La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), registró una recaudación de G. 14.685 millones en el mes de agosto, y en lo que va del año ya suma más de G. 112.500 millones.
Los datos del Ministerio de Economía refieren que todo lo acumulado en los primeros 8 meses del año corresponde a un incremento del 10 % en comparación al mismo periodo de 2023, cuando la recaudación se encontraba en poco más de G. 102.156 millones.
Con esta tendencia positiva de aumento en la recaudación, mes tras mes, desde la Comisión de Juegos de Azar esperan superar la recaudación total este año, que en el anterior se ubicó en G. 158.080 millones. A 4 meses de finalizar el año, la Conajzar se encuentra a G. 55.900 millones de superar la meta.
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La recaudación por mes se divide de la siguiente manera, enero (G. 14.658 millones), febrero (G. 13.229 millones), marzo (G. 13.932 millones), abril (G. 14.137 millones), mayo (13.728 millones), junio (G. 13.759 millones), julio (G. 14.372 millones), y agosto (G. 14.685 millones).
Todos estos recursos que ingresan a las cajas de Juegos de Azar son destinados a salud pública, educación escolar y bienestar social, en cumplimiento de la Ley 1016/1997, que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o azar.
Específicamente, los recursos que provienen de la modalidad “apuestas deportivas” son asignados en un 50 % a la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y el 50% restante a la áreas sociales, a los municipios, a las gobernaciones y al Tesoro Público.
Esta institución tiene a su cargo la planificación, el control y la fiscalización de los juegos de azar, de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a su explotación, al igual que las relaciones interjurisdiccionales emergentes de la actividad.
Recuerdan que la entidad realiza constantemente un trabajo objetivo y trasparente, basado en análisis técnicos que garanticen la sostenibilidad, como el respaldo jurídico y financiero, y se encuentra a disposición de la ciudadanía para cualquier aclaración que sea justificada técnicamente, en el marco de la ley, y el derecho de transparencia y acceso a información pública.
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