La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN) informó la venta de 40 vaquillas Nelore preñadas a una cooperativa del Chaco paraguayo, en una operación que superó los G. 1.000 millones. La incorporación de estos animales forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la calidad genética del rodeo y mejorar la rentabilidad de los sistemas de producción.

De acuerdo con el gremio, este avance es resultado de un proceso de promoción de la raza que se inició hace varios años, con presencia en exposiciones ganaderas y actividades técnicas dirigidas a productores de la región.

Además, el interés por esta genética motivó una serie de evaluaciones y visitas técnicas a establecimientos ganaderos de Paraguay y Brasil, donde se analizó el desempeño de la raza en diferentes modelos de producción. La operación fue considerada por el gremio como una señal de confianza en el potencial de la genética de la raza para contribuir al desarrollo sostenible y competitivo de la ganadería chaqueña.

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Asimismo, mencionaron que la incorporación de estas primeras 40 vaquillas representa mucho más que una compra de reproductoras. Constituye el inicio de una alianza estratégica con el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia del gremio dentro de uno de los sistemas productivos más importantes del país.

“Este es apenas el primer paso de un proyecto de largo plazo que busca consolidar una ganadería cada vez más eficiente, rentable y sostenible”, agregaron. Asimismo, permitirá potenciar la productividad de los rodeos, aprovechando las virtudes de una raza que hoy combina rusticidad y adaptación con elevados índices de fertilidad, precocidad sexual, capacidad de crecimiento, rendimiento de carcasa y calidad de carne.

A su vez, la elección de la cooperativa refleja que en los últimos años experimentó una transformación genética orientada a responder a las exigencias de la ganadería moderna. “Este logro también representa el fruto de años de trabajo conjunto entre la asociación, las cabañas y los criadoress, quienes han contribuido a posicionar al Nelore como una de las principales herramientas”, mencionaron.

De esta manera, con esta inversión histórica se sentaron las bases de una nueva etapa para la ganadería del Chaco. “Más que la incorporación de 40 vaquillas, este acuerdo representa el inicio de una visión compartida entre productores, instituciones y una de las cooperativas más importantes del país para seguir construyendo una ganadería más productiva”, destacaron.

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Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.

“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.

Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.

Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.

Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.

Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.

“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.

En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.

Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.

La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.

En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.

Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?

La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.

“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.

Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.

Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.

Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.

Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.

Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.

Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.

Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.

La administración tributaria y el sector bancario conformarán un equipo técnico y tecnológico para desarrollar una plataforma que permita intercambiar información tributaria y bancaria de manera específica y bajo autorización de los contribuyentes.

Fortalecimiento conjunto. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el sistema bancario avanzan en el desarrollo de un mecanismo de intercambio de información que permitirá facilitar el acceso a determinados datos tributarios y bancarios, con autorización previa de los clientes.

El anuncio fue realizado por el director nacional de la DNIT, Óscar Orué, durante la segunda Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban)

Orué explicó que ambas partes conformarán un equipo técnico y tecnológico encargado de trabajar en el desarrollo del sistema, con la expectativa de que pueda estar disponible a mediados del próximo año. La herramienta permitirá que las entidades financieras puedan acceder a información tributaria de sus clientes y que, a su vez, la DNIT pueda consultar determinados datos bancarios para fortalecer sus procesos de control.

El director de la DNIT aclaró que el mecanismo no implicará un acceso irrestricto a la información de los contribuyentes. El alcance estará limitado a determinadas declaraciones y registros, entre ellos las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA), estados financieros, facturación de empresas, impuesto a la renta empresarial (IRE) e impuesto a la renta personal (IRP).

Autorización con firma electrónica. Para acceder a estos datos será indispensable la autorización expresa del cliente. Según explicó Orué, cada banco deberá gestionar este consentimiento con sus clientes y posteriormente presentar la autorización ante la DNIT mediante la firma electrónica correspondiente. De esta manera, las entidades podrán consultar y descargar las declaraciones juradas habilitadas.

El sistema apunta principalmente a facilitar los procesos de evaluación de clientes que requieran acceder a productos financieros, como créditos. Sobre el punto, Orué señaló que todavía no se cuenta con una estimación de cuántos contribuyentes podrían otorgar esta autorización, pero remarcó que el acceso estará condicionado al consentimiento de cada cliente.

Después de 31 años de lucha, trescientas familias campesinas de la colonia 8 de Diciembre, distrito de María Auxiliadora (Itapúa), accedieron a la titulación de sus tierras, gracias al plan de Gobierno conocido como “Nueva Ruralidad”, que impulsa desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Al término del acto, el titular del ente estatal realizó audiencias con las comisiones vecinales.

“La mejor forma de celebrar los 31 años de la colonia 8 de Diciembre es con la entrega de títulos de propiedad. El gobierno de Santiago Peña quiere que las familias campesinas tengan su título, para acceder al crédito, infraestructura, vivienda, maquinarias para la producción, de manera que puedan hacer estudiar a sus hijos y mejorar la calidad de vida”, expresó Francisco Ruiz Díaz, presidente de Indert, durante un acto de celebración de la comunidad, el 7 de agosto en la escuela 8 de Diciembre.

“Un 7 de agosto, hace 31 años, iniciamos la lucha por la tierra propia, que hoy se corona con la titulación de 300 familias, de las 400 que habitan en la colonia”, afirmó Virgilio Ortiz, dirigente de la colonia 8 de Diciembre y concejal de Tomás Romero Pereira.

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Hernán Núñez, secretario general de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, resaltó que “hay avances en la formalización de la tierra”, que servirá para llevar desarrollo, en coordinación entre el Indert y la municipalidad. A su turno, Carlos Sánchez, agricultor y pionero de la colonia, señaló que “se cumple el sueño desde la formación de la colonia, hace 31 años”, de lograr acceder a la tierra propia.

Mientras que Eva Martínez, en representación de los beneficiarios de títulos de propiedad de la colonia 8 de diciembre, sostuvo que “más del 80 % de los títulos fueron entregados a las mujeres rurales”.

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