El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer su informe de Situación Financiera de la Administración Central (Situfin), en el cual expone el desenvolvimiento de las finanzas públicas. Se destaca que al cierre del mes de agosto la inversión pública creció 19,3 %.

De acuerdo a la información divulgada, la inversión pública trepó hasta los G. 4,4 billones, en el acumulado de enero a agosto del presente ejercicio, significando el 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB). El incremento con relación al mismo periodo de 2025 es de 19,3 %.

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En el detalle se aprecia que la mayor participación en la erogación la tiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sumando G. 3,03 billones. Con relación a la evolución del desembolso de la cartera de Estado se aprecia un desarrollo de 37,4 %, frente al mismo periodo de ocho meses de 2025.

Sobre el gasto total, se apuntó que el desarrollo fue de 10,7 % acumulado, con énfasis en las remuneraciones de sectores estratégicos, programas sociales y regulación de obligaciones pendientes por medicamentos.

Al cierre del octavo mes del ejercicio, el déficit acumulado fue de G. 6,9 billones, lo que representa -1,7 del PIB, lo que a la vez significa USD 1.117,3 millones. Como ya se sabe, la expectativa para la conclusión de este año es de 3,2 % en términos de insuficiencia fiscal.

En cuanto a los ingresos, acumularon un aumento del 1,2 %, sostenido por el crecimiento de los ingresos tributarios (2,2 %), aunque contrarrestados por la reducción de los ingresos no tributarios (-2,3 %), principalmente por menores recursos de binacionales e incidencia de apreciación cambiaria.

Además, en el informe se dio a conocer el detalle del compromiso adquirido con bancos locales, en el marco de la cesión de deuda por parte de las empresas farmacéuticas proveedoras de medicamentos al Ministerio de Salud.

El pasivo debe ser cancelado en 36 meses, con el siguiente esquema de desembolsos: G. 265.000 millones en 2026, G. 796.000 millones tanto en 2027 como en 2028 y, finalmente, G. 531.000 millones en 2029. El Tesoro no se hará cargo de intereses, ya que la negociación corrió entre entidades bancarias y proveedores.

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Mejorar la eficiencia del sistema tributario, atender las deudas y ordenar el gasto serán las prioridades, según explicó el ministro de Economía, Oscar Lovera, quien defendió el proyecto de PGN 2027 presentado ante el Congreso.

PGN 2027 y perspectivas. El Gobierno no prevé subir las tasas de los impuestos ni crear nuevos tributos, pero sí abrió la puerta a revisar exenciones y regímenes especiales que actualmente reducen la recaudación.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, afirmó durante una entrevista en Universo 970 que esta será una de las vías para generar mayor espacio fiscal, en paralelo al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, presentado ayer ante el Congreso.

El proyecto contempla un monto global de G. 166,3 billones (USD 25.754,4 millones), 11,2 % más que el presupuesto de 2026. Lovera aclaró que la comparación en dólares está influida por el tipo de cambio. El presupuesto 2026 fue elaborado con una cotización de G. 7.881, mientras que para 2027 se utilizó G. 6.458. Por eso, el presupuesto vigente de 2026, llevado al tipo de cambio actual, ronda los USD 22.800 millones.

“Nosotros no vamos a tocar tasas de los impuestos o crear nuevos impuestos”, sostuvo Lovera. La revisión se concentra en el llamado gasto tributario, que incluye exenciones, deducibilidades y regímenes especiales.

Según estudios mencionados durante la entrevista, este concepto ronda los USD 1.000 millones, aunque el ministro aclaró que no todo ese monto necesariamente podría convertirse en mayor recaudación.

La discusión apunta a determinar si los beneficios que fueron creados con determinados objetivos siguen teniendo sentido. Como ejemplo, Lovera mencionó la exención para la importación de vehículos flex, vigente desde hace más de 30 años, y señaló que las condiciones que justificaron originalmente ese incentivo cambiaron.

Más inversión y orden de deudas. En el PGN 2027, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tendrá un incremento de 34 %, pasando de unos USD 738 millones a USD 1.000 millones. Además, se prevé sostener más inversiones para viviendas sociales y avanzar con nuevas obras, entre ellas el Corredor del Sur, con una inversión superior a USD 220 millones.

El ministro también destacó el tratamiento de las deudas de Salud. De los USD 1.050 millones de atrasos del Ministerio de Salud, unos USD 850 millones correspondían al sector farmacéutico. Mediante la cesión de derechos de cobro, se estructuraron USD 394 millones en 36 cuotas mensuales de aproximadamente USD 11 millones, permitiendo dar liquidez a proveedores y distribuir el compromiso en el tiempo.

La pulseada salarial. El conflicto con los médicos aparece como otro de los grandes desafíos. Lovera reconoció que el sistema actual presenta una desigualdad entre unos 3.100 funcionarios nombrados, que cuentan con escalafón, y unos 9.000 contratados, cuyo salario permanece plano.

