El reajuste del 3,6 % del salario mínimo legal, que pasa de G. 2.798.309 a G. 2.899.048, se realizó por recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), con base en el índice de inflación anual. Al respecto, el director de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Enrique Galeano, dijo que este monto no llena las expectativas de los trabajadores y que ya se está trabajando en actualizar el cálculo del reajuste anual.
“Se recomendó el reajuste del 3,6 % en base al IPC (Índice de Precios al Consumidor). Se debe actualizar la forma de calcular el salario mínimo. Este es un IPC general que refleja un costo-consumo promedio de bienes y servicios no es dirigido a una canasta básica obrera, es una herramienta económica que se usa para la política monetaria y no salarial”, explicó Galeano a Universo 970 AM/Nación Media.
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El actual mecanismo de reajuste, acordado en 2016, estableció una revisión anual del salario mínimo en base al IPC acumulado. Antes de esa reforma, el reajuste se aplicaba recién al alcanzarse una variación inflacionaria del 10 %, lo que generaba aumentos bruscos y esporádicos que complicaban la planificación de las empresas y, en muchos casos, fomentaba la informalidad laboral por el impacto de los costos.
Sin embargo, con el paso de los años, este sistema comenzó a perder consenso entre empleadores y trabajadores, lo que impulsó la búsqueda de un nuevo esquema. De acuerdo con Enrique Galeano, los trabajos para actualizar el modelo ya se iniciaron hace cuatro meses e incluyen el análisis de proyectos anteriores y la colaboración con organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El objetivo es desarrollar una propuesta que contemple no solo la evolución de los precios en general, sino también el impacto real sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto podría implicar cambios sustanciales en la manera en que se define el salario mínimo en el país.
Se espera que durante este año se concrete un proyecto de ley que contemple los ajustes propuestos y que deberá ser evaluado por el Poder Ejecutivo antes de su envío al Congreso. Las autoridades coinciden en que el IPC es una herramienta válida para la política monetaria, pero insuficiente para definir incrementos salariales que garanticen una mejora real en la calidad de vida de los trabajadores.