• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en Diputados, Miguel Ángel del Puerto, aseguró que su sector respalda el análisis de nuevas alternativas de financiamiento para el Instituto de Previsión Social (IPS), incluyendo la emisión de bonos y créditos, actualmente en debate en el Senado.

A la vez, el parlamentario enfatizó la necesidad de saldar la “deuda histórica” del Estado con la previsional la cual treparía a aproximadamente a USD 800 millones, de acuerdo a lo informado desde la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP).

“Entendemos y compartimos la preocupación expresada por los jubilados. Es evidente que existe una deuda histórica del Estado con el IPS que debe ser atendida de manera responsable y progresiva. Todo mecanismo que permita fortalecer financieramente a la previsional, respetando el equilibrio de las cuentas públicas, merece ser analizado con seriedad, porque hoy lo más importante es garantizar medicamentos, insumos y una atención digna para los asegurados y jubilados”, comentó al diario La Nación/Nación Media.

Señaló también que “desde la Bancada Honor Colorado vemos con buenos ojos que el Senado esté analizando alternativas para darle al IPS el oxígeno financiero que necesita. Consideramos importantes tanto los mecanismos de financiamiento mediante bonos como las operaciones de crédito previstas en los proyectos, siempre que esos recursos estén destinados exclusivamente a garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos, equipamientos y el fortalecimiento de los servicios de salud".

Entre las propuestas presentadas en el Senado, figura la del senador Juan Afara, que declara en emergencia al Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS e incorpora mecanismos de financiamiento específicos, entre ellos, la emisión de bonos, empréstitos con organismos multilaterales y otros instrumentos financieros con el propósito exclusivo de adquirir medicamentos, insumos médicos, equipamientos y contratación de personal, sin usarse para el pago de deudas.

La propuesta plantea que el Estado honre su aporte pendiente al sistema de salud, equivalente al 39 % de los recursos, unos USD 304 millones. El proyecto de ley propone obtener esos fondos mediante emisión de bonos u otros mecanismos gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Nuestro acompañamiento a estas iniciativas comenzó desde la Cámara de Diputados. Aprobamos la declaración de emergencia sanitaria del IPS como una herramienta para dar una respuesta inmediata a la crisis que atraviesa la previsional“, refirió del Puerto.

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Asimismo, del Puerto aseguró que el titular de la previsional, Isaías Fretes, también goza de la total confianza de su bancada ante los cuestionamientos provenientes principalmente de los sectores de la oposición en contra de la gestión del médico.

“Le damos nuestro voto de confianza al doctor Fretes. Valoramos que el Poder Ejecutivo haya iniciado un proceso de reingeniería institucional orientado a transparentar la gestión, ordenar las finanzas, fortalecer los controles, modernizar los sistemas, optimizar las compras, digitalizar procesos y combatir la corrupción", dijo.

Añadió que “como líder de la Bancada de Honor Colorado reafirmo nuestro compromiso de acompañar todas las medidas impulsadas por el Gobierno que beneficien a los asegurados y jubilados, pero también de ejercer el control que corresponde para que los recursos públicos sean utilizados con responsabilidad, eficiencia y total transparencia".

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La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) considera que la emisión de bonos representa una alternativa más viable para atender la deuda del Estado con el sector vialero, que el mecanismo de cesión de créditos o factoraje impulsado por el Gobierno.

Así lo señaló Raúl López, miembro titular del directorio del citado gremio, quien advirtió que las condiciones financieras actualmente planteadas hacen que esta herramienta no resulte atractiva ni para las empresas constructoras ni para el sistema bancario.

Según explicó la 1080 AM, si bien existe voluntad institucional para encontrar una salida a la situación, el factoraje no logró avanzar porque las tasas y los plazos propuestos terminan convirtiendo la operación en un financiamiento comercial que recae nuevamente sobre las empresas. El esquema obliga a las constructoras a resignar una parte importante del valor de sus certificados de obra para acceder a liquidez inmediata.

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López detalló que actualmente la deuda acumulada con el sector ronda los USD 360 millones. De ese monto, aproximadamente USD 250 millones corresponden a certificados de obras ejecutadas y pendientes de pago, mientras que otros USD 110 millones corresponden a intereses generados por atrasos en las cancelaciones.

Desde la perspectiva de Capaco, el principal problema del factoraje es que el Estado propone cancelar las obligaciones en un plazo cercano a tres años, lo que incrementa significativamente el costo financiero para las empresas. Sostuvo que los descuentos aplicados por las entidades financieras terminan reduciendo de forma considerable los ingresos que deberían percibir las constructoras por trabajos ya ejecutados.

