La discusión sobre las finanzas públicas no debería centrarse únicamente en cuánto aumenta o disminuye cada rubro del Presupuesto General de la Nación (PGN), sino en la calidad del gasto y su capacidad para generar resultados concretos. Así lo sostuvo el economista Aníbal Insfrán, quien en conversación con La Nación/Nación Media analizó el comportamiento de las transferencias financieras del Estado durante el primer trimestre del 2026.

A criterio del especialista, Paraguay necesita avanzar hacia un modelo presupuestario enfocado en resultados, dejando atrás una lógica histórica o inercial en la asignación de recursos. “La calidad del gasto exige pasar de una lógica de presupuesto histórico a una basada en mandato, resultados y valor público”, explicó.

Insfrán señaló que mejorar la eficiencia del gasto requiere una revisión funcional del Estado, institución por institución, para identificar posibles superposiciones de funciones, programas que ya no respondan a las necesidades actuales o estructuras con elevados costos administrativos.

También planteó la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan vincular con mayor claridad los recursos públicos con resultados verificables, promoviendo procesos de rediseño institucional cuando sea necesario.

“Si una entidad no puede vincular claramente sus recursos con productos y resultados verificables, su presupuesto no debería considerarse automáticamente como gasto de calidad”, sostuvo.

El economista remarcó que una mayor eficiencia del gasto permitiría mejorar la capacidad de respuesta del Estado sin trasladar necesariamente nuevas presiones al sistema tributario.

En cuanto al comportamiento del gasto durante el primer trimestre, Insfrán indicó que el rubro de Servicios Personales pasó de más de G. 5,18 billones en el mismo periodo de 2025 a más de G. 5,85 billones en 2026.

Según explicó, el desafío no pasa por aplicar recortes lineales, sino por avanzar hacia una reforma del servicio civil que contemple una nómina auditada, evaluación de desempeño, concursos y mecanismos de control sobre nuevas incorporaciones. Asimismo, mencionó la importancia de fortalecer las reglas de financiamiento presupuestario para garantizar sostenibilidad en el crecimiento del gasto.

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Por otro lado, el economista observó una disminución del 33,8 % en las inversiones públicas durante el trimestre, equivalente a aproximadamente G. 416.891 millones menos.

Si bien aclaró que no es posible determinar un impacto puntual sobre el Producto Interno Bruto (PIB) potencial sin modelos específicos, señaló que la continuidad de esta tendencia podría influir en áreas relacionadas con infraestructura, logística y capacidad de crecimiento económico en el mediano plazo.

Respecto al aumento del 10,8 % en jubilaciones y pensiones, Insfrán explicó que el dato incluye también pensiones para adultos mayores, aunque sostuvo que los estudios actuariales muestran la necesidad de avanzar gradualmente hacia una reforma integral del sistema previsional.

“El desafío es trabajar en una reforma sostenible que contemple aportes, edad mínima, equilibrios sectoriales y protección de derechos adquiridos”, indicó. Según explicó, el objetivo debe ser anticiparse a futuros desafíos demográficos y fiscales mediante ajustes graduales que fortalezcan la sostenibilidad del sistema.

Sobre el crecimiento de las transferencias públicas, el economista destacó que existen mecanismos de control administrativo y financiero, aunque consideró importante reforzar herramientas que permitan medir con mayor precisión el impacto de estos recursos.

Entre las medidas mencionó indicadores de resultados, evaluaciones antes y después de la ejecución de programas, así como sistemas de monitoreo que faciliten un seguimiento más detallado del desempeño institucional.

Finalmente Insfrán sostuvo a La Nación/Nación Media, que el desafío central para Paraguay pasa por consolidar un gasto público más eficiente, orientado a resultados y con capacidad de sostener el crecimiento económico en el largo plazo.

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El ministro de Economía, Óscar Lovera, y el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz, mantuvieron un encuentro con el gerente general de CAF-AM Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, Alberto Ñecco, con el objetivo de evaluar los avances en proyectos destinados al sector de infraestructura paraguayo, según información del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Desde la cartera económica señalan que se analizaron herramientas financieras basadas en la participación privada, tales como concesiones y asociaciones público-privadas (APP), similares a los modelos de fondos de financiamiento ya implementados por el organismo en países como Colombia, Uruguay y Costa Rica.

La estrategia busca facilitar el financiamiento de obras que impacten directamente en la calidad de vida de la población y mejoren los niveles de productividad del país. Actualmente, el organismo trabaja en el establecimiento de condiciones habilitantes en Paraguay, tanto en el marco normativo como en términos de mercado. El cumplimiento de estos requerimientos permitiría la creación de una industria de fondos de infraestructura que fomente la competencia y genere beneficios económicos directos para el Estado.

