La ministra de Salud propone unificar todos los presupuestos sanitarios. La ministra de Salud, María Teresa Barán propone juntar todos los presupuestos sanitarios, al considerar que los recursos están segmentados.

A su criterio, la unificación de todos los fondos presupuestarios posibilitará resolver gran parte de la problemática del sector.

“Tenemos que hablar de que falta mucho todavía por avanzar y cuando hablamos del sistema de salud de Paraguay primero es importante recalcar que tenemos un sistema de salud segmentado y fragmentado”, dijo a La Tribu 650 AM.

Detalló que todas instituciones tiene su asignación presupuestaria entre ellas Clínicas, el Hospital Policial, Hospital Militar, las entidades binacionales y las gobernaciones, también.

Los municipios y el Instituto de Previsión Social (IPS) cuentan con recursos para salud.

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“Todas estas son instituciones del Estado paraguayo, pero cada una en forma separada con su presupuesto. Si no nosotros pudiéramos juntar todos estos presupuestos y hacer que se ejecute en forma genérica muchos de los problemas que hoy tenemos se pueden solucionar”, afirmó.

Consideró “muy importante avanzar hacia un modelo de atención” que pueda beneficiar a toda la población paraguaya.

“Es importante resaltar que el sistema de salud está siendo sostenido por mujeres paraguayas. El 75 % de los funcionarios de Salud Pública son mujeres”, destacó.

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Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que integran la Administración Central ejecutaron G. 4,7 billones en enero de 2026, lo que representa un incremento interanual del 8,8 % frente al mismo mes del 2025, equivalente a unos G. 383.000 millones adicionales. El dato se desprende del informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el reporte oficial del MEF, la mayor proporción del gasto se concentró en Servicios Personales y Transferencias, rubros que incluyen el pago de salarios públicos, jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, además de otras transferencias corrientes destinadas a sostener compromisos sociales y administrativos del Estado.

El informe también señala desembolsos vinculados a programas sociales prioritarios, entre ellos la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, Tekoporã Mbarete y la alimentación escolar en el marco del programa Hambre Cero en las Escuelas, iniciativas que forman parte de la política social del Gobierno y que están bajo la administración del Ministerio de Desarrollo Social.

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Según el MEF, los gastos en Servicios Personales y Transferencias concentran G. 49,5 billones del presupuesto total, equivalente al 61 % de los recursos previstos para este año, reflejando el peso que tienen los compromisos salariales, previsionales y sociales dentro de la estructura del gasto público.

Para el ejercicio fiscal 2026, la Administración Central dispone de un presupuesto vigente de G. 81 billones, orientado principalmente al fortalecimiento de servicios esenciales. Entre los sectores con mayor asignación figuran Educación (G. 12,7 billones), Salud Pública (G. 10,3 billones), Seguridad y Defensa Nacional (G. 7,4 billones) e Infraestructura (G. 6,9 billones).

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El nivel de deuda pública del país continúa entre los más bajos de América Latina, consolidándose como una de las principales fortalezas de sus finanzas públicas. Aunque el monto de la deuda ha aumentado en los últimos años, principalmente por inversiones públicas y el impacto de la pandemia, Paraguay mantiene indicadores considerados manejables en comparación con otras economías de la región.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda pública total alcanzó los USD 20.409 millones a diciembre de 2025, equivalente al 41,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Este nivel se ubica por debajo del promedio de los países con calificación crediticia similar, que según Moody’s ronda el 56 % del PIB para economías con grado de inversión.

El ratio de deuda en Paraguay contrasta con el de varios países latinoamericanos donde el endeudamiento supera el 70 % e incluso el 80 % del PIB. Esta situación otorga al Estado paraguayo un margen de maniobra mayor para enfrentar eventuales crisis económicas internacionales o financiar inversiones estratégicas.

Además, la carga financiera sigue siendo relativamente moderada, ya que la relación entre pagos de intereses e ingresos públicos se mantiene sólida y mejor posicionada que la de varios países con calificaciones similares.

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El crecimiento de la deuda se observa desde 2011, impulsado principalmente por programas de inversión pública financiados con crédito externo. El incremento se acentuó en 2020 debido a las medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos de la pandemia de covid-19.

Diversos análisis internacionales coinciden en que el nivel actual sigue siendo sostenible. Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaban previamente un rango adecuado de deuda entre el 30 % y el 45 % del PIB, mientras que evaluaciones posteriores de la CAF ubican el umbral sostenible para economías emergentes entre el 25 % y el 50 %, pudiendo alcanzar hasta el 60 % dependiendo de los fundamentos económicos. En ese contexto, el nivel actual paraguayo se mantiene dentro de parámetros considerados prudentes.

La mayor parte de la deuda pública corresponde a la Administración Central, con USD 17.931,8 millones (87,9 % del total). En cuanto al origen del financiamiento, el 85 % es deuda externa y el 15 %, interna.

Asimismo, cerca del 66,6 % de la deuda está a tasas fijas, lo que brinda previsibilidad al costo financiero, mientras que los principales acreedores son tenedores de bonos internacionales y organismos multilaterales.

Por otro lado, la deuda de las entidades descentralizadas con garantía soberana alcanza USD 2.476,8 millones, equivalente al 12,1 % de la deuda total y al 5 % del PIB.

El país ha impulsado en los últimos años una estrategia de diversificación y desdolarización. Entre 2024 y 2025 se realizaron emisiones de bonos soberanos en guaraníes en mercados internacionales, lo que incrementó la porción de deuda en moneda local y redujo la exposición al riesgo cambiario.

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Según el MEF, el gobierno mantiene el compromiso de moderar el crecimiento del endeudamiento mediante la convergencia del déficit fiscal hacia el límite del 1,5 % del PIB, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Apuntando a preservar la sostenibilidad de la deuda y fortalecer la confianza de los inversionistas.

Finalmente, señalan que con estos indicadores, Paraguay continúa exhibiendo un perfil de deuda relativamente bajo en el contexto regional, lo que refuerza su estabilidad macroeconómica y su capacidad para afrontar desafíos económicos futuros.

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El Poder Ejecutivo aprobó el Plan Financiero 2026 mediante el Decreto n.º 5443, estableciendo las normas y procedimientos para la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), aprobado por la Ley n.º 7609/2025. El instrumento, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), define la planificación, distribución y control de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal.

Desde el MEF señalan que la medida aporta previsibilidad al flujo de pagos del Estado, especialmente para proveedores, contratistas y sectores que dependen de la inversión pública, al ordenar la asignación de cuotas presupuestarias y la programación de caja de los organismos estatales. Esto permite proyectar mejor la ejecución de contratos, servicios y obras vinculadas al sector público.

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El Plan Financiero establece los requisitos para la ejecución de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento estatal y la atención a la ciudadanía, en línea con las políticas económicas y fiscales impulsadas por el MEF. Además, fija límites al gasto y asegura la disponibilidad de fondos para el funcionamiento institucional y el cumplimiento de metas gubernamentales.

La normativa también contempla mecanismos de ajuste en la programación de ingresos y gastos, así como la posibilidad de modificar el plan cuando las condiciones económicas lo requieran, con el objetivo de sostener una ejecución presupuestaria equilibrada y acorde a la capacidad fiscal.

Finalmente, el MEF resalta que de esta forma el Gobierno busca fortalecer la eficiencia, la previsibilidad y la transparencia en la administración de los recursos públicos, factores que influyen en la estabilidad económica y la confianza del sector privado.

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