La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recordó a los contribuyentes la vigencia del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), que grava la distribución de ganancias a socios, accionistas o propietarios de empresas, en el marco del fortalecimiento del sistema fiscal.

Según explicó la DNIT, el tributo aplica a personas físicas, jurídicas y otras entidades, tanto residentes como no residentes, que perciban dividendos, utilidades o rendimientos. La tasa es del 8 % para residentes y del 15 % para no residentes.

El impuesto fue establecido por la Ley N.° 6380/2019, como parte de la reforma de modernización tributaria, y su aplicación varía según el tipo de contribuyente. En las sociedades anónimas, la obligación surge conforme a lo resuelto en asamblea; en las sociedades de responsabilidad limitada, según sus estatutos o en el cuarto mes posterior al cierre del ejercicio; mientras que en empresas unipersonales se genera en ese mismo plazo, salvo reinversión de utilidades.

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Para garantizar el cumplimiento, la normativa establece que las Entidades Generadoras de Dividendos, Utilidades y Rendimientos (Egdur) actúen como agentes de retención. Estas incluyen empresas unipersonales bajo el régimen general, sociedades, consorcios de obras públicas y entidades extranjeras con presencia en el país.

El pago del impuesto se realiza mediante retención a través del sistema Marangatu, y las entidades deben emitir el comprobante correspondiente dentro del plazo que se extiende hasta el último día del mes en que se genera la obligación o se realiza el pago.

La DNIT también recordó que las empresas deben actualizar sus datos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) e incorporar la obligación “Retención del IDU” (código 726), además de gestionar el timbrado de comprobantes.

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A efectos de contradecir sin argu­mentos al Poder Ejecutivo, algunos medios y sectores con “analistas” claramente estatis­tas, vienen insistiendo sobre la necesidad de aumentar el déficit fiscal e incluso subir los impuestos, sin tomar en cuenta lo que ello significa. Sin el adecuado análisis acerca de las consecuencias que acarrearía tal decisión apelan a una trampa que significará la caída no solo de las finanzas publicas, sino que tam­bién afectará a la política, sumado a un golpe mortal a la economía del país.

El gobierno del presidente Santiago Peña es claro con referencia a esta situación. Es pre­ciso seguir reduciendo el déficit fiscal dada su importancia para el presente y el futuro del país. Pero, y como dijimos, existen sectores que desean pan para hoy y hambre para mañana. No les interesa mantener el equilibrio finan­ciero ni monetario Para ellos, hay que subir el déficit fiscal sin correspondencia alguna con la realidad económica y si hay que aumentar los impuestos habría que hacerlo sin titubear.

Si fuera por ellos, subirán el déficit fiscal al punto de salir de la la Ley de Responsabili­dad Fiscal para llegar a más del 3 por ciento mediante una ley especial que le daría carta blanca al Estado para elevar los topes de gastos establecidos durante el presente gobierno.

Esta es una trampa. Al respecto, estamos segu­ros que el Gobierno no pisará el palito como se dice coloquialmente. La expresión trampa tiene absoluto sentido. Ninguna persona de bien con conocimientos básicos de finanzas y economía estaría de acuerdo con elevar el déficit fiscal porque se sabe que termina en el más absoluto desquicio de las finanzas y en la inestabilidad monetaria. Más allá de lo que establece la ley respectiva, en el corto plazo no se podrán soportar los nuevos egresos, lo que supone un escenario dantesco del que ningún país desearía encontrarse y sucederá en este gobierno, situación que algunos desean ocurra.

Gastar más de lo que se recauda como pro­puesta y, peor aún, llevarla a la práctica desde el poder público es un acto antipatriótico. Es iniciar un camino hacia el infierno por el cual se podrá saber cuándo empieza pero nunca cuándo termina, como en efecto la experien­cia muestra en otros países que han padecido largas décadas soportando los alucinantes des­varíos populistas del estatismo. Habiéndose ingresado en aquel escenario, se exacerbarán los ánimos políticos. En cualquier momento podrían formarse nuevas mayorías en el Con­greso que tendrán la llave de aumentar los ingresos sin que el poder Ejecutivo pueda hacer algo, excepto vetar esas nuevas leyes, lo que supondría agotar la confianza entre ambos poderes, precisamente la ante sala de situaciones que los adversarios del Gobierno desean que suceda.

El Presupuesto de Gastos es una herra­mienta que no está disponible para su uso únicamente por el Poder Ejecutivo. El Con­greso es el que decide finalmente con su aprobación los gastos estatales y se ha visto que Ejecutivo tuvo que poner frenos a esas multimillonarias erogaciones mediante la fijación de topes presupuestarios con la revi­sión de la debida disponibilidad financiera, el monitoreo del flujo de caja y otros mecanis­mos buscando equilibrar ingresos y egresos.

Ese equilibrio que en este momento le per­mite al país su crecimiento y haber obtenido sus dos grados de inversión, ocurre porque el Ejecutivo lleva a cabo bien su tarea, acom­pañado por el Congreso, especialmente con el bloque afín al Gobierno. Pero no siempre puede darse de ese modo. Es más, hasta puede ocurrir una diferencia entre los miembros de un mismo sector, como en efecto sucedió con el tratamiento de las cajas fiscales, donde el Ejecutivo propuso un proyecto y luego fue modificado en el Senado. Los escenarios son cambiantes en la política, como sabemos ocu­rre en todas partes.

