• Víctor Pavón (*)

Mi artículo del pasado fin de semana “Elevar el déficit fiscal es una amenaza para el país” fue objeto de críticas. Algunas consideraron acertadas mis conclusiones y otras no. Estas últimas se centraban en la excesiva importancia que otorgo al largo plazo dejando de lado, dicen, el presente escenario de urgencia que requiere la inmediata respuesta de elevar el tope del déficit.

Considero que dejar de lado los efectos a largo plazo por una urgencia que, por cierto, no es tal, lleva al inmediatismo, a depender de la coyuntura. Este inmediatismo implica abdicar de las reglas institucionales ante un escenario coyuntural, abriendo nuevas medidas que se sumarán una tras otra. Se abrirá la caja de Pandora expresada en la mitología griega, por el cual una decisión aparentemente inofensiva luego se convierte en un problema complejo y de irreparables daños.

Si se decidiera aumentar el tope del déficit fiscal, la primera y sencilla pregunta consiste en ¿Cómo se pagará el déficit?. La respuesta puede darse aumentando la recaudación, bajando los costos estatales, así como elevando los impuestos o crear nuevos; aumentar la deuda hasta una política monetaria más elástica acorde a los “nuevos tiempos”.

¿Cuál de estas posibilidades se dará si se autoriza aumentar el tope fiscal? Todas ellas están sobre la mesa. Se podrá disponer de una de ellas o todas juntas, dependiendo nuevamente de la “coyuntura”. Como se podrá disponer de más dinero, el gasto público inexorablemente aumentará. Las “buenas intenciones” justificarán cualquier decisión en el gasto y más cuando la coyuntura domina el escenario político.

Las reglas institucionales como la Ley de Responsabilidad Fiscal no son del agrado de políticos y burócratas. Les conviene el cortoplacismo, dado el corto horizonte que tienen de seguir en el Estado. La presión por los resultados electorales incentiva los ánimos de congraciarse con votantes y grupos de presión.

Surgen los beneficios a corto plazo y se ignoran los de mediano y largo plazo. Sin embargo, los costos como el de elevar el tope del déficit fiscal determinan el futuro. Además, ¿por qué no dejar al siguiente gobierno se encargue de enfrentar el problema de aprobar nuevos impuestos, más deudas e inflación?

Un ejemplo ilustra la situación. Muchos todavía creen que con una ley de alquileres que establezca un tope en el precio de los departamentos y casas, será de beneficio para los sectores de menores ingresos. La ley forzaría a que los propietarios no oferten sus propiedades a un precio mayor al legislado.

Sin embargo, pronto el precio exigido por ley hará que los propietarios oferten menos casas y departamentos e incluso preferirán venderlos. Habrá menos oferta de casas y alquileres, caerá la calidad de las mismas y la gente de menos recursos serán los primeros en ser perjudicados.

Llevar a cabo una medida a corto plazo sin considerar los efectos sistémicos a largo plazo es un error grave. Es lo que sucederá si se eleva el tope del déficit fiscal. Se abrirá la caja de Pandora, en apariencia inofensiva, para luego convertirse en altos costos a ser pagados por la población.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.

El presidente de la República, Santiago Peña, emitió un decreto para ordenar los gastos del Estado y priorizar hacia ciertos sectores, específicamente salud, educación, seguridad y programas sociales. Se trata de una medida para fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.

Se trata del Decreto n.° 6120, “por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”. El texto fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.

El decreto establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo. Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10), buscando una gestión más sostenible y eficiente de las finanzas públicas.

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Además, el documento contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado (deudas); y establece restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.

También se establecen determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Las arcas del Estado fueron golpeadas por la caída del dólar en los primeros meses del año y actualmente se está trabajando intensamente en honrar las deudas con sectores importantes, como son el de las farmacéuticas y las firmas de construcción vial.

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• Víctor Pavón (*)

Impulsada por el presidente Horacio Cartes, desde el año 2013 contamos con la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal. Esta normativa se convirtió en regla institucional. Pocas legislaciones adquirieron un rol institucional de resultados tan beneficiosos para el país.

En foros y seminarios internacionales, la normativa se constituyó en hecho llamativo. Un ejemplo a tomar en cuenta con el “made in Paraguay”. En un contexto global caracterizado por la competitividad y la alta eficiencia de los mercados, nuestro país consiguió dar un paso decisivo.

