Mediante un comunicado, varias organizaciones de la sociedad civil manifestaron su apoyo al debate sobre la situación de la caja fiscal.
“La situación de la Caja Fiscal exige decisiones responsables e inmediatas. Apoyamos la iniciativa y valoramos la propuesta del Ejecutivo como un primer paso necesario, aun entendiendo que no constituye una solución estructural al problema de fondo”, inicia el comunicado.
Agrega que “el déficit responde a reglas previsionales no alineadas con la realidad demográfica y fiscal del país, y su postergación solo profundiza los costos para la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes acompañamos el necesario debate para la búsqueda de reformas profundas que permitan contener el deterioro del sistema y garantizar la sostenibilidad previsional de mediano y largo plazo”.
“En este contexto, instamos al poder político a actuar con coherencia y compromiso, avanzando tanto en una reforma previsional integral como en la reducción de gastos innecesarios del Estado, cuya aprobación depende de las propias instancias políticas, evitando trasladar nuevas cargas a la ciudadanía”, sostiene el documento.
Finalmente reiteran su postura. “Reiteramos nuestra disposición a contribuir de manera técnica y constructiva al debate público, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad fiscal, la equidad y el futuro del Paraguay”, finaliza el comunicado firmado por la Adec, Dende, Club de Ejecutivos, Horizonte Positivo, Pacto Global Red Paraguay y CEAL.
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UIP denuncia “campaña extorsiva” contra el cuero paraguayo en vísperas del acuerdo con la UE
A través de un comunicado difundido este jueves a la noche, la UIP advierte que “El comercio internacional no puede condicionarse por acciones extorsivas y desinformación”.
Al inicio del documento expresa que “la Unión Industrial Paraguaya rechaza enérgicamente la campaña difamatoria coordinada por las organizaciones no gubernamentales Earthsight, Global Wittness y Survival, todas ellas con sede en Londres, contra la industria paraguaya del cuero, sus empresas, sus trabajadores y sus compradores europeos”.
Asegura que “esta campaña se intensifica deliberadamente en la víspera de la entrada en vigor en forma provisoria, del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, prevista para el 1° de mayo de 2026, configurando un ataque comercial encubierto bajo retórica ambiental".
Según explica, las publicaciones desde el año 2018, y las cartas con plazos perentorios remitidas por estas ONG a empresas paraguayas e italianas en febrero, marzo y abril de 2026, los compromisos forzados de no compra a importadores europeos, extraídos bajo presión reputacional, y la deslegitimación sistemática de las certificaciones del Estado paraguayo y de los estándares internacionales (LWG, ICEC) constituyen prácticas extorsivas inaceptables que dañan a miles de familias paraguayas, comprometen el cumplimiento del acuerdo recién firmado y vulneran la soberanía económica del país.
A continuación expresa que el Paraguay produce cuero legal, sostenible y trazable, respaldado por sistemas de control sanitario, de identificación animal y de trazabilidad, los cuales han sostenido y garantizado sus exportaciones en mercados internacionales.
“En este marco, el país dispone de herramientas que permiten acreditar el origen, las condiciones ambientales y cumplimiento social de cada cuero exportado, reforzadas por la incorporación de iniciativas como el RETSA PY (desarrollado con financiamiento del programa AL-INVEST Verde de la propia Unión Europea)”, destaca.
Seguidamente reitera que las acusaciones que ignoran deliberadamente estos hechos, ¡son falsas!!.
Finalmente indica que la UIP, además de reconocer y acompañar el esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional mediante una acción sostenida, intensa y coordinada a este respecto, sugiere impulsar:
- Una acción sostenida de nuestra representación diplomática en Londres, ante el Parlamento británico, los medios de comunicación y la opinión pública, denunciando el carácter extorsivo de las prácticas de Earthsight, Global Wittness y Survival.
- La presentación, por la vía que el Gobierno estime conveniente, de una denuncia formal por difamación al Estado paraguayo, ante las instancias internacionales pertinentes.
- Un despliegue comunicacional público-privado, articulado, sostenido, de gran impacto y multilingue, con presencia activa en las instituciones de la Unión Europea, ante la revisión del Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR).
- La actualización permanente del registro de unidades productivas en el RETSA PY, para eliminar cuestionamientos con argumentos inconsistentes.
- La activación de un espacio permanente público privado, de coordinación de acciones con vocería clara y capacidad de respuesta ágil, ante las diferentes situaciones que se presenten.
El comunicado termina con “el Paraguay no aceptará que ONGs extranjeras financiadas con recursos públicos de terceros, dicten qué puede, o no producir el país, ni a quién puede o no exportar. Defendemos la industria. Defendemos los empleos. Defendemos la verdad”.
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Ejecutivo reglamenta aporte jubilatorio para contratados que cotizarán a la Caja Fiscal
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.° 5929/2026, mediante el cual se reglamenta el régimen de seguridad social para los empleados públicos contratados de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
La normativa dispone la incorporación obligatoria de estos trabajadores al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cumplimiento de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil.
La medida será efectiva a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal. Como paso previo, los empleados contratados deberán gestionar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la baja o suspensión de su registro en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sistema Marangatu, ya que dejarán de facturar como prestadores de servicios para pasar a ser cotizantes directos de la Caja Fiscal.
