España afronta este miércoles una huelga general convocada ante una ola de indignación por la crisis de la vivienda y el poder adquisitivo, temas álgidos a poco más de dos semanas de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez se juega la reelección.

Catorce años después de la última protesta similar en la cuarta economía de la zona euro, los observadores estarán atentos al seguimiento del paro en la industria y los servicios, especialmente en el transporte público, donde no obstante se garantizarán servicios mínimos.

También se seguirá de cerca la magnitud de las manifestaciones previstas, sobre todo las de la tarde en Madrid y Barcelona, que podrían servir de barómetro del descontento social de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Podés leer: Persistirá el calor en la jornada, pero con tiempo inestable

Los principales sindicatos del país llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

“Es una huelga del pueblo. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que de donde ha salido la convocatoria es desde las mismas calles”, se congratuló el domingo en la radio pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización.

De hecho, las protestas, que incluyeron una acampada que por cinco semanas ocupó la céntrica Puerta del Sol en Madrid, dieron pie a la convocatoria de las próximas elecciones generales. Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.

De todas maneras, el Gobierno de izquierda tiene previsto hacer aprobar el jueves, un día después de la huelga, parte de esas medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.

“Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”, aseveró Sánchez el domingo al diario La Vanguardia.

Recordando los avances sociales logrados en España en décadas pasadas cuando “la gente dijo ¡basta! y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas”, Sánchez llamó el lunes en la red social X a “proteger” lo logrado. La paralización de actividades, rechazada por la patronal que la ha calificado de protesta “electoral”, ha sido criticada por la derecha y la extrema derecha.

“No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora” antes de las elecciones “o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”, advirtió a los sindicatos la semana pasada en un mitin el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo.

El jefe del PP, partido favorito para ganar las elecciones según las encuestas, calificó de “grave error” continuar con la huelga “69 muertos después”, en referencia a los fallecidos en una colisión de trenes en el centro del país a finales de octubre, un hecho que estremeció la campaña.

“Deberían tener un mínimo de vergüenza” los sindicatos “de corte marxista” y suspender la paralización, pero de no hacerlo “tomaremos nota”, advirtió Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, cuyo apoyo podría ser necesario para formar gobierno si la derecha queda lejos de la mayoría absoluta, tal y como señalan los sondeos.

“Somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional”, pero “el gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda”, se defendió el lunes en el medio digital eldiario.es Unai Sordo, secretario general de uno de los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO).

Te puede interesar: Malvinas vuelve a encender la mecha y Argentina y Reino Unido chocan cara a cara

El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales en 14 pagas, mientras que el alquiler de un apartamento de 50 m2 en Madrid costaba 1.170 euros al mes de media en octubre, según el portal Idealista. Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.

Fuente: AFP

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, solicitó la designación de defensores públicos especializados en materia laboral y la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los trabajadores de las empresas vinculadas a ueno bank y el Grupo Vázquez.

El Ministerio de Trabajo solicitó formalmente al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) la articulación de acciones urgentes para brindar asistencia jurídica gratuita a los trabajadores afectados por la situación de Ueno Bank y sus empresas vinculadas.

La solicitud fue remitida al defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, mediante la Nota MTESS N.º 621/2026, ante la necesidad de garantizar que los trabajadores puedan acceder oportunamente a representación legal para reclamar sus haberes y resguardar sus derechos laborales.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el MTESS, las empresas vinculadas a ueno bank emplean a aproximadamente 5.000 trabajadores, cuya situación laboral se ha visto comprometida tras el inicio del procedimiento de resolución bancaria dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Durante los operativos de inspección y fiscalización realizados el 5 de noviembre, el Ministerio constató situaciones de cierre de establecimientos, falta de ocupación efectiva de trabajadores y ausencia de procedimientos formales de desvinculación laboral, así como dificultades para identificar a representantes patronales que respondan ante la autoridad administrativa del trabajo.

A esta situación se suma la falta de disponibilidad de recursos económicos de los trabajadores afectados, quienes enfrentan dificultades para percibir sus salarios y acceder a sus ahorros, lo que limita también sus posibilidades de contratar asesoramiento jurídico particular.

Ante este escenario, el MTESS solicitó al Ministerio de la Defensa Pública la designación de defensores del fuero laboral o la conformación de un equipo especializado que pueda asumir el patrocinio jurídico gratuito de los trabajadores que lo requieran.

