Autoridades nacionales evaluaron los avances y próximas acciones del Plan Anticontrabando 2026, con el foco puesto en reforzar los controles en puntos estratégicos del país, proteger la producción nacional y avanzar en la formalización de la economía.
El encuentro fue liderado por el gerente general de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Éver Otazú, y contó con la participación de representantes de varias instituciones del Estado y del sector productivo.
Desde la DNIT destacaron que la lucha contra el contrabando es una prioridad permanente y que el fortalecimiento de los controles forma parte de una estrategia más amplia orientada a ordenar el comercio, proteger el empleo formal y garantizar una competencia leal.
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En ese sentido, subrayaron que el comercio ilícito genera un fuerte impacto económico, ya que afecta directamente a los productores y comerciantes formales, reduce la recaudación fiscal y distorsiona los precios en los mercados internos.
Las autoridades también hicieron hincapié en la dimensión sanitaria del problema, señalando que una parte importante de los productos ingresados de manera ilegal corresponde a alimentos y bienes de uso sanitario, que no cumplen con los controles de calidad ni trazabilidad exigidos.
Esto representa un riesgo directo para la salud de los consumidores, además de un perjuicio económico para los sectores productivos nacionales.
El Plan Anticontrabando 2026 fue concebido como un marco de acción integral para ordenar y coordinar los esfuerzos del Estado. Desde la DNIT remarcaron que el combate al comercio ilegal no puede limitarse a operativos aislados o controles esporádicos, sino que requiere presencia estatal sostenida en las zonas más sensibles, especialmente en fronteras y mercados de alta circulación de mercaderías, así como una coordinación efectiva entre las instituciones con competencia en control y fiscalización.
En este contexto, el enfoque del plan apunta a combinar controles más eficientes con acciones de formalización y acompañamiento a los sectores productivos, de modo a reducir los incentivos al contrabando y fortalecer la economía formal.
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Para las autoridades, avanzar en esta estrategia es clave para proteger la producción nacional, preservar empleos y contribuir al desarrollo económico del Paraguay en el mediano y largo plazo.