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A ello se suma otro factor de riesgo, que si el Estado no cumple con el cronograma previsto, las empresas quedan expuestas frente a los bancos. “El empresario termina sosteniendo la deuda”, dijo López.

Por este motivo, el gremio plantea avanzar en mecanismos alternativos, entre ellos una eventual emisión de bonos especiales que permita reconocer y cancelar las obligaciones pendientes sin trasladar costos adicionales a las constructoras. La propuesta, indicó, deberá ser analizada por el Congreso junto con el Poder Ejecutivo.

Los bonos del Tesoro son uno de los principales mecanismos que utiliza el Estado paraguayo para obtener recursos destinados, principalmente, a financiar obras e inversiones públicas. Aunque suelen asociarse al endeudamiento, también cumplen un papel importante en la planificación financiera del Gobierno y en el desarrollo del mercado de capitales.

El economista César Paredes explicó a La Nación/Nación Media que los bonos del Tesoro son títulos de deuda emitidos por el Gobierno paraguayo tanto en el mercado local como en el internacional, con el objetivo de obtener financiamiento para proyectos de inversión.

Señaló que las emisiones también sirven para administrar el perfil de la deuda pública. En ese sentido, explicó que el Gobierno puede emitir nuevos bonos para cancelar obligaciones anteriores, refinanciando vencimientos en condiciones más favorables.

Los bonos internacionales se colocan bajo la legislación del estado de Nueva York, Estados Unidos, y sometidos a la jurisdicción de los tribunales de dicho estado, mientras que los emitidos en el mercado local están regidos por la legislación paraguaya y son registrados ante la Superintendencia de Valores.

Otro aspecto determinante es la percepción de riesgo del país. Según explicó, las calificadoras internacionales evalúan la capacidad de pago del Gobierno y esa calificación influye directamente en el costo del financiamiento.

“Mientras mayor sea el riesgo percibido, menos inversionistas estarán dispuestos a comprar los bonos o exigirán tasas de interés más altas”, afirmó Paredes.

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En el caso paraguayo, destacó que se haya alcanzado el grado de inversión con dos de las tres calificadoras más importantes, lo que permite acceder a financiamiento con menores tasas de interés y a plazos más largos. “En América Latina, Paraguay se encuentra entre los países que pagan las menores tasas, junto con Chile y Uruguay. Eso responde, en gran medida, a la mejora de la calificación de riesgo”, agregó.

De los USD 661,6 millones de endeudamiento autorizados por la Ley n.º 7609/2025 para este año, ya fueron colocados USD 294,1 millones en el mercado internacional (44,5 %) y USD 68,5 millones en el mercado local (10,4%), según explicó a La Nación/Nación Media el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz.

Esto significa que todavía queda un saldo de USD 298,9 millones por emitir, de los cuales USD 123,6 millones están previstos para colocarse en el mercado local.

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El Viceministerio de Economía señaló aún quedan cuatro emisiones de bonos del Tesoro en el mercado local durante los meses de junio, julio, septiembre y octubre. Todas las colocaciones previstas se realizarán en guaraníes, conforme al Programa I-2026.

La primera subasta del año se realizó en abril mediante la reapertura de un bono con vencimiento en 2035. La operación registró una fuerte demanda, donde se recibieron ofertas por G. 698.000 millones y se adjudicó la totalidad del monto disponible.

Para las próximas colocaciones, además del bono con vencimiento en 2035, el Gobierno ofrecerá reaperturas de títulos de corto plazo con vencimientos en 2028 y 2030, con el objetivo de fortalecer el mercado secundario y ampliar la curva de rendimientos.

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Ruiz Díaz afirmó que las perspectivas para las próximas emisiones son positivas, considerando los sondeos realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Banco Central del Paraguay, que muestran liquidez suficiente en el mercado e interés por parte de los inversionistas.

Además, destacó el creciente interés de inversionistas extranjeros por adquirir bonos emitidos en moneda local. En los últimos 12 meses, la participación promedio de tenedores no residentes alcanzó el 5,21 % del total de bonos del Tesoro.

En caso de que la demanda supere el monto inicialmente autorizado para dentro del esquema establecido para este 2026, el Gobierno evaluará ampliar el programa, aprovechando que aún dispone de un margen de aprobación parlamentaria por USD 175,3 millones.

El viceministro aclaró que, a diferencia de algunas emisiones anteriores utilizadas para refinanciar obligaciones, las colocaciones tendrán un destino específico.

“Conforme a la Ley n.º 7609/2025, la totalidad de los recursos que se obtengan mediante las próximas subastas será destinada al financiamiento de inversiones, sin contemplar operaciones de refinanciamiento de deuda”, precisó Ruiz Díaz.

