del cronograma de pago.

El ministro de Eco­nomía y Finanzas, Óscar Lovera, con­firmó ayer que en la presente semana se desembolsará la suma de USD 80 millones a favor de las farmacéuticas. La deuda total con ese sector ronda los USD 1.000 millo­nes, indicó el secretario de Estado y destacó que en los próximos días estará listo el instrumento conocido como factoraje, que consiste en la cesión de facturas a cobrar a entidades bancarias.

“Esperamos nosotros cerrar esta semana, poner a disposi­ción el instrumento y darle el mes de junio para que poda­mos recibir nosotros la pro­puesta por parte del provee­dor, con base en un acuerdo al que pueda llegar con una entidad financiera, princi­palmente bancos, y a partir de ahí determinar cuál va a ser el monto que podríamos nosotros otorgar en cesión, atendiendo un poco también que no tenemos determinado cuál podría ser la demanda del mercado al respecto”, explicó Lovera en conversa­ción con medios de comuni­cación en la mañana de este martes.

Recordó que en el mes de abril fueron desembolsados USD 100 millones a favor de las farmacéuticas y que en la presente semana se prevé pagar la suma de USD 80 millones.

Una vez que se tenga certeza del monto acordado entre los acreedores y los bancos se podrá conocer la cifra que quedará como saldo del pasivo estatal, indicó Lovera.

Seguidamente, dijo que lo que se pretende consiste en llevar a un plazo de 36 meses los pagos a las enti­dades financieras, conside­rando que una cancelación en el corto plazo es de impo­sible cumplimiento.

“Nosotros estamos desa­rrollando un instrumento nuevo, no es una autoriza­ción o una resolución, estu­vimos trabajando con los proveedores, con el Banco Central del Paraguay (BCP), para poder cerrar un ins­trumento que sirva y que realmente le permita a los proveedores hacer una negociación mejor, por­que el instrumento va a ser considerado como un com­promiso del Tesoro Nacio­nal y va a tener una opera­ción similar a lo que son los Bonos del Tesoro a través del Banco Central”, valoró.