• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Paraguay inició formalmente el camino hacia el posible uso de tecnología nuclear civil. La firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) sobre Cooperación Estratégica Civil Nuclear con Estados Unidos marca el punto de partida para diversificar la matriz energética nacional y anticiparse a la crisis de demanda eléctrica que los expertos proyectan a partir de 2030.

Desde la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), su titular, el doctor Jorge Molina, aclaró durante una entrevista para La Nación/Nación Media, que este es el primer tramo de un riguroso proceso que abarca la creación protocolos de seguridad, de diversas regulaciones nucleares y la ratificación de un tratado vinculante por parte de los congresos de ambos países.

El ministro Molina dijo que la meta es que el Paraguay pueda acceder a reactores modulares para ampliar su capacidad de generación eléctrica con energía nuclear y diversificar la matriz energética de cara a los desafíos de la demanda eléctrica que se proyectan a partir del 2030.

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“Solamente para la energía eléctrica; o sea, cada reactor produce energía eléctrica y también energía térmica que puede utilizarse en fábrica para lo que necesite, desalinización, producción de hidrógeno verde, cualquier proceso que necesite calor”, comentó.

Mencionó que, aunque Paraguay cuenta actualmente con un excedente de energía proveniente de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá; las proyecciones oficiales advierten que este margen entrará en crisis hacia el final de la década.

“Con el ritmo de crecimiento actual, la escasez energética podría presentarse incluso antes del 2030. Debemos prever esta contingencia diversificando nuestras fuentes de generación con energía solar, gas y tecnología nuclear. Necesitaremos de todas las alternativas disponibles”, afirmó Molina, agregando que desde el gobierno de Santiago Peña se están comenzando a evaluar alternativas para evitar llegar a esa crisis energética.

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Para concretar la compra y operación de reactores de origen norteamericano, Paraguay deberá cumplir primero las condiciones del denominado Acuerdo 123, un convenio bilateral altamente exigente que regula la transferencia de tecnología sensible. Este acuerdo incluye un marco legal enfocado en la no proliferación de armamento nuclear, así como en implementación de medidas de seguridad y salvaguardias.

El titular de la ARRN explicó que el uso de reactores nucleares que se plantea usar en Paraguay es solo y exclusivamente para uso civil, es decir, para generar energía eléctrica. Puntualizó que el estudio previo al Acuerdo 123 se llevará a cabo con una comisión de especialistas norteamericanos que vendrá al país para llevar adelante el estudio que una vez acabado elaborarán un dictamen que será remitido al Poder Legislativo.

“Ese Acuerdo 123 es un acuerdo vinculante, entonces tiene que pasar por ambas cámaras del Congreso, que deben dar su visto bueno, y ahí recién se puede firmar el acuerdo bilateral. Después de eso, nosotros podemos comprar cualquier tipo de reactor nuclear”, precisó.

El actual memorando no vinculante —suscrito entre el canciller Rubén Ramírez y el secretario de Estado, Marco Rubio— refleja dos años de trabajo conjunto entre La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear y la iniciativa FIRST (Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños, por sus siglas en inglés), un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos que promueve el despliegue seguro de Reactores Modulares Pequeños (SMR).

En América Latina, países como Argentina, Brasil y México operan centrales nucleares tradicionales caracterizadas por sus monumentales torres de enfriamiento. La nueva tendencia global —en la que Paraguay, El Salvador y Perú han mostrado interés inicial— apunta a unidades más pequeñas, flexibles y seguras.

Los reactores nucleares se clasifican en tres categorías:

• Los microreactores que tiene una capacidad de generación de energía que va de 0 a 30 MW.
• Los reactores modulares pequeños (SMR) con capacidad de generación de 30 a 300 MW.
• Los reactores convencionales (tecnología antigua) que producen desde 600 hasta 1.000 MW aproximadamente.

A modo de comparación, el doctor Molina explicó que una sola turbina de Itaipú produce 700 megavatios (MW). Con dos de los SMR todavía no alcanza a una turbina de las 20 que cuenta el Paraguay en la hidroeléctrica binacional.

Molina indicó que, en paralelo al estudio de factibilidad, la ARRN trabaja en un proyecto de ley para dotar al organismo regulador de las atribuciones necesarias para fiscalizar esta tecnología emergente.