Desde la perspectiva de CAF-AM, Paraguay destaca en la región por su estabilidad macroeconómica y sus perspectivas de crecimiento saludable. Este desarrollo económico conlleva una demanda creciente de ampliación y mejora de la capacidad logística, entendiendo que la infraestructura es el soporte fundamental de la capacidad productiva de las naciones. El organismo identifica un alto potencial en la capacidad económica paraguaya para sostener el desarrollo de infraestructura de uso público de alta calidad.

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En el encuentro participaron también representantes del área legal y consultoría de Asset Management Corp, subsidiaria de CAF, junto con ejecutivos séniores del banco de desarrollo, quienes acompañaron el análisis técnico de los mecanismos de inversión propuestos para el territorio nacional.

La CAF Asset Management Corp. (CAF-AM) opera como la entidad gestora de fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Su función principal es el manejo de fondos de capital de terceros, orientados mayoritariamente al financiamiento privado de proyectos de infraestructura en los países que integran el grupo de accionistas de CAF.

La entidad se rige por un modelo de negocio independiente que cuenta con una estructura de gobierno corporativo propio y una gerencia con trayectoria en la región. Esta configuración permite que diversos inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos de desarrollo y administradores profesionales, accedan a oportunidades de inversión respaldadas por la experiencia operativa y el historial crediticio de CAF en el mercado latinoamericano.

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La Administración Central ejecutó G. 22,8 billones durante el primer cuatrimestre de 2026, equivalente al 27,7 % del presupuesto vigente, según el informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los datos reflejan que el mayor volumen de recursos públicos estuvo orientado a servicios sociales, infraestructura, seguridad y compromisos previsionales y financieros del Estado.

El presupuesto vigente de la Administración Central asciende actualmente a G. 82,4 billones y, hasta abril, el Poder Ejecutivo concentró cerca del 94 % de toda la ejecución acumulada. Del total desembolsado, unos G. 19,3 billones fueron destinados a servicios considerados esenciales y sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado.

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Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución sobresalen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.

El MEF lideró la ejecución presupuestaria con el 33 % del total acumulado, equivalente a G. 7,5 billones. Estos recursos estuvieron dirigidos principalmente al pago de jubilaciones, transferencias a gobiernos subnacionales y cumplimiento de obligaciones vinculadas a la deuda pública.

En segundo lugar, aparece el Ministerio de Educación, que concentró el 15 % de la ejecución, seguido por Salud con el 14 %, Obras Públicas con el 9 %, Desarrollo Social con el 7 % e Interior con el 6 %.

El informe también detalla cómo se financió la ejecución presupuestaria acumulada. El Tesoro Público cubrió el 66,5 % de los desembolsos, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron completamente programas sociales emblemáticos como la Pensión Universal para Adultos Mayores, que demandó cerca de G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con unos G. 400.000 millones.

El esquema de financiamiento se complementó con un 18,5 % proveniente de crédito público y un 15 % correspondiente a recursos institucionales.

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El gobierno completó la primera etapa del plan de pagos a proveedores del sistema de salud, con un desembolso de USD 100 millones, en el marco de la regularización de la deuda acumulada con las empresas del rubro.

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, dijo a La Nación/Nación Media, que los pagos comprometidos se cumplieron en los primeros días de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El gobierno desembolsó los USD 100 millones durante los primeros días de mayo. Cumplieron con lo comprometido”, afirmó García.

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Para este mes, se prevé una segunda fase de pagos por USD 80 millones, que dará continuidad al cronograma acordado entre el gobierno y los proveedores del sector, para finalizar con la deuda de USD 180 millones.

García señaló que el rubro se encuentra con la expectativa de que el plan se ejecute dentro de los plazos establecidos. “Ahora estamos esperando los USD 80 millones de este mes, que esperamos que sea pronto”, indicó.

El esquema de desembolsos forma parte de un proceso de regularización de compromisos pendientes del sistema de salud pública, que incluye deudas por provisión de medicamentos, insumos médicos y otros servicios sanitarios esenciales.

La iniciativa fue presentada en una reunión entre la ministra de Salud, María Teresa Barán, el ministro de Economía, Óscar Lovera, y representantes del sector farmacéutico.

Desde el sector privado destacan que este tipo de desembolsos son clave para sostener la cadena de abastecimiento de medicamentos e insumos, en un contexto donde las empresas venían operando con importantes retrasos en los cobros.

El plan de pagos busca ordenar la deuda acumulada del sistema sanitario y mejorar la previsibilidad financiera tanto para el Estado como para los proveedores, en un sector considerado estratégico por su impacto directo en la atención médica de la población.

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