La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), como organismo, no sanciona a las empresas por ser grandes o concentrar gran parte del mercado, sino cuando se detecta un abuso de la posición dominante o prácticas de colusión entre competidores, recordó Eduardo González, miembro del Directorio de la comisión.
“Que una empresa tenga el 60 % o 70 % de participación no es un problema en sí. Lo castigable es que abuse de esa posición para limitar la competencia”, señaló González a la 1000 AM. Ejemplificó que pueden constituir abusos, obligar a clientes a firmar contratos de exclusividad o presionar a proveedores para que dejen de vender a competidores.
En estos casos, explicó, la Conacom abre un sumario a través de la Dirección de Investigación. Si existen pruebas suficientes, puede imponer multas millonarias y aplicar medidas correctivas. Contó que ya aplicaron sanciones por más de USD 1,2 millones en algunos casos.
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El directivo remarcó que el objetivo del Estado no es castigar el crecimiento empresarial ni la eficiencia. “Que una compañía sea grande y eficiente es parte natural de la lógica del mercado, lo que el Estado busca es evitar que esa maximización de utilidades se traduzca en prácticas anticompetitivas”, puntualizó.
Mercado
En cuanto a la estructura de los mercados, González fue claro en que la existencia de un oligopolio no constituye una infracción por sí misma. Reiteró que el hecho de que existan pocos actores puede deberse a los altos costos de inversión o a condiciones regulatorias.
Dijo además que el problema surge cuando esos actores se ponen de acuerdo para fijar precios o repartirse territorios. “Eso es cartelización, y allí intervenimos”, acotó. Expuso que la colusión entre competidores distorsiona los precios y perjudica directamente a los consumidores.
“Si cuatro empresas deciden dejar de competir y acuerdan cobrar lo mismo, en la práctica funcionan como una sola gran empresa. Eso elimina la competencia real y encarece los bienes y servicios”, indicó.
González también adelantó que la institución trabaja en la actualización de la Ley de Competencia, vigente desde 2013. El decreto reglamentario se aprobó en 2014, y los primeros directores fueron designados en 2015.