La superficie sembrada de trigo registró una importante caída este año en los principales departamentos agrícolas del país, según informaciones de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Productores atribuyen la retracción a una combinación de factores económicos y productivos, entre ellos mencionan los bajos precios del cereal en el mercado internacional, elevados costos de producción y una creciente preferencia por cultivos más rentables dentro del esquema agrícola local.

En Itapúa, la reducción de la superficie sembrada alcanza cerca del 40 %, de acuerdo con Paulo De Souza, productor y representante de la CAP en ese departamento. Señaló que la decisión de los agricultores responde principalmente a la ecuación de rentabilidad.

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“La siembra de trigo cayó cerca de un 40 % en el sur del país. Los bajos precios y los altos costos influyen directamente, pero también los productores priorizan soja, maíz zafriña y soja tempranera”, explicó.

En Caaguazú, la situación es similar. Flaminio Núñez, representante de la CAP local, afirmó que “nadie quiere sembrar para perder”, en referencia al encarecimiento de los insumos y la baja competitividad del trigo frente a otros rubros.

Otro factor es la superposición de calendarios agrícolas, puesto que la cosecha del trigo, entre octubre y noviembre, coincide con la preparación de la campaña de soja 2026-2027, lo que reduce el atractivo del cereal dentro del esquema de rotación.

En el caso de Alto Paraná, Rubén Sanabria, representante de la CAP, indicó que la soja y el maíz zafriña ocupan actualmente gran parte de la superficie agrícola, reforzando la tendencia de desplazamiento del trigo en las principales zonas productivas del país.

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La superficie destinada al cultivo de trigo registró una importante reducción durante la campaña 2026 en las principales zonas productivas del país. Productores de Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y San Pedro coinciden en que la caída responde a una combinación de factores económicos y productivos que han llevado a los agricultores a priorizar otros rubros con mejores perspectivas de rentabilidad.

De acuerdo con un informe de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), elaborado con datos de representantes de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), los bajos precios internacionales del cereal, sumados a los elevados costos de producción, están restando atractivo al cultivo.

Sin embargo, los productores aseguran que el fenómeno va más allá de una cuestión de precios. La creciente competencia por el uso de la tierra con cultivos como la soja y el maíz zafriña también está influyendo directamente en las decisiones de siembra.

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En Itapúa, una de las principales regiones trigueras del país, la reducción de la superficie cultivada alcanza aproximadamente el 40 %. Paulo De Souza, representante de la CAP en ese departamento, explicó que muchos productores optaron por concentrar sus esfuerzos en actividades que ofrecen mejores retornos económicos.

“El trigo enfrenta precios bajos y costos altos, pero además compite con alternativas más rentables como la soja tempranera y el maíz zafriña”, señaló.

Otro factor que pesa en la planificación agrícola es la coincidencia de calendarios entre la cosecha de trigo y el inicio de la siembra de soja. Habitualmente, el cereal se cosecha entre octubre y noviembre, mientras que la implantación de la oleaginosa comienza desde la segunda quincena de septiembre. Esta situación lleva a muchos agricultores a priorizar cultivos que les permitan optimizar mejor el uso de sus parcelas.

En Caaguazú, los productores sostienen que la ecuación económica es cada vez más exigente. Flaminio Núñez, representante de la CAP en esa zona, indicó que los costos de producción dificultan la viabilidad del trigo en las condiciones actuales.

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La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) expresó su preocupación tras la confirmación de casos de botulismo alimentario en el país, señalando que este episodio expone los riesgos de la comercialización de alimentos fuera del sistema de registros sanitarios establecidos por el Estado para garantizar la seguridad de los consumidores.

A través de un pronunciamiento, el gremio recordó que se trata de una enfermedad que no registraba brotes en Paraguay desde hace décadas y que actualmente afecta a varias personas, algunas de ellas en estado crítico.

“El denominador común de todos los locales intervenidos, conforme confirmó Dinavisa públicamente, es que ninguno estaba habilitado. No contaban con Registro Sanitario de Producto Alimenticio (RSPA) ni con Registro de Establecimiento (RE)”, mencionaron.

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Según detallaron, los locales vendían alimentos a consumidores que confiaban en ellos sin contar con ninguna garantía técnica, sin trazabilidad y sin control de proceso. “Conocemos bien estos requisitos porque los cumplimos. El RSPA y el RE no son trámites burocráticos, son el respaldo técnico que certifica que un alimento fue elaborado en condiciones sanitarias adecuadas, con ingredientes controlados y bajo procesos verificados”, resaltaron.

En ese sentido, agregaron que Dinavisa ha dado pasos significativos en los últimos años para facilitar el acceso a estas habilitaciones, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas, con procesos gratuitos y simplificados. “No habilitarse, por lo tanto, no es hoy una limitación económica ni burocrática, es una decisión de operar fuera de las reglas”, mencionaron.

La institución viene impulsando avances importantes en la simplificación de trámites y el acceso a registros sanitarios, por lo que este episodio evidenció la necesidad de fortalecer su capacidad de fiscalización, monitoreo y control efectivo del mercado ante la persistencia de establecimientos que operan al margen de la normativa vigente.

Sumado a ello consideraron que este caso también evidenció la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de Dinavisa para ampliar los controles y mejorar la fiscalización del mercado alimentario.