De esta manera, los fondos captados se orientarán exclusivamente a financiar proyectos de inversión pública previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

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Son uno de los principales mecanismos que utiliza el Estado paraguayo para obtener recursos destinados, principalmente, a financiar obras e inversiones públicas.

Aunque suelen aso­ciarse al endeuda­miento, los bonos del Tesoro también cum­plen un papel importante en la planificación finan­ciera del gobierno y en el desarrollo del mercado de capitales. El economista César Paredes explicó a La Nación/Nación Media que los bonos del Tesoro son títulos de deuda emitidos por el gobierno paraguayo tanto en el mercado local como en el internacional, con el objetivo de obtener financiamiento para pro­yectos de inversión.

Señaló que las emisio­nes también sirven para administrar el perfil de la deuda pública. En ese sen­tido, explicó que el gobierno puede emitir nuevos bonos para cancelar obligaciones anteriores, refinanciando vencimientos en condicio­nes más favorables.

Los bonos internacionales se colocan bajo la legislación del estado de Nueva York, Estados Unidos, y someti­dos a la jurisdicción de los tribunales de dicho estado, mientras que los emitidos en el mercado local están regidos por la legislación paraguaya y son registra­dos ante la Superintenden­cia de Valores.

Otro aspecto determinante es la percepción de riesgo del país. Según explicó, las calificadoras internacio­nales evalúan la capacidad de pago del gobierno y esa calificación influye direc­tamente en el costo del financiamiento. “Mientras mayor sea el riesgo perci­bido, menos inversionistas estarán dispuestos a com­prar los bonos o exigirán tasas de interés más altas”, afirmó Paredes.

En el caso paraguayo, des­tacó que se haya alcanzado el grado de inversión con dos de las tres calificado­ras más importantes, lo que permite acceder a financia­miento con menores tasas de interés y a plazos más largos. “En América Latina, Para­guay se encuentra entre los países que pagan las menores tasas, junto con Chile y Uru­guay. Eso responde, en gran medida, a la mejora de la cali­ficación de riesgo”, agregó.

De los USD 661,6 millones de endeudamiento autorizados por la Ley n.º 7609/2025 para este año, ya fueron coloca­dos USD 294,1 millones en el mercado internacional (44,5 %) y USD 68,5 millones en el mercado local (10,4%), según explicó a La Nación/Nación Media el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz. Esto sig­nifica que todavía queda un saldo de USD 298,9 millones por emitir, de los cuales USD 123,6 millones están previs­tos para colocarse en el mer­cado local.

El viceministro de Econo­mía señaló que aún quedan cuatro emisiones de bonos del Tesoro en el mercado local durante los meses de junio, julio, setiembre y octubre. Todas las colo­caciones previstas se rea­lizarán en guaraníes, con­forme al Programa I-2026. La primera subasta del año se realizó en abril mediante la reapertura de un bono con vencimiento en 2035. La operación registró una fuerte demanda, donde se recibieron ofertas por G. 698.000 millones y se adju­dicó la totalidad del monto disponible.

Para las próximas colocacio­nes, además del bono con ven­cimiento en 2035, el gobierno ofrecerá reaperturas de títu­los de corto plazo con venci­mientos en 2028 y 2030, con el objetivo de fortalecer el mer­cado secundario y ampliar la curva de rendimientos.

El viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz, afirmó que las perspecti­vas para las próximas emisio­nes son positivas, conside­rando los sondeos realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Banco Central del Paraguay, que muestran liquidez sufi­ciente en el mercado e inte­rés por parte de los inversio­nistas. Además, destacó el creciente interés de inversio­nistas extranjeros por adqui­rir bonos emitidos en moneda local. En los últimos 12 meses, la participación promedio de tenedores no residentes alcanzó el 5,21 % del total de bonos del Tesoro.

En caso de que la demanda supere el monto inicialmente auto­rizado para dentro del esquema establecido para este 2026, el gobierno evaluará ampliar el programa, aprovechando que aún dispone de un margen de aprobación parlamentaria por USD 175,3 millones.

El viceministro aclaró que, a diferencia de algunas emisiones ante­riores utilizadas para refinanciar obligaciones, las colocaciones tendrán un destino específico. “Conforme a la Ley n.º 7609/2025, la totalidad de los recursos que se obtengan mediante las próxi­mas subastas será destinada al financiamiento de inversiones, sin contemplar operaciones de refinanciamiento de deuda”, pre­cisó Ruiz Díaz. De esta manera, los fondos captados se orientarán exclusivamente a financiar proyectos de inversión pública previs­tos en el Presupuesto General de la Nación (PGN).