Implementación progresiva y antigüedad
Si bien los contratados dependientes del Poder Ejecutivo inician sus aportes este año, el decreto establece un cronograma para el resto de los Organismos y Entidades del Estado. Estos se incorporarán de manera gradual, teniendo como plazo máximo el 1 de enero de 2028.
Un punto clave de la reglamentación, basada en el artículo 84 de la Ley N.° 7445/2025, es la preservación de la antigüedad. En caso de que un empleado contratado pase a ser funcionario permanente mediante concurso o asuma un cargo electivo, seguirá aportando de forma ininterrumpida, y su antigüedad se computará desde el primer aporte realizado bajo la figura de empleado público.
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Retenciones y excepciones
Los OEE serán los encargados de efectuar las retenciones correspondientes sobre las remuneraciones imponibles. Para viabilizar la liquidación, cada contrato registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) deberá incluir obligatoriamente el código de cotizante.
Quedan exceptuados de esta medida, los contratados por productos específicos; las consultorías; y los servicios profesionales independientes que no impliquen una relación de dependencia con el Estado. Estas categorías continuarán rigiéndose por las disposiciones tributarias y administrativas actuales.
Ajustes administrativos
El MEF será la autoridad encargada de reglamentar los procedimientos técnicos y contables. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE), para garantizar que la transición operativa y el flujo de los aportes jubilatorios se realicen de manera eficiente y segura.
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Feprinco pide al gobierno avanzar en reformas y ajustar gasto público
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) lanzó un manifiesto en el que, si bien reconoce avances del gobierno, advierte sobre problemas estructurales que siguen sin resolverse y que, a su criterio, frenan el desarrollo del país.
En el documento, los empresarios valoran medidas adoptadas en los últimos años, como reformas vinculadas a inversiones, maquila y modernización institucional, señalando que “estos logros existen”. Sin embargo, el foco del mensaje está puesto en el manejo del gasto público, la falta de reformas de fondo y la persistencia de privilegios en el Estado.
Feprinco cuestiona la falta de avance en la reforma de la Caja Fiscal y advierte que el sistema previsional público “seguirá siendo una burbuja de privilegios injustos”, generando inequidades frente al sector privado y trabajadores informales.
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En esa línea, también apunta al prebendarismo y a decisiones políticas que priorizan intereses electorales por sobre el bien común.
Uno de los ejes centrales del manifiesto es el rechazo a un eventual aumento de la carga tributaria. “¡El camino es ampliar la base, no asfixiar a los que sostienen el sistema!”, dicen e insisten en que el problema no está en quienes ya cumplen, sino en la informalidad.
También advierten sobre el uso ineficiente de los recursos públicos y señalan que el presupuesto se construye con supuestos poco realistas, lo que termina afectando la inversión. “Se ajusta donde más duele. Se reduce aún más la inversión en infraestructura y no se honran los compromisos”, alertan.
Reformas
En materia económica, cuestionan medidas que califican como “caramelos políticos”, como reformas laborales regresivas o propuestas que no apuntan a mejorar la productividad. Para el sector empresarial, el foco debe estar en generar empleo de calidad y no en decisiones de corto plazo. “El ingreso no se decreta, el ingreso se construye”, remarcan.
El manifiesto también pone énfasis en la necesidad de mejorar servicios básicos. Plantea que el problema no es solo el nivel de ingresos, sino el costo de vida, y señala que el Estado debe garantizar transporte eficiente, salud y servicios de calidad para aliviar la carga sobre las familias.
Entre los principales reclamos, Feprinco exige una reforma integral del Instituto de Previsión Social (IPS), denunciando deficiencias en la gestión y falta de respuesta a los aportantes. “El tiempo se agotó. Exigimos una reforma integral e inmediata del IPS”, remarcan.
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Convocan a proyectos de cooperación triangular con financiamiento de hasta 300.000 euros
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió una convocatoria para la presentación de proyectos en el marco de la cooperación triangular, con plazo límite hasta el 30 de abril. Las propuestas deberán ser ingresadas a través de la mesa de entrada de la Secretaría General del Viceministerio de Economía y Planificación.
El llamado se realiza en el contexto del mecanismo de cofinanciamiento impulsado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y la Cooperación Alemana al Desarrollo, bajo la denominada Plataforma Triangular para el Desarrollo-TriNova.
La iniciativa apunta a financiar proyectos que promuevan alianzas multiactor, integrando a entidades públicas de nivel nacional y territorial, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academia y entidades filantrópicas. En esa línea, podrán postular tanto instituciones públicas como privadas, aunque estas últimas deberán contar con el patrocinio de una entidad estatal.
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Las propuestas pueden abarcar diversas áreas temáticas, siempre que estén alineadas con las agendas nacionales y globales de desarrollo, lo que abre oportunidades para sectores productivos, innovación, sostenibilidad y fortalecimiento institucional.
En cuanto al financiamiento, TriNova otorgará hasta 300.000 euros por proyecto en efectivo, monto al que deberán sumarse los aportes de los socios participantes, que podrán ser tanto monetarios como en especie. Incluso, estos aportes pueden superar el monto financiado por la plataforma, lo que amplía la escala potencial de las iniciativas.
Como requisito, al menos uno de los integrantes del equipo formulador deberá haber completado el curso de Formulación de Proyectos de Cooperación Triangular de la cooperación alemana (GIZ), debiendo adjuntar el certificado correspondiente al momento de la postulación.