Los Organismos y Entidades del Estado (OEE), de la Administración Central, ejecutaron G. 16,1 billones al cierre del primer trimestre del 2026, equivalente al 20 % del presupuesto vigente de G. 81,3 billones.

El nivel de ejecución muestra un incremento interanual del 1,5 % frente a igual periodo del 2025, cuando se habían ejecutado G. 15,8 billones, según datos de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El crecimiento estuvo traccionado principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que registró una suba del 29 % en su ejecución. El aumento responde al mayor desembolso en pensiones para adultos mayores, impulsado por el ajuste del salario mínimo, el incremento de beneficiarios y la expansión del programa de alimentación escolar “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”.

Por estructura institucional, el Poder Ejecutivo concentró el 94 % de la ejecución total, equivalente a G. 15,1 billones. Esto refleja el peso de los ministerios con mayor asignación presupuestaria, orientada principalmente a servicios sociales, económicos y de seguridad.

El Ministerio de Economía y Finanzas encabezó la ejecución con una participación del 33 %, totalizando G. 5,3 billones. Estos recursos se destinaron principalmente al pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, transferencias a gobiernos subnacionales y servicio de la deuda pública con organismos multilaterales.

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El Tesoro Público fue el principal financiador, cubriendo el 71 % de la ejecución (G. 11,4 billones). En este marco, programas sociales como la Pensión Universal para Adultos Mayores y Tekoporã Mbarete fueron financiados íntegramente con recursos del Tesoro, con desembolsos de G. 761 mil millones y G. 138 mil millones, respectivamente.

La estructura del gasto muestra una fuerte concentración en gastos corrientes, que representaron el 83 % del total ejecutado. Estos recursos se destinaron principalmente a salarios en sectores como educación, salud, fuerzas públicas y seguridad social, además de medicamentos, intereses de deuda y programas sociales. Por su parte, los gastos de capital alcanzaron el 13 %, enfocados en inversión pública.

En el componente de capital, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) explicó el 63 % de la ejecución, con G. 1,3 billones de un total de G. 2 billones. Entre los principales proyectos financiados se encuentran obras de la red vial pavimentada, como la ampliación y duplicación de las rutas PY02 y PY07 (G. 346 mil millones), además de tramos estratégicos en el sur y el Chaco.

Del total ejecutado, G. 13,6 billones (85 %) se destinaron a servicios esenciales para la ciudadanía, canalizados a través de sectores como educación, salud, infraestructura y protección social. En este esquema, destacan los niveles de ejecución del Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el MOPC, el MDS y el Ministerio del Interior.

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Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titular del Congreso, senador Basilio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos.

El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de eliminar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron planteando algunas modificaciones. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.

Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestionamientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.

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Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recursos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, mencionaron ante el pleno un estimado que rondaría los USD 1.200.000.

Al respecto, el senador Natalicio Chase mencionó que se suprimirán estas bonificaciones, durante el ejercicio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política; que serían, legisladores, presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla, como titular de la Comisión de Cuentas y Control, resaltó que aprobar este proyecto representa una clara señal de que están dispuestos a aplicar políticas de racionalización en el uso de los recursos, “buscando atender necesidades que demanda la población y quedamos cortos porque no previmos a todas las instituciones”, explicó.

“Esto significará un simbolismo de apostar a la racionalización que es necesaria y que estoy seguro que la gente sabrá valorar en su real dimención y que sabrá reconocer”, acotó Amarilla.

A su turno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez comenzó señalando que todos los aumentos que se han otorgado en el Senado se han hecho de manera transparente, desmintiendo de esa forma portada de noticas que mencionaba supuestos encubrimientos.

No obstante, a raíz del planteamiento que sugió del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de una “economía de guerra”, es que personalmente y con el apoyo de varios de sus colegas han tomado la decisión de dejar sin efecto las bonificaciones que estaban previstas para el ejecicio fiscal 2026.

“Presentamos esta iniciativa legislativa, porque creemos que es un gesto del Congreso, así como las modificaciones que se plantean y espero el acompañamiento de la plenaria”, acotó.

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Durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados rechazó y devolvió al Senado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/24, Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), y sus modificatorias”.