Indicó que el plan requerirá la creación de un manual de procedimiento nacional para la importación y transporte del material radioactivo, un diseño de resguardo físico para los residuos radiactivos en búnkeres especializados y la definición del protocolo de seguridad gubernamental entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

“La soberanía energética paraguaya pronto dejará de depender de cuánta agua mueva Itaipú para depender de nuestra capacidad de administrar la tecnología más avanzada y celosamente vigilada del planeta. Este es apenas el preámbulo”, remarcó Molina.

En una próxima parte de esta entrevista, el doctor Molina revela los plazos reales para encender el primer microreactor en suelo guaraní. Además, destacó la apertura de las instituciones del Estado para abrir las opciones de la matriz energética.

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Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo que mantendrán el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía crucial para la economía mundial, hasta que Estados Unidos acepte todas las exigencias de Teherán, entre ellas el pago de compensaciones por los daños causados durante la guerra. Esta ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos permanece bloqueada por Irán, que ataca regularmente a los buques que atraviesan el estrecho sin su autorización.

Los continuos ataques en esta vía marítima, por donde antes de la guerra transitaban libremente los buques, provocaron el fracaso de una tregua alcanzada en abril. Los mediadores instan a ambas partes a retomar los términos de un memorando firmado posteriormente, en junio, que establecía una hoja de ruta para abrir negociaciones de paz.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que las conversaciones con Omán sobre el tránsito y la gestión del estrecho de Ormuz “se acercan a su etapa final”. Omán está ubicado en la orilla opuesta de Ormuz. Sin embargo, advirtió que la reapertura de la estratégica vía marítima sigue condicionada al cumplimiento de otras exigencias y al pago de compensaciones.

También negó este domingo que Irán esté negociando directamente con Estados Unidos y aseguró que ambas partes se limitan a “intercambiar mensajes” a través de intermediarios. El jefe del Consejo de Seguridad de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, expuso el sábado una serie de condiciones para reabrir el estrecho, entre ellas el fin de lo que calificó como la “guerra y agresión contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak”.

Reclamó también el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de sus activos congelados y “la indemnización integral” por los daños causados por la guerra desatada el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo que su estrategia consiste en mantener cerrado el estrecho “hasta que el enemigo acepte todas nuestras condiciones”. “El estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra y no simplemente una vía marítima”, subrayaron.

El tránsito por Ormuz cayó significativamente ante los ataques iraníes contra buques. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos condenó el sábado lo que calificó como un “ataque hostil iraní con un misil contra un buque petrolero perteneciente a la ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, sin causar bajas”.

Posteriormente, la agencia marítima británica UKMTO dijo que un barco fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán en el estrecho, causando un incendio que fue apagado sin causar víctimas. No quedó claro si se trata del mismo barco. El Ministerio de Exteriores de Omán condenó el sábado los “ataques repetidos contra embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz”, aunque sin señalar directamente a Irán.

También indicó que las negociaciones en curso sobre las condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz avanzan en un clima “positivo y constructivo”, e instó a evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo los progresos alcanzados. El acuerdo entre Irán y Estados Unidos, concebido como una base para negociar una solución permanente, establecía que Teherán y Mascate definirían las futuras reglas de navegación en el estrecho en coordinación con otros países del Golfo y de conformidad con el derecho internacional vigente.

La legislación internacional prohíbe el cobro de peajes en este tipo de vías marítimas internacionales. Mientras tanto, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron el domingo que atacaron una instalación petrolera saudita en la costa del mar Rojo. La acción forma parte de los intentos del movimiento respaldado por Teherán de afectar una segunda ruta marítima clave para el comercio internacional.

Fuente: AFP.

El grupo islamista palestino Hamás afirmó este sábado que sigue dispuesto a avanzar con el plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos y pidió ejercer presión sobre Israel, que por su parte insiste en que no aceptó la última parte del acuerdo.

Hamás informó al Consejo de Paz, encabezado por el presidente estadounidense Donald Trump, que se mantenía comprometido con la última fase del plan, en virtud de la cual los militantes entregarían las armas a un naciente comité de gobierno palestino en el territorio.

“Hamás y otras facciones han confirmado a los mediadores su disposición a comenzar a aplicar el acuerdo y pasar a la segunda fase, siempre que reciban la aprobación israelí y que Israel comience a implementar el acuerdo”, dijo a la AFP un responsable del grupo palestino.

