Este martes, en conferencia de prensa, la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén, junto al titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, presentaron oficialmente las nuevas modificaciones que el gobierno realizó al programa habitacional Che Róga Porã 3.0.

Uno de los primeros cambios es que se aumenta el monto financiable para las familias que tienen de 1 a 6 salarios mínimos hasta G. 652 millones para Gran Asunción y G. 792 millones para Asunción, con una tasa del 9,9 % a un plazo de 30 años. Al respecto, el ministro Baruja señaló que este rango en el sistema financiero hoy se ubica en una tasa de 13 % a 15 % con plazos máximos de hasta 15 años.

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La titular de la AFD explicó que la razón de este cambio es que el valor de la tierra está subiendo y el gobierno quiere acompañar estos cambios que atraviesa el mercado. Otro cambio que se implementa es el nuevo rango de préstamo para personas que ganan de 6 a 9 salarios mínimos, ya que muchos profesionales que superan ese monto requerido quedaban fuera de la posibilidad de acceder al programa.

La tercera introducción es que se ampliará el área de influencia en zona metropolitana, dotando de un mayor financiamiento para densificar Asunción y sus alrededores, además, la ciudad de Presidente Hayes.

Finalmente el cuarto cambio hecho es que de ahora en más se pone a disposición de los desarrolladores inmobiliarios, Proyectos de Desarrollo Inmobiliario Viables (Prodesi), orientado a sus proyectos de desarrollo en el marco de Che Róga Porã 3.0.

“Entiendo que si bajamos los costos de construcción, finalmente las familias van a ser beneficiadas, al tener una construcción de mejor calidad a menor costo. Lo que se traduce a una cuota más baja”, manifestó Guillén.

En ese marco, la presidenta de la AFD indicó que a mayo de este año, la banca alcanzó el total de la colocación que tenían prevista para todo el año. “Colocamos ya más de USD 86 millones y a lo largo de la vida del programa ya hemos colocado más de USD 185 millones”, detalló.

Por otro lado, acotó que tras conversar con el presidente de la República, Santiago Peña, él les pidió que sigan consiguiendo recursos para sostener el programa, por lo que iniciaron la gestión de un nuevo préstamo de USD 200 millones, para seguir facilitando el acceso a la vivienda a la ciudadanía.

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El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, nombró este jueves a un nuevo ministro de Trabajo como parte de una reorganización de su gabinete con la que intenta calmar las protestas que exigen su renuncia.

Paz, que desde inicios de mayo enfrenta manifestaciones de obreros, campesinos indígenas, transportistas y mineros, prometió el miércoles el ajuste para, según dijo, incluir la voz de los sectores sociales.

En el primer cambio, Williams Bascopé, abogado de origen aimara, reemplazará a Edgar Morales, muy criticado por el sector obrero y quien horas antes puso su cargo a disposición.

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“Las organizaciones sociales (...) siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno. Invitamos siempre al diálogo”, dijo Paz, en un video difundido este jueves por su oficina.

En La Paz, sede de gobierno cercada por bloqueos de carreteras, cientos de mineros y obreros de fábricas marchaban este jueves, sin incidentes. Los cortes de ruta han provocado escasez de alimentos, medicinas y combustible.

A inicios de mayo, 13 trabajadores de fábricas fueron arrestados tras irrumpir en el Ministerio de Trabajo y, según la policía, retener durante horas a varios funcionarios públicos, incluido a Morales.

• Fuente: AFP

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México presentará el jueves una reforma a su ley electoral para incluir una investigación a los candidatos sobre posibles vínculos con el crimen organizado, en medio de presiones desde Estados Unidos para arrestar a un gobernador acusado de narcotráfico.

El gobierno de Claudia Sheinbaum enviará el proyecto al Congreso, donde tiene mayoría. El objetivo es que rija para las elecciones de 2027, en la que se renovará el poder legislativo y parte de las gobernaciones y alcaldías.

“Hemos vivido algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa cotidiana.

Las autoridades anunciaron precisamente la víspera la detención de seis políticos locales por extorsión y vínculos con el crimen organizado. Van 70 desde 2024.

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El gobierno, sin embargo, está bajo presión de Estados Unidos para que arreste y extradite al gobernador Rubén Rocha, a quien relaciona con el peligroso cártel de Sinaloa que fundó Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

Rocha pidió licencia para apartarse del cargo. Sheinbaum ha pedido más pruebas al Departamento de Justicia estadounidense antes de actuar en contra el funcionario.

“No se encubre a nadie, cuando hay pruebas se procesa”, insistió la mandataria.