En relación al déficit fiscal y los gastos, en este momento el Ejecutivo ha dicho dos cosas que no pueden pasar desapercibidas. Lo primero es que ante el escenario en que se encuen­tran las finanzas públicas debido a la merma en la recaudación se hace imperativo reducir los gastos para cumplir con el déficit progra­mado, esto es, volver cuanto antes a no más del 2,5 por ciento del déficit con relación al producto interno bruto (PIB). Y segundo, que ante esta situación, el Gobierno no está dispuesto a elevar los impuestos aunque ello implique soportar el asedio populista de algunos sectores y “analistas” que desean se incremente el déficit para luego ver qué hacer con la economía. Insistimos, esta es una trampa. Hay que evitarla y ni siguiera consi­derarla. De ocurrir significaría ingresar a una espiral inflacionaria junto con el exponen­cial aumento del endeudamiento y más gastos que terminará por debilitar al gobierno hasta dirigirlo a su fracaso, como precisamente algunos desean y demasiado. Aumentar el déficit fiscal y los impuestos es una trampa económica y política.

Paraguay intenta posicionarse como el “Texas de Sudamérica”, dice un análisis realizado por Bloomberg. Afirman que el país posee un clima exigente, pero cada vez más atractivo para personas e inversores por sus bajos impuestos, reglas simples y costos competitivos, y lo describen cómo una economía históricamente ignorada que empieza a ganar protagonismo en la región.

“Ubicado entre gigantes como Brasil y Argentina, Paraguay fue durante años visto como un país pequeño, sin salida al mar y con escasa relevancia internacional. Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar. Hoy, con apenas 6,1 millones de habitantes, el país vive un momento distinto, marcado por una mayor atención de inversores y empresarios”, manifiesta el artículo.

Señalan que el atractivo principal está en su modelo económico: baja carga impositiva, estabilidad macroeconómica, energía barata y menor burocracia. Este combo ha convertido al país en un destino cada vez más interesante, especialmente para inversores de países vecinos que buscan mejores condiciones para operar.

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Según Bloomberg, Paraguay logró construir credibilidad en los mercados a partir de dos décadas de disciplina fiscal, inflación controlada y crecimiento sostenido cercano al 4 % anual. Estos factores permitieron alcanzar el grado de inversión y atraer capital internacional, incluyendo fondos que hoy miran al país como una alternativa dentro de la región.

El dinamismo también se refleja en la economía real, con mayor actividad, desarrollo inmobiliario y consumo. A esto se suma una estrategia del Gobierno para posicionar al país en el escenario global y atraer nuevas inversiones.

Sin embargo, el análisis también señala desafíos. La misma baja presión tributaria que atrae capital limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud y educación. Persisten además niveles de desigualdad y necesidades sociales que todavía no han sido completamente resueltas.

Así, Paraguay aparece ante el mundo como una economía que pasó de ser ignorada a convertirse en un imán para los inversionistas. El reto ahora será sostener ese atractivo y lograr que el crecimiento se traduzca en beneficios más amplios para toda la población.

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En el marco de la estrategia de “Municipio Saludable”, intendencias municipales y juntas departamentales oficializaron su respaldo a la “Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento contra el Sarampión 2026” y declararon de interés distrital y/o departamental la iniciativa.

Esta alianza estratégica entre el Ministerio de Salud Pública y los gobiernos locales busca alcanzar coberturas óptimas en la población infantil de 1 a 5 años, movilizando recursos y logística en todo el territorio nacional.

Los municipios del departamento Central se han sumado a una lista de distritos en Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Guairá, Caazapá y Ñeembucú que ya han emitido resoluciones oficiales, exhortando a centros educativos, comisiones vecinales y organizaciones civiles a colaborar activamente con las brigadas de vacunación.

La estrategia Municipio Saludable es impulsada por la Dirección General de Promoción de la Salud a fin de involucrar a las comunidades y autoridades locales en la creación de entornos que fomenten el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.

Se basa en el principio de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar físico, mental y social, y que es una construcción social en la que todos los actores de la sociedad deben participar.

El objetivo principal de esta estrategia es generar políticas públicas saludables que aborden los determinantes sociales de la salud, enfocándose en factores como el acceso a la educación, calidad del ambiente, oportunidades económicas, seguridad y participación ciudadana.

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En el departamento de Guairá se sumaron los distritos de Mauricio José Troche y Junta Departamental de Guairá. En Caazapá: Yuty y Coronel Maciel. En Itapúa: Carmen del Paraná, Obligado, La Paz, Nueva Alborada, Trinidad, Cambyretá, Capitán Miranda. Además, Jesús, Fram, Edelira, Itapuá Poty, San Pedro del Paraná, Pirapó, Carlos Antonio López, José Leandro Oviedo y Hohenau. En Paraguarí: Mbuyapey, La Colmena, Ybycuí, Alberdi, Yaguarón y Carapeguá.

En el departamento de Alto Paraná, se sumaron Yguazú, Juan León Mallorquín, Naranjal, Minga Guazú, Presidente Franco y la Junta Departamental de Alto Paraná.

En Ñeembucú: Alberdi, San Juan Bautista de Ñeembucú, Cerrito, Desmochados, Paso de Patria, Humaitá y Villa Franca.

Amambay: Bella Vista Norte, y en Central: Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Lambaré, Villa Elisa, Guarambaré, Nueva Italia, Itauguá, Ypacaraí, Areguá, Villeta, Ñemby, Itá y San Antonio.

Esta movilización no solo pretende proteger individualmente a los niños, sino reducir el riesgo epidemiológico a nivel país, sosteniendo los logros históricos de Paraguay en materia de erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas.

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