Asimismo, respaldaron la postura del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría General de la República en defensa del sistema de registro sanitario, aunque manifestaron preocupación por decisiones judiciales que, según señalaron, han permitido mediante medidas cautelares la comercialización de productos sin registro sanitario.

“La Corte Suprema de Justicia tiene hoy una responsabilidad que no puede seguir eludiendo: resolver los casos pendientes y poner fin a medidas cautelares que, en la práctica, funcionan como una autorización judicial para comercializar alimentos sin ningún control sanitario”, indicaron.

Finalmente, instaron a la ciudadanía a adquirir alimentos únicamente en establecimientos habilitados y verificar que los productos cuenten con registro sanitario vigente a través de las herramientas de consulta pública disponibles en el portal oficial de Dinavisa. “Esa consulta de dos minutos puede marcar una diferencia que ningún médico podrá revertir después”, enfatizó la CAP.

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La demanda eléctrica creció cerca de 50 % en los últimos tres años y la llegada de centros de datos, inteligencia artificial y nuevas industrias obliga a acelerar la expansión de la infraestructura energética. El tema fue analizado en una reunión entre la Cámara de Anunciantes del Paraguay y el presidente de la ANDE, Félix Sosa.

Paraguay se encuentra ante una paradoja que hasta hace pocos años parecía impensable. Y es que el país que históricamente fue reconocido por su abundancia energética comienza a debatir cómo garantizar el suministro necesario para sostener el crecimiento económico de las próximas décadas.

La irrupción de nuevas industrias vinculadas a la economía digital, la inteligencia artificial, los centros de datos y otros sectores de alto consumo energético está modificando el mapa de las necesidades de infraestructura del país y obliga a planificar con anticipación un escenario completamente diferente al de años anteriores.

Con ese telón de fondo, la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) mantuvo una reunión con el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, para conocer los planes de expansión de la infraestructura eléctrica y analizar los desafíos que enfrenta Paraguay en un contexto de creciente demanda energética.

El encuentro formó parte de una serie de reuniones que la CAP viene impulsando con autoridades nacionales para intercambiar perspectivas sobre los principales retos económicos y de infraestructura que marcarán el desarrollo del país.

Durante la reunión, el presidente de la ANDE presentó el Plan Maestro de Generación y Transmisión de Energía, una hoja de ruta que contempla inversiones y proyectos de expansión para garantizar la disponibilidad energética en las próximas décadas.

Uno de los puntos que concentró la atención de los participantes fue el impacto que tendrán las nuevas inversiones tecnológicas sobre el sistema eléctrico nacional.

“Fue una presentación muy interesante sobre los desafíos que tenemos en el sector eléctrico y sobre cómo el país debe prepararse para las inversiones que están llegando y las que podrían instalarse en el futuro”, señaló Gustavo Egüez, presidente de la CAP.

El planteamiento no es menor. A nivel global, los centros de datos que alimentan servicios digitales, plataformas en la nube e inteligencia artificial demandan cantidades crecientes de energía. Países capaces de ofrecer disponibilidad eléctrica, estabilidad y costos competitivos están captando inversiones multimillonarias y posicionándose como nuevos polos tecnológicos.

Paraguay reúne varias de esas condiciones, pero el crecimiento de la demanda obliga a acelerar la planificación. Según explicó Félix, el consumo eléctrico nacional aumentó cerca de un 50 % en los últimos tres años, una cifra que refleja tanto el dinamismo de la economía como la necesidad de incorporar nuevas fuentes de generación para garantizar el abastecimiento futuro.

“Antes de llegar a utilizar el 100 % de la energía disponible de las binacionales, debemos incorporar nuevas fuentes de generación para evitar inconvenientes en el mediano y largo plazo y crear las condiciones necesarias para el desarrollo del país”, afirmó.

La advertencia marca un cambio de paradigma para una nación acostumbrada a ser vista como una potencia energética regional gracias a Itaipú y Yacyretá.

Ahora el desafío ya no pasa únicamente por disponer de energía, sino por desarrollar la infraestructura necesaria para distribuirla, ampliar la capacidad de transmisión y diversificar la matriz energética para responder a una demanda cada vez más sofisticada.

En ese contexto, Félix defendió la necesidad de avanzar en proyectos complementarios de generación, incluyendo energía solar y otras alternativas que permitan fortalecer la seguridad energética nacional.

Otro de los aspectos destacados durante el encuentro fue el creciente protagonismo de la inversión privada en el sector energético. El titular de la ANDE recordó que gran parte de las obras de infraestructura se desarrollan mediante esquemas de cooperación con empresas privadas, organismos multilaterales y nuevos mecanismos habilitados por la legislación vigente.

Para la CAP, el diálogo entre el sector público y el privado resulta fundamental para identificar oportunidades y anticipar desafíos en áreas que serán determinantes para la competitividad del país.

La energía aparece hoy como uno de esos factores estratégicos. No solo porque sostiene la actividad industrial, comercial y productiva tradicional, sino porque será la base sobre la que se construirá buena parte de la economía digital del futuro.

Centros de datos, inteligencia artificial, automatización industrial, electromovilidad y nuevas tecnologías requerirán cada vez más capacidad energética y una infraestructura preparada para responder con eficiencia y confiabilidad.

Por ello, tanto la CAP como la ANDE coincidieron en la necesidad de fortalecer la planificación de largo plazo y avanzar en políticas que permitan garantizar la disponibilidad de energía necesaria para acompañar el crecimiento económico.