Te puede interesar: Certificación laboral busca facilitar la contratación y reconocer la experiencia de los trabajadores

Esta intervención permitirá facilitar la promoción de acciones judiciales y la solicitud de medidas cautelares destinadas a resguardar los créditos laborales y evitar que el patrimonio de las empresas empleadoras pueda verse disminuido o comprometido antes de que los trabajadores hagan efectivos sus derechos.

El Ministerio recordó que, conforme al artículo 247 del Código del Trabajo, los créditos de los trabajadores tienen carácter singularmente privilegiado, por lo que resulta fundamental promover oportunamente los mecanismos legales para su protección.

Como parte de esta articulación, la cartera laboral también propuso conformar una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública, con el objetivo de establecer un protocolo de derivación y criterios comunes de actuación.

Este mecanismo permitirá que los trabajadores atendidos por el MTESS, cuyos casos requieran intervención judicial, puedan ser derivados de manera ágil a los defensores públicos para recibir representación legal y promover las acciones correspondientes.

La solicitud contempla que estas medidas sean implementadas con carácter urgente, atendiendo a la situación de vulnerabilidad económica y laboral que atraviesan las personas afectadas.

Paralelamente, el Ministerio de Trabajo continúa brindando atención, orientación y asesoramiento laboral a los trabajadores de ueno bank y de sus empresas vinculadas, además de desarrollar procedimientos de fiscalización para verificar las condiciones laborales y reunir información sobre la situación de las empresas.

La articulación con la Defensa Pública busca complementar estas actuaciones administrativas con mecanismos de protección judicial, de manera que los trabajadores cuenten con asistencia institucional tanto para la defensa de sus derechos como para la recuperación de los haberes que legalmente les correspondan.

El objetivo es evitar que la falta de recursos económicos se convierta en un impedimento para acceder a la justicia y reclamar los derechos laborales.

Lea más:

El presidente argentino, Javier Milei, equiparó este jueves al socialismo con el fascismo en los debates de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, ante el anfitrión, el socialista Pedro Sánchez, con quien mantuvo duros enfrentamientos políticos.

El dirigente ultraliberal argentino, quien ya hace dos semanas llamó “impresentable dictador” y “corrupto” a Sánchez en la capital española, hizo una diatriba contra el socialismo en la sesión plenaria de la cumbre del bloque de 22 países.

“Esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual, comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”, dijo Milei.

“El socialismo es fascista en política, y el fascismo es socialista en economía”, insistió en el plenario en la Galería de las Colecciones Reales, un museo aledaño al Palacio Real, al criticar las “agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa”.

Interrogado sobre los dichos de Milei en la rueda de prensa tras el cierre de la cumbre, Sánchez evitó entrar en polémicas afirmando: “Entiendo que los presidentes estamos para unir a los países, particularmente cuando estamos en espacios multilaterales como es este, y el insulto no forma parte de mi hacer y de mi forma de entender la política”.

Por la mañana al abrirse el foro, marcada por la ausencia de muchos líderes latinoamericanos como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum, Milei y Sánchez se dieron un frío y breve presión de manos.

Milei no acudió el miércoles a la inauguración de la reunión ni a la cena posterior ofrecida por el rey Felipe VI, para en cambio entrevistarse con el jefe de la extrema derecha en España, su aliado Santiago Abascal, a pocas semanas de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

Te puede interesar: Brasil: Senado dio luz verde al proyecto de reforma de seguridad impulsado por Lula

Según las encuestas, la derecha ganaría los comicios, pero sin mayoría absoluta, por lo que para formar gobierno necesitaría el apoyo de la extrema derecha.

A esta 30ª Cumbre Iberoamericana asistieron solo siete presidentes latinoamericanos, entre ellos varios representantes de la derecha, como el chileno José Antonio Kast, la costarricense Laura Fernández, el boliviano Rodrigo Paz y el hondureño Nasry Asfura.

Pese a la reducida participación, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, afirmó que la organización “se reafirmó desde el punto de vista político” en esta cita, luego de que en la anterior, en Ecuador, solo asistieran cuatro presidentes y no hubiera declaración final por desacuerdos.

Aprobada al culminar la cumbre, la declaración de Madrid resalta un acuerdo alcanzado en materia de inteligencia artificial, para desarrollar modelos de lenguaje alimentados con datos en español, portugués y lenguas originarias.

Honduras tomó el relevo para organizar en 2028 la próxima cumbre del bloque de 19 países latinoamericanos, España, Portugal y Andorra.