La propuesta electoral incluye ahora la creación de una comisión, dependiente de las autoridades electorales, que verifique con la fiscalía y los órganos antilavado que un aspirante no tenga vínculos con el crimen organizado.

La pesquisa no será obligatoria para los partidos políticos, que podrán entregar a “las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia” los nombres de sus candidatos para descartar cualquier “riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada”, explicó Luisa María Alcalde, consultora jurídica de Sheinbaum.

Los resultados no serán vinculantes, aunque pueden llevar a una investigación formal de la justicia.

• Fuente: AFP

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El debate sobre una eventual reforma en la fórmula de reajuste del salario mínimo legal volvió a instalarse en la agenda económica nacional. Ante la intención del Poder Ejecutivo de incorporar nuevas variables más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el analista financiero Stan Canova propone la creación de un “IPC Básico” compuesto por unos 20 productos esenciales para reflejar de manera más precisa el costo de vida de los trabajadores paraguayos.

En conversación con La Nación/Nación Media, Canova cuestionó que el IPC actual represente fielmente el impacto real de la inflación sobre los hogares, al considerar que el indicador toma en cuenta cerca de 350 productos y servicios agrupados en 12 categorías, muchos de ellos con escasa incidencia en el consumo cotidiano.

“El IPC es un promedio. Hay productos que subieron más del 20 %, mientras otros bajaron por estacionalidad entre un 10 % y un 20 %, haciendo que el resultado final incluso sea del 0 %, como ocurrió en febrero pasado”, explicó. Según sostuvo, esto genera una percepción errónea sobre el comportamiento de los precios, ya que, aunque el indicador general se mantenga estable, los productos más sensibles para las familias continúan registrando aumentos importantes.

Como alternativa, Canova plantea elaborar un “IPC Básico” enfocado exclusivamente en artículos de alta rotación y consumo diario, entre ellos alimentos de primera necesidad, combustibles y productos de higiene. “Ahí deberían entrar la carne, verduras básicas como tomate, cebolla, papa y locote, además de harina, detergentes y combustibles; no ir más allá de 20 productos”, indicó.

El analista también propone descentralizar la medición de precios y ampliar el relevamiento a ciudades del interior del país, como Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Filadelfia y Concepción, argumentando que el comportamiento de los costos varía considerablemente fuera de Asunción.

Respecto a la posibilidad de incorporar variables como productividad, condiciones económicas sectoriales y costo de vida específico, tal como analiza el Ministerio de Trabajo, Canova prefiere una reforma más simple y focalizada. “Prefiero que se acote la canasta de medición y se descentralicen los datos geográficamente, antes que complejizar la fórmula con variables que puedan distorsionar el mercado”, expresó.

Para el analista financiero, el principal problema no radica únicamente en el monto nominal del salario mínimo, sino en que este no logra seguir el ritmo de aumento de los productos y servicios más relevantes para el trabajador. Entre esos factores mencionó especialmente el costo del transporte público, al que calificó como una “deuda histórica” para el país.

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Canova también refirió la implicancia del sistema de subsidios al transporte público, señalando que el servicio continúa siendo deficiente pese a las millonarias transferencias estatales. “Es increíble cómo tres o cuatro familias han podido obtener de cada gobierno más de 100 millones de dólares y ofrecer unidades desastrosas”, sostuvo.

A su criterio, el sistema debería incentivar a que las personas opten por dejar sus vehículos particulares y utilizar buses, pero actualmente ocurre lo contrario, impulsando incluso el crecimiento del uso de motocicletas como alternativa. Asimismo, reclamó una mayor transparencia en el manejo de los subsidios y exigió que las empresas publiquen sus estados financieros, la cantidad diaria de boletos vendidos, los kilómetros recorridos y el consumo de combustible de cada unidad.

Sobre el aumento del acceso al crédito de consumo en Paraguay, el especialista señaló que la bancarización no debe verse como un fenómeno negativo, aunque advirtió sobre los riesgos de un sobreendeudamiento sin ingresos estables. No obstante, destacó que las tarjetas también pueden representar una herramienta útil para los hogares debido a los descuentos y promociones que ofrecen las entidades financieras.

Finalmente, Canova sostuvo que el verdadero problema estructural sigue siendo la informalidad laboral y la baja calidad del empleo, factores que limitan las posibilidades de crecimiento económico de los trabajadores. “La capacitación y la obtención de nuevas habilidades técnicas y profesionales es la única vía real para romper la barrera de cobrar hasta un salario mínimo o incluso menos”, concluyó.

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