Paraguay hizo un pedido expreso a Argentina de levantar su suspensión sobre el kilómetro 171 del Paraná Guazú, zona de alije de combustibles, vital para el suministro energético de nuestro país y la región, afirmó el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.
El titular del Ministerio de Industria y Comercio afirmó que la postura del Gobierno paraguayo sobre la decisión de Argentina, de suspender las operaciones de alije en un tramo del Paraná Guazú, es de que se levante la medida hasta encontrar una solución que no ponga en riesgo la logística del traslado de los combustibles y su eventual impacto en los precios.
“El pedido expreso de Paraguay es que se suspenda esta medida hasta que se encuentre una solución”, dijo el ministro Giménez a la 1080 AM.
Para Giménez, no se trata de una “medida contra el Paraguay”, sino más bien una cuestión interna entre la Prefectura y la Aduana de Argentina, instituciones que se contradicen en cuanto a la definición del kilómetro 171 de la Hidrovía.
Recordó que entre el jueves y el viernes de esta semana se recibirá en Asunción a una delegación encabezada por un alto funcionario de la Aduana argentina para abordar la cuestión y transmitir la preocupación del país con respecto a los impactos que podría tener en la provisión de combustibles.
“Esta semana, el jueves o el viernes, viene uno de los altos funcionarios de la Aduana argentina para una reunión. Yo quiero participar para exponerle cómo nos afecta esto”, explicó el ministro.
No obstante, el ministro de Industria y Comercio se mostró optimista con respecto a la reunión, afirmando que se encontrará una solución a la cuestión.
Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) habían afirmado que la decisión de la Aduana argentina se basa en una interpretación incorrecta de la Ley 24.093, de actividades portuarias. Insistieron en que el kilómetro 171 no es un puerto y que incluso está contemplado como zona de alije en el Tratado de la Hidrovía.
Sobre los potenciales impactos de esta decisión de Argentina, señalaron que podría encarecer el costo logístico del traslado de combustibles en un 70 %, monto que también se manifestaría en el precio final de los hidrocarburos.