Se estableció un límite al déficit fiscal. La Administración Central no puede superar el 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), el gasto público toma en cuenta la tasa de inflación interanual, con una programación del presupuesto enmarcado en un horizonte de mediano plazo.

De igual modo, la legislación consideró situaciones de emergencia como una recesión severa o una catástrofe nacional, motivos que autorizan superar el límite del déficit. Todavía más, esta regla fiscal de limitar el déficit se relaciona con el dinero, haciendo que la estabilidad monetaria –de responsabilidad del Banco Central– tenga un apoyo que antes no contaba.

Nuestro país fue logrando dos elementos que muchas veces no son debidamente apreciados y los tecnócratas desprecian a la fecha. Estos dos elementos son la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria. La Ley de Responsabilidad Fiscal es una barrera para cualquier intento populista. Esta normativa emite señales positivas a los mercados, nacional y extranjero.

Con el espíritu emprendedor de productores, comerciantes e industriales, trabajadores y empresarios, logramos como país ingresar a las ligas mayores pese a su mediterraneidad, rodeado de dos países de influencia como Argentina y Brasil.

Paraguay está logrando mostrarse al mundo confiable, serio y predecible. De hecho, el gobierno actual de Santiago Peña desde el inicio de su gestión tuvo como uno de sus objetivos reducir el déficit fiscal, incrementado durante el gobierno anterior.

La reducción del déficit fiscal se está dando. Sin embargo, a la fecha las ideas equivocadas presionan por todas partes. Están instalando en la agenda pública salir de la regla fiscal. Pretenden subir el tope del déficit. Se abrirán las puertas del infierno. Y la expresión infierno no la menciono como figura retórica que la literatura otorga. Cambiar la regla fiscal tendrá efectos dañinos comparables con el Averno de suplicios y quebrantos.

A los promotores de esta malsana idea de elevar el tope fiscal no les interesa la población, les interesa el Estado en lugar del individuo. A sus impulsores les tiene sin cuidado el futuro de cada paraguayo y extranjero que trabaja, ahorra e invierte en el país.

El incremento en el tope del déficit fiscal pronto traerá consigo el aumento de impuestos (que tanto anhelan), endeudamientos y una política monetaria laxa, supeditado a la coyuntura.

Quedará en el recuerdo el 10-10-10 impositivo. Los efectos serán devastadores. ¡Justo en el momento en que Paraguay empieza a despegar! Espero que el Gobierno no pise esta cáscara de banana puesta por los que desean su fracaso para señalarlo como el que destruyó una de las columnas de la estabilidad y progreso de la nación.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.

La baja del dólar comenzó a reflejarse en distintos sectores de la economía paraguaya y también plantea nuevos desafíos para las cuentas públicas, según analizó el economista Rodrigo Ibarrola. Si bien el contexto ayuda a moderar algunos costos vinculados a importaciones e intereses de deuda en moneda extranjera, también impacta sobre la recaudación tributaria y la dinámica fiscal del país.

El especialista explicó que los ingresos tributarios muestran una desaceleración respecto al mismo periodo del año pasado, situación que podría dificultar el objetivo del gobierno de converger hacia un déficit fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

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“El escenario se volvió más complejo porque algunos ingresos crecieron por debajo de lo esperado, mientras ciertos gastos continúan aumentando”, señaló a la 1020 AM.

Actualmente, el déficit fiscal anualizado ronda el 2,2 %, aunque Ibarrola aclaró que todavía dependerá de cómo evolucionen los ingresos y el gasto público durante el resto del año.

El economista indicó que parte de esta situación responde también a una normalización de la recaudación luego del impulso inicial generado por la integración de Tributación y Aduanas dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). A esto se suma un contexto económico donde algunos sectores muestran menor dinamismo.

Entre las áreas más sensibles, mencionó a la construcción, debido a los atrasos en pagos a contratistas y proveedores del Estado. En ese sentido, explicó que el mecanismo de factoraje aparece como una alternativa para otorgar liquidez a las empresas mientras esperan los desembolsos públicos.

Sin embargo, señaló que aún existe debate sobre cómo distribuir el costo financiero de estas operaciones. “La discusión principal es quién absorbe finalmente los intereses derivados de esos adelantos financieros”, comentó.

Ibarrola agregó que las empresas de mayor tamaño tienen más capacidad para sostenerse en este contexto, mientras que las pequeñas y medianas enfrentan mayores dificultades para mantener capital operativo.

Pese a este escenario más ajustado, el economista consideró que Paraguay mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y descartó un impacto inmediato sobre la calificación crediticia del país.

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