Para el ministro, un aumento generalizado no resolvería esa distorsión y podría encarecer aún más una futura corrección. La propuesta es avanzar hacia una carrera sanitaria viable y discutir eventualmente una asignación transitoria mientras se construye ese esquema.

El país debe avanzar en una racionalización del gasto público, dándole mayor prioridad a una mejor administración pública, según explicó el presidente de la UGP, Héctor Cristaldo.

La importancia de la calidad del gasto público. En ese marco señaló que aumentar la presión tributaria sin corregir la corrupción y la mala gestión podría frenar la dinámica económica y revertir avances en materia económica. Esto se da en medio del debate sobre las cuentas públicas y las necesidades de financiamiento del Estado.

A su criterio, la discusión tributaria podría generar irritación ciudadana si no está acompañada por señales concretas de mejora en la administración de los recursos públicos.

También recordó la reforma impositiva impulsada en 2003, cuando distintos sectores acordaron con el Gobierno una modificación del sistema tributario y una racionalización del gasto. Según señaló, las tasas impositivas bajaron del 30 % al 10 % y la recaudación aumentó más de 11 veces, y consideró que la calidad del gasto no mejoró en la misma proporción.

Un antes y un después. Para Cristaldo, los resultados económicos de las últimas dos décadas también deben ser considerados antes de modificar la política tributaria.

Recordó que el PIB pasó de unos USD 7.400 millones en 2002 a cerca de USD 50.000 millones, mientras que la pobreza se redujo de 57,9 % a 16 %. Atribuyó parte de este proceso a una estructura impositiva que, según su análisis, permitió dinamizar la economía.

En esa línea, advirtió que una mayor carga tributaria podría terminar afectando ese proceso. “Podemos estar revirtiendo todo ese proceso y frenando la dinámica económica”, afirmó, al señalar que también podría afectar los avances en reducción de la pobreza.

Rol del sector público y privado. Finalmente, sostuvo que cualquier eventual modificación tributaria debe analizarse de manera integral y no mediante impuestos aislados a determinadas actividades. “El sistema impositivo se tiene que manejar de manera armónica”, afirmó, y remarcó que el desafío pasa por alcanzar un esfuerzo compartido entre quienes generan los recursos y quienes los administran.

Según Cristaldo, el sector privado genera alrededor del 85 % del PIB, por lo que aumentar el peso del sector público sobre la economía sin corregir ineficiencias podría convertirse, más que en una solución, en un obstáculo para el crecimiento.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Paraguay. El organismo dio a conocer su satisfacción con relación al desempeño económico local y las reformas estructurales que se están llevando adelante. Además, ven con buenos ojos el retorno al tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2028.

Según lo informado por el FMI, los directores ejecutivos “estuvieron de acuerdo en términos generales con la evaluación del personal técnico”. Entre otras cosas, el escrito hace referencia a que “acogieron con satisfacción los buenos resultados macroeconómicos que sigue registrando Paraguay, respaldados por políticas sólidas y reformas estructurales sostenidas, y valoraron positivamente las perspectivas favorables de crecimiento a mediano plazo, así como el equilibrio de los riesgos para las perspectivas”.

En uno de los puntos más destacados se analiza una de las cuestiones más actuales de la economía local: el agujero fiscal que representan las deudas con vialeras y farmacéuticas. Al respecto, celebran que se retome en 2028 la disciplina fiscal con el límite del 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), tal como lo anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Los directores celebraron el compromiso de las autoridades de restablecer el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2028. Señalaron que las iniciativas sostenidas para mejorar la administración tributaria y ampliar la base imponible, así como para fortalecer la eficiencia en el gasto, facilitarían la consolidación fiscal y generarían margen para el gasto social y en desarrollo prioritario”, indica el escrito.

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“Los directores destacaron la importancia fundamental de regularizar oportunamente los atrasos por concepto de gastos y de reforzar la gestión financiera pública para preservar la credibilidad de la política fiscal”, se agrega sobre el punto.

Por otro lado, nuevamente mencionaron el cuidado que se debe tener con el crédito de consumo y su rápida expansión. “Si bien los riesgos del sector financiero parecen estar controlados, el rápido crecimiento del crédito al consumo justifica un seguimiento minucioso y la disposición a actuar en caso de que surjan indicios de un debilitamiento de los criterios de evaluación de préstamos”, precisa.

También se expidieron sobre las reformas en marcha, contra la informalidad, principalmente, y el avance de la lucha contra la corrupción. “Animaron a las autoridades a seguir adelante con nuevas reformas para reducir la informalidad, aprovechando los avances recientes. Asimismo, los directores alentaron a las autoridades a seguir fortaleciendo la gobernanza y las instituciones de lucha contra la corrupción para mejorar el clima de inversión”, menciona.

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