El proyecto original, que contaba con media sanción de la Cámara Alta, pretendía que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), además de Asunción, Central y Presidente Hayes, asuma también la administración de la alimentación escolar en los departamentos de Concepción y Alto Paraná, hasta ahora gestionada por sus respectivas gobernaciones.

Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó esa pretensión e introdujo las modificaciones necesarias para que ambas gobernaciones continúen al frente de la administración del programa en sus departamentos.

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Al respecto, el diputado Miguel Del Puerto, líder de bancada de Honor Colorado, ratificó su postura a favor de la descentralización. “Hambre Cero es uno de los ejes del gobierno de Santiago Peña, y aprobar lo que proviene del Senado sería un retroceso”, sostuvo.

En tanto, el diputado colorado Roberto González también acompañó el rechazo al proyecto y abogó por una descentralización plena. Además, hizo un llamado a la reflexión para que los departamentos de Central y Presidente Hayes puedan, en el futuro, asumir igualmente la administración de los recursos del programa, actualmente a cargo del MDS.

Por su parte, el diputado Adrián Vaesken cuestionó la constitucionalidad del programa Hambre Cero, al considerar que centraliza fondos del Estado y decide discrecionalmente a quiénes beneficiar.

A su turno, el diputado colorado Hugo Meza calificó la decisión del Senado como una represalia política contra la administración del presidente Santiago Peña. “Acá vemos una vendetta política y no vamos a formar parte de ello. Es la postura de la Cámara de Diputados rechazar, rotundamente, este proyecto porque consideramos a Hambre Cero como un programa emblemático que va a ser recordado por mucho tiempo; es patrimonio de los niños y jóvenes de nuestro país”, afirmó.

Asimismo, señaló que, si existieran irregularidades en el manejo de fondos por parte de la Gobernación de Concepción, lo que corresponde es una investigación formal. “Sin embargo, en este caso ni siquiera hay una denuncia formal”, acotó.

En este sentido es importante recordar que la Cámara de Senadores había aprobado retirar la administración de los fondos de Hambre Cero a la Gobernación de Concepción, encabezada por Liz Meza, en medio de la polémica suscitada por la ostentosa fiesta de quince años celebrada por su hija en una de las zonas más empobrecidas del país.

Luego del análisis que realizó el plenario, el documento fue puesto a consideración y fue aprobado conforme al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que sugirió algunas modificaciones.

El artículo 6° establece que la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar en Asunción y en los departamentos de Central y Presidente Hayes estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, la administración del programa en Concepción, Alto Paraná y los demás departamentos del país recaerá en cada una de sus respectivas gobernaciones, restituyendo así la autonomía de gestión a las dos gobernaciones en cuestión.

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Según datos de Trading Economics, los futuros del gasóleo de calefacción subieron 7,5 % hasta los USD 4,36 por galón, acompañando el repunte del petróleo. El mercado reaccionó a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció posibles acciones militares contra Irán en las próximas semanas, elevando el riesgo sobre la infraestructura energética en el Golfo.

El escenario se tensiona aún más con la postura de Irán, que negó haber solicitado un alto el fuego y advirtió que el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito global de petróleo, permanece bajo control militar, lo que aumenta la incertidumbre sobre el suministro. A esto se suma la caída de 2,1 millones de barriles en las reservas de destilados, lo que presiona aún más los precios.

En este contexto, el presidente de Petropar, William Wilka, señaló a la 1000 AM que la estatal está evaluando un eventual ajuste de precios tras la Semana Santa, en línea con el comportamiento internacional y los movimientos del mercado local. Actualmente, Petropar mantiene los siguientes precios vigentes desde el 23 de marzo de 2026:

Diésel Porã: G. 6.700

Diésel Mbarete: G. 8.500

Nafta Kape 88: G. 5.640

Nafta Oikoite 93: G. 6.140

Nafta Aratiri 97: G. 7.490

El emblema estatal continúa posicionándose como referencia de precios bajos en el mercado, incluso mientras otros operadores privados ya ajustaron sus tarifas.

Sin embargo, el margen para sostener esta política se estrecha a medida que persisten las presiones externas.

El comportamiento de los combustibles en Paraguay dependerá, en considerable medida, de la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en los costos internacionales.