La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.

El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.

Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.

El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.

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La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.

En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.

Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.

Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.

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Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recuerdan a las organizaciones sin fines de lucro que el plazo para formalizar su inscripción en el registro administrativo, a través del Sistema Integrado de Administración de Recursos (Siara), vence el próximo 1 de abril de 2026.

Desde la institución recuerdan que este trámite alcanza a aquellas organizaciones que, de manera simultánea, participen o incidan en políticas públicas y reciban o administren fondos, ya sean públicos o privados, nacionales o internacionales.

La formalización de la inscripción en el registro administrativo es para las organizaciones ya existentes o constituidas con anterioridad a la vigencia de la ley, es decir, las constituidas o existentes al 1 de enero de 2026.

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En cuanto a aquellas organizaciones creadas a partir del 2 de enero de 2026, conforme a la mencionada normativa, tendrán un plazo de 30 días corridos desde su constitución para registrarse, a través del Siara. En caso de que una organización pase a cumplir posteriormente con las condiciones establecidas por la ley, deberá actualizar su información en el mismo plazo.

Se reitera que el cumplimiento de esta normativa será acreditado mediante la constancia emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales. Asimismo, subraya la importancia de este proceso, a través del cual se garantiza la transparencia, la correcta utilización de los recursos y el fortalecimiento institucional del sector.

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Insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanismos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) destacó el anuncio del Gobierno de asumir los intereses genera­dos por las deudas con el sec­tor, una medida que apunta a aliviar la carga financiera de las empresas y avanzar en la regularización de pagos pen­dientes.

Desde el gremio valoraron esa decisión, señalando que representa un paso impor­tante en medio de la situación que atraviesan las construc­toras. “Se valora la impor­tancia de estos anuncios”, indicaron, aunque remar­caron que será clave que las medidas se implementen de manera efectiva.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanis­mos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los com­promisos asumidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que los intereses asociados al meca­nismo de cesión de deuda (fac­toring) serán cubiertos por el Estado. Este esquema es uti­lizado por las empresas para adelantar el cobro de certi­ficados de obra, por lo que la decisión busca reducir el impacto financiero que gene­ran los atrasos en los pagos. Además, el Gobierno tam­bién definió cómo se aborda­rán los intereses acumulados correspondientes a deudas de periodos anteriores, que representan un monto impor­tante para el sector. En este caso, se prevé su cancelación mediante la emisión de bonos, como parte de una estrategia diferenciada para ordenar estos pasivos.

La ministra de Obras Públi­cas, Claudia Centurión, explicó que estas medidas responden a las limitacio­nes presupuestarias actua­les. Recordó que el 2025 cerró con USD 221 millones desti­nados al sector, mientras que el PGN 2026 contempla unos USD 600 millones para obras, dentro de una cartera cercana a USD 1.000 millo­nes. “No alcanza para cubrir todo, por lo que se recurre a otros instrumentos financie­ros”, señaló.

Para Capaco, más allá del anuncio, el foco ahora está en la ejecución. El gremio subrayó que la transparencia y la implementación efectiva serán determinantes para recuperar la confianza y sos­tener la actividad en el sector de la construcción, que viene siendo afectado por los atra­sos en los pagos.

MOPC proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

El puente de la Bioceánica sobre el río Paraguay registra un avance físico-financiero del 82,58 % al cierre de febrero y se encuentra actualmente a solo 70 metros de lograr la unión física en la frontera chaqueña entre nuestro país y Brasil. El Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

Además de la construcción de un tramo de 3,8 kilóme­tros que conecta la Ruta Bioceánica (PY015) con el puente, la estructura permi­tirá unir a Carmelo Peralta (Paraguay) con Porto Mur­tinho (Brasil), facilitando el intercambio comercial y el desarrollo económico y social de la región, según explicó el ingeniero René Gómez, superintendente de obras del consorcio PYBRA, firma encargada de llevar adelante la construcción.

Estas obras complemen­tarias están a cargo de la empresa nacional Tecnoe­dil, integrante del consorcio PYBRA y actualmente ya se están realizando los trabajos de movimiento de 600.000 metros cúbicos de suelo. La obra también destaca por el gran impacto social que está generando en el Chaco, puesto que muchos pobla­dores de Carmelo Peralta y zonas aledañas están traba­jando, ya sea directa o indi­rectamente en el proyecto, brindando servicios y la logística que se requiere.

Se prevén más obras com­plementarias dentro de la ciudad de Carmelo Peralta, tales como el mejoramiento de la doble avenida y la cons­trucción de un parque lineal, el cual servirá como mira­dor al puente de la Bioceá­nica que es financiado por Itaipú con una inversión de G. 125.952.948.959. Luego de finalizar la unión, se deben llevar a cabo las pruebas de carga, así como el tensiona­miento de los cabos de atirantamiento; además de otros trabajos complementarios, como la losa del vano lateral que está sobre la tierra.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público, continúa en este lunes con el proceso de pagos a proveedores y acreedores del Estado. En esta jornada, prevé desembolsar un total de G. 28.114 millones con Fuente de Financiamiento 10, correspondiente a Recursos del Tesoro.

El desembolso se dará conforme a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) del Ejercicio Fiscal 2026, ingresadas entre el pasado lunes 16 y el viernes 20 de marzo. En ese sentido, indicaron que la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) lleva adelante el proceso de transferencias de manera continua y ordenada, en función de la fecha de presentación STR remitidas por las instituciones públicas.

Asimismo, el calendario detallado de pagos ya se encuentra disponible en el portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del apartado “Servicios en Línea”, donde los usuarios pueden consultar la programación vigente de forma ágil y transparente.

La información también puede consultarse en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del menú “Compras Públicas” y el submenú “Pagos”, donde se accede al calendario de pagos del MEF. Los datos se encuentran igualmente en la sección “Enlaces de Interés” del portal del Sistema de Proveedores del Estado (Sipe), facilitando un acceso ágil y centralizado para los usuarios.

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A su vez, mencionaron que los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y otros pensionados del Estado recibirán este lunes los pagos correspondientes a marzo del año en curso acreditándose a través de la red del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Al cierre de la planilla de febrero de 2026, la Dirección General de Pensiones No Contributivas (Dgpnc), dependiente de la Gerencia de Gestión Administrativa del Estado registró un total de 4.888 beneficiarios con 2 veteranos de la Guerra del Chaco, 4.127 herederos de veteranos, 282 pensionados graciables y 448 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio.

A su vez, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) responsable de la administración del pago de la pensión alimentaria, estará realizando transferencias para más de 340.000 adultos mayores, que representan el pago total aproximado de G. 250.000 millones, según indicaron.

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