Hace dos semanas en Madrid, Milei -que en sus múltiples visitas nunca fue recibida oficialmente ni por Felipe VI ni por Sánchez- llamó a los españoles “a sacar a los socialistas a patadas”.

Más información: Ecuador: cae hijo del expresidente por supuestos vínculos con el narcotráfico

Sánchez le respondió proclamándose un “zurdo” -palabra que usa el argentino para criticar a los militantes de izquierda- y comparando la situación económica de Argentina y España, para concluir que “las motosierras y los tijeretazos (...) no construyen nada, sino que destruyen”.

En prevención de posibles debates agrios, el rey de España, pidió en la apertura de la cumbre -a modo de metáfora musical- que los participantes se ciñeran “a la partitura” para tener un diálogo “armónico”.

Milei provocó en 2024 una crisis diplomática con España al llamar en Madrid “corrupta” a la esposa de Sánchez, investigada por tráfico de influencias.

Tras llegar a Madrid por sorpresa, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió tras la cumbre con varios líderes, entre ellos Sánchez y los presidentes de Guatemala y Honduras, pare pedir la ayuda de España y de los países latinoamericanos para “seguir reconstruyendo y reparando” el sistema energético de su país, dañado por los ataques rusos.

Zelenski recaba apoyos antes de que se reanuden las negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington el 10 y 11 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos, que el dirigente ucraniano espera pueda desembocar en un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

• Fuente: AFP

Lea más: Uruguay anuncia gran despliegue policial por visita de León XIV

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, aseguró que los trabajadores de ueno bank tendrán prioridad en el proceso de liquidación y pidió a los funcionarios de las empresas vinculadas al grupo que no presenten renuncias ni acepten presiones para abandonar sus puestos. La autoridad afirmó que el Gobierno acompañará a los afectados y que existen herramientas legales para garantizar el cobro de sus haberes e indemnizaciones.

Durante un encuentro con los trabajadores afectados por la situación del grupo, Recalde anunció que el Ministerio emitirá resoluciones nominales para que los empleados también cuenten con créditos privilegiados en los eventuales procesos de disolución y quiebra, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo. Esto permitirá que, en caso de cierre y liquidación de las empresas, puedan reclamar los salarios pendientes y demás beneficios sociales que les correspondan.

“No sean sometidos, no acepten ninguna coacción para renunciar en estos momentos”, enfatizó la ministra, al señalar que mantener la relación laboral es un aspecto importante para determinar las acciones posteriores de la cartera estatal. Asimismo, anunció que ordenará a los inspectores del trabajo constituirse en las distintas empresas para verificar si efectivamente se produjo el cierre de las operaciones.

También te puede interesar: BCP habilita plataforma web para consultas sobre el desembolso para ahorristas del extinto ueno bank

En cuanto a las solicitudes de suspensión de contratos por 90 días, Recalde informó que hasta el momento solamente una empresa del sector de medios notificó su intención, aunque todavía no presentó toda la documentación requerida, como balances y estados financieros. Aclaró que la decisión de aceptar o rechazar la suspensión corresponde exclusivamente al Ministerio y que, si no se autoriza, las empresas deberán proceder al pago de las liquidaciones correspondientes.

La ministra también estimó que aproximadamente 6.000 trabajadores podrían estar afectados por los cierres de las empresas vinculadas al grupo, aunque precisó que todavía deben identificar a quienes figuran en las nóminas y a aquellos que no están registrados. En ese sentido, pidió a los empleados proporcionar sus datos para facilitar el relevamiento y determinar con mayor precisión el alcance del impacto laboral.

Respecto a la cobertura de salud, explicó que los trabajadores cuyos contratos sean suspendidos continuarán contando con el seguro médico del Instituto de Previsión Social (IPS), aunque recordó que Paraguay no dispone de un seguro de desempleo. Por otra parte, indicó que los trabajadores que aportan a la Caja Bancaria formarían parte del grupo vinculado al banco, cuyos procesos de liquidación comenzarían la próxima semana, aunque señaló que se debe verificar la situación de las corresponsalías no bancarias.

Finalmente, Recalde aclaró que el pago de los depósitos a través del Fondo de Garantía de Depósitos es independiente de los derechos laborales. Por lo tanto, los funcionarios que tenían cuentas en ueno bank podrán recuperar sus ahorros y salarios depositados, al igual que los demás ahorristas, sin que su condición de trabajadores represente una exclusión.

Lea más: “Renunciar sin demoras”: el pedido de la ADEC a Peña