De acuerdo con la misma fuente, que habló bajo condición de anonimato, “Hamás insta a la administración estadounidense a ejercer presión sobre Israel para obligarlo a cumplir el acuerdo y pasar a la segunda fase”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que enfrenta una dura batalla de reelección en octubre y una amplia oposición de su base de derecha al acuerdo sobre Gaza, dijo el martes que Israel no había aceptado el “borrador” presentado por el Consejo de Paz.

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La semana pasada, Trump celebró como un avance que Hamás haya aceptado el desarme en el marco del plan, y el Consejo de Paz indicó que Israel llevaría a cabo paralelamente una retirada gradual de gran parte de Gaza.

Netanyahu, en tanto, se reunió el lunes con el alto representante del Consejo de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, quien dio marcha atrás y afirmó que Israel se retiraría únicamente después de un desarme completo de Hamás.

El ejército israelí también prometió seguir atacando al grupo palestino, que el 7 de octubre de 2023 llevó a cabo el ataque más mortífero jamás perpetrado contra Israel. Las operaciones israelíes en Gaza, aunque continúan, parecen haber disminuido en intensidad en los últimos días.

Este sábado, el hospital Nasser, de Jan Yunis informó de tres personas heridas por disparos del ejército israelí.

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Las operaciones israelíes en Gaza han causado la muerte de 1.257 palestinos desde octubre del año pasado, cuando ambas partes acordaron un alto el fuego respaldado por Trump, según el ministerio de Salud del territorio, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Durante el mismo período, el ejército israelí ha reportado cinco muertos en sus filas.

Fuente: AFP

El exabogado personal del presidente Donald Trump, Todd Blanche, fue confirmado este sábado como fiscal general de Estados Unidos después de que los senadores republicanos desestimaran las preocupaciones de los demócratas sobre una posible politización del Departamento de Justicia.

Blanche -quien ya se ha venido desempeñando como el principal responsable de la aplicación de la ley en Estados Unidos en calidad de fiscal general interino- representó a Trump como su abogado privado en varios juicios penales antes de entrar al gobierno.

El Senado, que los republicanos controlan por un estrecho margen, lo confirmó por 50 votos contra 49. Trump, que ha doblegado las normas políticas estadounidenses al intentar someter a su control directo agencias gubernamentales que se supone son independientes, considera a Blanche como una “estrella”.

Los demócratas se opusieron al nombramiento de Blanche desde el principio y acusaron a Trump de convertir el Departamento de Justicia en un arma política. “Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo”, dijo el martes el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado.

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“El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente”, señaló.

Existían dudas sobre si la Casa Blanca lograría convencer a un pequeño grupo de republicanos reticentes, cuyo apoyo era indispensable para conseguir incluso una ajustada confirmación. Uno de los principales obstáculos para la confirmación de Blanche era su intento de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para lo que Trump considera víctimas de persecución judicial.

Era probable que ese fondo incluyera a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 en un intento de insurrección para impedir que se certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Otro tema polémico fue una propuesta extraordinaria que otorgaba inmunidad a Trump frente a auditorías fiscales.

Blanche logró finalmente desactivar la oposición dentro de su propio partido al emitir en el fin de semana una orden escrita que eliminaba el llamado fondo contra la “instrumentalización política” de la justicia. También aclaró que el acuerdo de inmunidad frente a auditorías fiscales para Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría de manera retroactiva a ejercicios fiscales anteriores y no a futuras declaraciones.

Blanche ejercía ya como fiscal general interino desde que Trump destituyó en abril a Pam Bondi, otra figura considerada cercana al presidente. Desde entonces, ha estado estrechamente vinculado a lo que los demócratas califican como una campaña de “represalias” de Trump contra sus adversarios.

Blanche también ha sido objeto de críticas por parte de víctimas de Jeffrey Epstein por la forma en que gestionó la publicación de los archivos de la investigación sobre el condenado y hoy fallecido agresor sexual, en otro tiempo estrecho amigo de Trump.

Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Blanche representó a Trump en su juicio en Nueva York por los presuntos pagos realizados para comprar el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels.

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También integró su equipo de defensa en dos casos federales presentados contra Trump por el fiscal especial Jack Smith: uno por el presunto manejo indebido de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca y otro por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Ambos casos fueron desestimados después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024.

Fuente: AFP