Según Bejarano para eso se necesitan al menos dos instituciones nuevas, sobre todo un ente regulador.

El viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, habló sobre la cuestión ener­gética, mirando el futuro y las necesidades que afloran para no tener problemas en cuando a suministro. Afirmó que se pro­yecta que la inversión privada sostenga el desarrollo del sec­tor, pero para eso se necesitan al menos dos instituciones nuevas, sobre todo un ente regulador.

Brindó sus conceptos durante el foro “Energía eléctrica para asegurar la continuidad del desarrollo en Paraguay”, organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS), el Centro Paraguayo de Ingenie­ros y el Instituto de Profesio­nales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE). Bejarano habló, entre otras cosas, de la importancia que representa la conformación de dos nuevas instituciones para la política energética local, la primera, el Ministerio de Energía y la segunda, el ente regulador que dará el marco de operaciones en el que se espera sea un diná­mico mercado de generación, distribución y alimentación.

Seguidamente, el vicemi­nistro precisó que para el desarrollo local se requiere de inversiones multimillo­narias, que necesariamente deben provenir del sector pri­vado. “La mejor normativa que podemos hacer, de generación de energía eléctrica, si uno no tiene un árbitro, cómo preten­demos de que pueda llegar a venir la inversión, lo primero que dice el inversor es ‘yo quiero invertir en su país en energía y generación de ener­gía’”, comenzó diciendo.

Indicó que las condiciones deben estar expuestas de antemano, de manera de faci­litar el desembarco de capita­les. “Todos ya vimos la necesi­dad, en diferentes escenarios, la que fuera que sea, necesita inversiones multimillona­rias y eso pretendemos que venga del sector privado, pero te dicen ‘necesito una garan­tía soberana por las condi­ciones en las cuales está el estado financiando la Ande’, si la Ande va a ser la que me va a comprar la energía, ese es el último gran debate que está hoy sobre la mesa”, manifestó y amplió que la ley vigente establece un fondo fiducia­rio para brindar seguridad.

El evento estuvo organizado por el Instituto de Desarro­llo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS), el Centro Paraguayo de Ingenieros y el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléc­trico (IPPSE). Foto: Matías Amarilla

El viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, habló sobre la cuestión energética, mirando el futuro y las necesidades que afloran para no tener problemas en cuando a suministro. En ese sentido, afirmó que se proyecta que la inversión privada sostenga el desarrollo del sector, pero para eso se necesitan al menos dos instituciones nuevas, sobre todo un ente regulador.

El alto funcionario brindó sus conceptos durante el foro “Energía eléctrica para asegurar la continuidad del desarrollo en Paraguay”, organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS), el Centro Paraguayo de Ingenieros y el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE).

Bejarano habló, entre otras cosas, de la importancia que representa la conformación de dos nuevas instituciones para la política energética local, la primera, el Ministerio de Energía y la segunda, el ente regulador que dará el marco de operaciones en el que se espera sea un dinámico mercado de generación, distribución y alimentación.

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Seguidamente, el viceministro precisó que para el desarrollo local se requiere de inversiones multimillonarias, que necesariamente deben provenir del sector privado. “La mejor normativa que podemos hacer, de generación de energía eléctrica, si uno no tiene un árbitro, cómo pretendemos nosotros de que pueda llegar a venir la inversión, lo primero que dice el inversor es ‘yo quiero invertir en su país en energía y generación de energía’”, comenzó diciendo.

Posteriormente, indicó que las condiciones deben estar expuestas de antemano, de manera a facilitar el desembarco de capitales. “Todos ya vimos la necesidad, en diferentes escenarios, la que fuera que sea, necesita inversiones multimillonarias y eso pretendemos que venga del sector privado, pero te dicen ‘necesito una garantía soberana por las condiciones en las cuales está el estado financiando la Ande’, si la Ande va a ser la que me va a comprar la energía, ese es el último gran debate que está hoy sobre la mesa”, manifestó y amplió que la ley vigente establece un fondo fiduciario para brindar seguridad.

Con lo mencionado anteriormente y una vez en marcha el mercado de energía eléctrica, es imperioso contar con un ente que dirima, por ejemplo, los casos de casos de incumplimiento contractuales, tanto para la venta a la Ande, como en las operaciones entre particulares.

“Los cambios de paradigma empezaron, sacamos algunas buenas normativas que pueden generar cosas distintas a la que hemos hecho, pero para que esto sea real, efectivo y certero, necesitamos darle apoyo a otras dos instituciones”, concluyó.

En el evento del que fue parte el viceministro se dieron varios paneles, en los cuales se debatió sobre el panorama energético local, las opciones que tiene el país en términos de crecimiento económico utilizando la potencia disponible, las fuentes alternativas, entre otras cosas.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

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El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.

Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.

El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.

No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.

Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.

Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.

Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.

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El proyecto para explorar y eventualmente explotar gas en el Parque Nacional Médanos del Chaco debe desarrollarse bajo criterios de sostenibilidad y dentro del marco legal vigente, sostuvo el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano.

El viceministro Bejarano señaló a la 1000 AM que los recursos naturales del país deben ser aprovechados de manera “sostenible y sustentable”, conforme a las condiciones establecidas por la legislación.

Remarcó que cualquier actividad de explotación requiere cumplir previamente con las autorizaciones correspondientes y, en particular, contar con una licencia ambiental.

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La posición del viceministro se da en medio de la discusión sobre el proyecto que busca avanzar con la exploración de gas en una zona del Médanos del Chaco, donde ya existen antecedentes legales vinculados a la habilitación de actividades de prospección y una controversia judicial respecto a la ampliación del área involucrada.

Bejarano sostuvo que el aprovechamiento de los recursos naturales no puede desligarse de las exigencias ambientales y legales. En ese sentido, planteó que las condiciones para desarrollar este tipo de actividades deben estar claramente establecidas antes de otorgar permisos.

El viceministro también vinculó el debate con uno de los objetivos que considera centrales para el sector energético, el de fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones.

Según explicó, establecer reglas claras y previsibles permitirá que las empresas interesadas puedan evaluar proyectos y operar bajo condiciones conocidas.

Para Bejarano, la consolidación de esa seguridad jurídica constituye una herramienta para generar confianza en los inversores y permitir que Paraguay aproveche sus recursos naturales para impulsar nuevas actividades económicas, siempre dentro de los requisitos establecidos por la normativa.

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